
La causa que investiga si existieron irregularidades en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner parece desinflarse. Si el viernes pasado las declaraciones como testigo del ex ministro de Producción Matías Kulfas descartaron un favorecimiento a la firma de Techint para hacerse cargo de una de las licitaciones, las palabras del ingeniero Antonio Pronsato, quien estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora desde febrero hasta mayo de este año, plantaron que a él no le pidieron favorecer a ninguna empresa. “No sólo no me consta, sino que debo decir que tanto en las especificaciones técnicas de la cañería como en las relacionadas para la obra civil, que yo ya había dejado, las mismas no se modificaron en nada”, afirmó en su declaración a la que accedió Infobae.
En las tres horas que estuvo en el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py, ante el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli, Pronsato negó haber sido objeto de tráfico de influencia o negociación incompatible por parte de algún funcionario para beneficiar a alguna empresa en la licitación. Y agregó que su renuncia se debió exclusivamente a las demoras en las tomas de decisiones requeridas, que comenzó a advertir desde mediados de abril de este año, y por la notoria falta de coordinación entre los distintos organismos intervinientes.
Aprovechó ahí para disparar sobre la gestión de Kulfas: ”si la gente del Ministerio de Producción hubiese tenido genuinas dudas o interrogantes, ¿por qué no se reunieron con nosotros, al menos cinco minutos?”. A la luz de los hechos, si el staff o el Ministro hubiese tenido dudas, yo no tengo constancia que haya recurrido a nosotros, y por más que Gérez sea el presidente, debieron haber recurrido a nosotros, ya que son temas ingenieriles: está claro que estuvimos descoordinados”.
Lo que dejó la declaración fueron muchos detalles técnicos de la obra y también un clima de la interna que se vivía en el Gobierno: explicó que apenas fue convocado se avanzó rapidamente en el proyecto Energía Argentina, la empresa que conduce el camporista Agustín Gerez, pero después de Pascuas, por razones que se desconocen, todo se volvió más lento. “Las decisiones que había que tomar de manera inmediata para continuar con el camino crítico, no se tomaban. Entonces, si yo había sido contratado como experto, y no era tomada en cuenta mi experiencia, y mis antecedentes, entonces yo entendí que no servía para la función”, añadió.

Cuando el juez le preguntó si durante su gestión algún funcionario se le acercó para traficar influencia o efectuar alguna negociación incompatible con la función pública, en nombre de alguna firma o de algún empresario, para que salga favorecido en este proceso, el testigo contestó “no. Y desde que yo soy ingeniero, y tengo a cargo licitaciones u obras, jamás se me impuso o se me impidió actuar con un contratista o un proveedor. Quiero ser claro con esto.” Al ser consultado sobre si sabía si eso sucedió con algún funcionario de su área o de IEASA, insistió: “no, en absoluto”. “Reitero que mi única discrepancia, no menor, ha sido la ralentización de la marcha del camino crítico para el avance de esta obra”, agregó.
Hizo una explicación técnica sobre los caños de 36 pulgadas: dijo que son los más eficientes y adecuados para la obra, descartó la posibilidad de usar chapa naval y se hizo cargo del rechazo a pedidos de prórroga de otros posibles oferentes de caños (por la premura de ejecutarla). Además, advirtió que en la licitación de válvulas ningún oferente cumple con los plazos de entrega exigidos.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el ex funcionario explicó que el único que estaba en condiciones de hacer la obra era Techint en las condiciones requeridas. Señaló que la firma era por lejos la única que tenía las condiciones técnicas para hacerlo. De lo contrario, señaló, había que pensar que poner varios caños más pequeños, que aumentaban el costo y el volumen de la obra. “Era la mejor opción”, subrayó.
La sorpresiva dimisión de Pronsato a la unidad ejecutora de ENARSA ocurrió días antes de que estallara el nuevo conflicto en el interior del Gobierno Nacional a partir de información off the record del Ministerio de Desarrollo Productivo que planteaba presuntas irregularidades en torno a la licitación para la construcción del gasoducto, y que derivó en la salida anticipada de Kulfas.

Fue por eso que Kulfas declaró el viernes como testigo, abriendo la ronda de testimoniales en el caso. El ex ministro sostuvo que “en ningún momento” quiso señalar “o hacer mención a actos de corrupción”. “Si hubiese tenido algún elemento que indicara la existencia de posibles actos de corrupción, los habría denunciado en sede judicial”, agregó. Afirmó que todas las discusiones que se dieron fueron “políticas” y que fueron motivadas por las críticas que le había hecho a su área la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el acto de 100 años de YPF.
Mañana, Rafecas escuchará a técnicos expertos en extracción de gas y el miércoles a técnicos especializados en el transporte de gas. Con esa información, los documentos secuestrados y los dichos de los ex funcionarios, la intención del juzgado es tener un escenario sobre los distintos detalles que rodean a la construcción del gasoducto. En tribunales quieren avanzar rápido, ya sea en la investigación de presuntas irregularidades o en el cierre del caso -de no encontrar elementos de sospechas-. Es que saben de la importancia de la obra y no quieren que esto termine demorando la construcción del gasoducto.
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