Los manifestantes se congregaron este domingo frente a las instalaciones del Ejército Argentino en Bariloche, en el marco del aniversario de la institución castrense, para defender las tierras estatales que la jueza federal subrogante Silvina Domínguez decidió otorgarle a una comunidad mapuche.
Ex combatientes de Malvinas, agrupaciones cívico militares, dirigentes provinciales de Juntos por el Cambio y vecinos abrazaron a la Escuela Militar de Montaña – ubicada a 9 kilómetros del centro de Bariloche- y expresaron su malestar por la decisión judicial, que aún no está firme debido a un recurso extraordinario que presentó el Ejército ante la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar ese traspaso.
Los manifestantes “abrazaron” el predio del Ejército y no ocultaron su malestar, no sólo con la magistrada que ordenó la entrega del título de propiedad comunitaria a la lof Millalonco Ranquehue, sino también con el Estado Nacional – que apeló fallidamente la decisión de la jueza- e impulsa el traspaso “de tierras públicas a comunidades mapuches, en la figura del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.
Un veterano de Malvinas llamó a dar la vida en defensa de este suelo y resaltó que “el pueblo es soberano, defiende la Bandera sin distinción política, estamos unidos, no por un partido político sino por una sola bandera que es la Argentina”.
“Basta de terrorismo, hay que poner fin a los atropellos. Hoy reclaman 180 hectáreas y se las dan, en dos meses van a reclamar derechos sobre el lago Nahuel Huapi y los jueces, van a hacer caso a esa petición” reclamaron.
Los organizadores elaboraron un escrito en el que destacaron el proyecto que presentó la gobernadora Arabela Carreras en 2014, durante su mandato como legisladora provincial, a través del cual propuso la creación de un Parque Central.
El objetivo de esa iniciativa es poner en valor ese espacio y transformarlo en un pulmón verde, como atractivo turístico y de esparcimiento. Las tierras que la jueza federal intenta cederle a la comunidad mapuche está incluidas en el proyecto de la mandataria provincial.
“Entregar tierras del Estado y que son de riqueza paisajística enorme, sin haber realizado un estudio para determinar el daño que puedan ocasionarle particulares, lejos de protegerlas corren peligros de ser transformadas en una zona urbana. Eso debe preocuparnos a todos” mencionaron en el texto al que se dio lectura durante el “abrazo”.
Dijeron también que “estamos viviendo momentos en que nuestros recursos naturales son presa fácil de tomas y ocupaciones. No hay justicia ni ley que ponga límites ni orden, como ocurre con Villa Mascardi, cerro Ventana, Cuesta del Ternero y Mirador del Azúl, en El Bolsón” haciendo referencia a distintos conflictos por asentamientos ilegales perpetrados por agrupaciones autodenominadas mapuches, las cuales aún están sin resolución.
“No nos engañemos, detrás de estos atropellos sabemos que hay intereses políticos, financieros y foráneos, estamos presenciando la destrucción del patrimonio natural y cultural de nuestra Patagonia” denunciaron.
Al menos tres comunidades mapuches – entre las que se encuentra la Millalonco Ranquehue- expresaron su rechazo al proyecto del Parque Central ya que el mismo abarca parte de los territorios que ellas ocupan. En la ocasión hicieron mención al derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrada en la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual menciona, entre otros aspectos, que “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.
El mismo argumento utilizaron comunidades mapuches neuquinas cuando el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el inicio de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. “Si no hay consulta a las comunidades de la región, no hay gasoducto”, amenazaron.
En el mismo sentido opositor, comunidades mapuches y tehuelches de Río Negro anunciaron que confluirán el próximo 10 de junio en Viedma, capital de Río Negro, para expresar su rechazo a los proyectos que el Gobierno provincial impulsa para promover la explotación minera y de hidrógeno verde en territorio que ocupan las comunidades. También, para denunciar el desconocimiento del derecho indígena por parte de los jueces y juezas del Superior Tribunal de Justicia.
El legislador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Martín, fue uno de los representantes de ese sector político que participó del abrazo a la Escuela Militar. “El gobierno decidió abandonar la soberanía y los bienes públicos, por eso estamos acá, para defenderlos, somos muchos los que queremos vivir en paz, dentro de la ley y con un gobierno que defienda el orden”.
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