Déficit récord de las obras sociales e indiferencia del Gobierno, el cóctel explosivo que puede llevar a la CGT a la protesta

El sistema de obras sociales terminará este año con un déficit financiero de 50.000 millones de pesos. Una cifra récord que es una de las causas por las cuales el sindicalismo podría avanzar con una protesta contra el Gobierno: esta semana, la mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) analizó los números en rojo del sistema sindical de salud y compartió las quejas por la indiferencia del Gobierno ante los reclamos gremiales de medidas que amortigüen la crisis.

El dato surge de las últimas estimaciones de la Secretaría de Acción Social de la CGT, a cargo de José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), e incluye otros números inquietantes: el déficit aumentó mucho más que lo previsto por la fuerte incidencia que tienen las prestaciones por discapacidad (rehabilitación, tratamientos, educación y transporte), que ya representan el 50% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución (FDS), el corazón del sistema de obras sociales, que se nutre del aporte de trabajadores y contribuciones patronales para financiar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos.

La CGT reclama una batería de medidas para revertir ese déficit. Una de ellas se vincula con las prestaciones por discapacidad, que representan desde hace años el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales: en 2017 equivalía al 22% del FDS y en sólo tres años (2019-2022) saltó del 37% al actual 50% de la recaudación del Fondo.

Esa es una de las razones por las cuales el Fondo de Redistribución está al borde del estallido. La CGT estima una proyección de ingresos en el FDS de 157.260 millones de pesos y de egresos, de 206.679 millones de pesos, lo que da un resultado operativo de 49.410 millones de pesos. El déficit proyectado para este año es de 49.410 millones de pesos.

El desagregado de egresos proyectados, manteniendo las variables de distribución de 2021, contempla los siguientes números: Subsidios automáticos, 57.632 millones de pesos; Integración (discapacidad), 78.791 millones de pesos; Reintegros Sur, 62.400 millones de pesos; gastos operativos, 4.846 millones de pesos, y otros rubros, como cautelares y PAMI, 3.000 millones de pesos.

Hace largas semanas que las conversaciones no avanzan y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, no da respuestas. La mesa chica cegetista decidió esperar un mes para que aparezcan las soluciones para las obras sociales. Si no, todo indica que la CGT saldrá a la calle para protestar por la desidia del Gobierno para resolver los severos problemas financieros del sistema.

Por eso la central obrera negoció con la ministra Vizzotti distintos aspectos de una reforma que ya habían sido conversados con Alberto Fernández. Una de las medidas consensuadas es que “las prestaciones de educación y transporte deberán ser financiadas con recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad para descomprimir la presión sobre los recursos del Fondo Solidario”, tal como consta en un documento de la central obrera que surgió de las tratativas con el equipo de Salud.

Más allá del rubro discapacidad, está previsto que se fusionen las obras sociales deficitarias, algo resistido por quienes conducen esas entidades porque quieren retener el poder que les da manejar la salud de sus afiliados. ¿Se podrá efectivizar?

Hay otra medida consensuada entre el Gobierno y la CGT que será polémica: “El descuento del 15% de quienes derivan sus aportes de obra social para las prepagas”. La decisión apunta a quienes derivan a las prepagas sus aportes legales de salud y obligará a que se les descuente más a los trabajadores que se atienden en la medicina privada en lugar de su obra social.

Otra de las propuestas analizadas entre funcionarios y sindicalistas: el financiamiento de las prestaciones del monotributo social por parte del Ministerio de Salud. Es un viejo reclamo de la CGT, que periódicamente insiste con el aumento de la cápita que pagan los monotributistas para acceder a la atención de las obras sociales, que están obligadas a darles la misma cobertura que a los trabajadores en relación de dependencia, aunque aportan mucho menos que éstos.

Otra es “la reconversión del Programa Médico Obligatorio (PMO) en una canasta de servicios de salud”. El sindicalismo exige una nueva canasta de prestaciones médicas en lugar del PMO, que establece las coberturas mínimas que se debe brindar y al que se fueron incorporando nuevas patologías y medicamentos que asfixiaron financieramente al sistema de salud.

Para resolver el problema de cómo financiar los medicamentos de alto costo, uno de los principales los dilemas financieros de las obras sociales, el paper de la ministra de Salud contempla, en sintonía con la CGT, “la creación de un Fondo Nacional de Tecnologías de muy alto precio financiado con recursos del Tesoro Nacional y con una permanencia de 36 meses de la tecnología antes de ser financiado por las obras sociales”. Y, además, “la creación de una Junta Nacional Permanente similar a las juntas médicas de las ART” para determinar si ciertos medicamentos nuevos son considerados válidos y así les brinda una base sólida a los jueces que deben dictar sentencia en amparos de pacientes que reclaman que el pago sea de las obras sociales.

La crisis de las obras sociales se agudizó con la pandemia, pero Alberto Fernández les sigue prometiendo a los sindicalistas soluciones que no llegan. Por ejemplo: el Gobierno nunca les envió a las obras sociales unos 4700 millones de pesos que faltan transferir de un total de 11.000 millones para los gastos de transporte y educación en el rubro discapacidad.

El Presidente se lo garantizó a la central obrera en dos oportunidades en 2021. Nunca se cumplió. En privado, los dirigentes de la CGT admiten que quieren movilizarse ante la desidia oficial sobre este tema tan sensible para el mundo sindical. En público, sin embargo, los gremialistas se cuidan: el apoyo a Alberto Fernández no es por sus “méritos”, sino casi como una estrategia de autodefensa porque imaginan un escenario muchísimo peor si Cristina Kirchner se queda con el control absoluto del Gobierno.

La posible marcha de la CGT en defensa de la salud de los trabajadores también tendrá una destinataria en forma solapada: los dirigentes gremiales quieren que su movilización tenga un valor de advertencia para la Vicepresidenta y La Cámpora, que promueven en el Congreso una reforma del sistema sanitario detrás de la cual, según teme el sindicalismo, se esconde la intención de apropiarse de los fondos del sistema de salud. Sus impulsores lo niegan, pero los gremialistas no les creen.

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