La Cámara de Casación designó a la primera trabajadora trans en el Poder Judicial

En el marco de la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, más conocida como “Diana Sacayán - Lohana Berkins”, la Cámara Federal de Casación Penal designó recientemente a Killa Benalcazar Orbe, licenciada en Psicología, en la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP). Se trata de la primera trabajadora trans nombrada en el ámbito de la Justicia federal.

La designación se realizó el 24 de mayo pasado a instancias de una propuesta formulada tres meses antes por el juez federal Gustavo Hornos para que la profesional ocupara el cargo de oficial mayor en la DCAEP. Previamente, Carolina Lospennato, en representación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, había postulado a Benalcazar Orbe para ese puesto vacante.

La DCAEP se ocupa del efectivo cumplimiento de las reglas de conducta de las personas con libertad condicional y con condena de ejecución condicional, hace el seguimiento y control de las medidas impuestas en los casos de probation.

Además, se encarga de la inspección y vigilancia de toda persona que se encuentre cumpliendo detención o pena con la modalidad de prisión domiciliaria y proporciona asistencia social para quienes egresan de la cárcel bajo libertad asistida, libertad condicional o por agotamiento de pena, generando acciones que faciliten su reinserción social, familiar y laboral.

En estos casos, el organismo trabajaba para facilitar los medios para el traslado de regreso de la persona en cuestión al domicilio y trabajo; gestionando la atención de sus necesidades en los primeros días de la vida en libertad; y procurando garantizar el acceso a la educación, salud, vivienda y trabajo.

El nombramiento de Benalcazar Orbe resulta trascendental para la comunidad LGBTIQ+ y para el Poder Judicial en su conjunto. La ley 27.636 tiene por objeto establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio nuestro país.

Sin embargo, la designación de la psicóloga “no sólo cumple con la obligación legal de la incorporación del cupo trans dentro de la estructura judicial federal, sino que además tiene una visión estratégica porque incluye una mirada interdisciplinaria interseccional en la estructura profesional en el control y asistencia de la ejecución penal”, explican desde la esfera judicial.

En el ámbito penitenciario, a partir del año 2015 se comenzaron a incluir a las personas trans en el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) como categoría género y no como sexo. Y en 2017 se comenzó a analizar de forma no binaria las tasas de encarcelamiento.

Las estadísticas de las personas trans encarceladas evidencian que se trata de una población minoritaria y por ello, más expuesta a la conculcación de derechos y a vulnerabilidades como, por ejemplo, la aplicación efectiva del derecho a ser nombrada, registrada e identificada con el nombre del género autopercibido, aún cuando en su DNI figure otro nombre: la mayoría de las personas trans llegan a la etapa de ejecución de su condena, siendo registradas y mencionadas con el nombre que las identifica según el sexo biológico.

Desde el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles -que preside el juez Hornos- se ha observado en numerosos monitoreos la situación de las mujeres trans bajo arresto. El encarcelamiento de quienes integran el colectivo presenta circunstancias adicionales relacionadas con el efectivo acceso a los servicios médicos, incluyendo los tratamientos con hormonas, las transformaciones corporales supervisadas y los servicios para personas con enfermedades de transmisión sexual, entre otras.

Así, surge la necesidad de garantizar que las mujeres trans tengan acceso adecuado a la salud integral y apropiada a sus particularidades, a la continuidad de los tratamientos hormonales y la cirugía de reasignación, cuando haya sido elegida. Ello sumado al respeto a la orientación sexual, identidad y expresión de género de las mujeres trans detenidas, garantizando la vigencia de los derechos humanos, sin discriminación.

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