La intendenta Mayra Mendoza salió al cruce este viernes de las acusaciones en su contra en la causa judicial que investiga el presunto manejo irregular de unos $535 millones que la Municipalidad de Quilmes abonaba por tareas de mantenimiento de espacios públicos a cooperativas de trabajo que tendrían vinculación directa con funcionarios y ex funcionarios comunales.
En primer lugar, Mendoza explicó que la contratación de cooperativas de trabajo para realizar tareas de limpieza, riego, puesta en valor y embellecimiento de accesos y espacios públicos es una herramienta habitual de los municipios bonaerenses y está avalada por el gobierno provincial. “La ley permite contratar en forma directa pudiendo resolver lo inmediato, y además es una forma de inclusión social y de generación de empleo: con este esquema, se generan 200 puestos de trabajo”, dijo en un video que publicó en sus redes sociales.
Por otra parte, refirió que el convenio de trabajo entre el municipio y las cooperativas viene desde 2009, previo a la actual gestión. “Cuando asumimos, en el área de Parques y Paseos, de Servicios Públicos, había sólo 23 personas para realizar esas tareas; 23 trabajadores que son insuficientes para poder mantener limpios más de 150 espacios que tenemos en Quilmes. Por eso decidí continuar con el trabajo que hacían las cooperativas en el municipio de Quilmes desde el año 2009″, sostuvo.
En la causa en cuestión, además de Mendoza, están imputados el ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Limitada; Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler.
El fiscal federal Ramiro González los acusa de los delitos de malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública: investiga si todos formaban parte de una estructura de cooperativas y empresas que se habrían beneficiado de manera irregular con contratos millonarios.
El caso se inició por la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lomé a raíz de una publicación en el medio El Disenso que aseguraba que “fondos nacionales que se le entregan al municipio de Quilmes se utilizan para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi”.
Según la denuncia, Raspa había sido Subsecretario de hábitat del referido municipio, mientras que Cangelosi -quien sería su pareja- era funcionaria de la misma intendencia. Relató que a los nombrados se les habría pagado la suma de $535.000.000, destacando además que Raspa tendría tres offshore en Miami, donde derivaría el dinero público, en las cuales Bordalejo -quien también sería funcionario municipal, socio y amigo de Raspa- figuraría como director.
Asimismo, indicó que “las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestando que tales fondos no sólo eran direccionados hacia las referidas offshore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”.
Hay tres cooperativas bajo la lupa: las dos mencionadas anteriormente y la Unión de Azul. A través de decenas de contrataciones provenientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes, y que llevan la firma de Mendoza, estas tres entidades habrían recibido fondos del municipio por aproximadamente 535 millones de pesos, entre diciembre de 2020 y febrero de 2022.
En su descargo, Mendoza aseguró que “la realización de estas tareas a través de cooperativas de trabajo es una herramienta habitual también en otros municipios” y que las contrataciones de todas las cooperativas que realizan tareas de limpieza y mantenimiento en Quilmes “se hicieron respetando los procedimientos administrativos, a través de expedientes auditables por los organismos de control. En ninguna de las cooperativas figuran funcionarios de esta gestión ni familiares. Los recursos destinados a mantenimiento de espacios públicos se usaron y se usan para eso”.
A su vez, desmintió la supuesta fuga de dinero a cuentas en el exterior: “Es falso que la plata de los contribuyentes de Quilmes fue a parar a EE.UU. Yo no tuve ni tengo una cuenta en el exterior. Todos mis bienes están en Argentina y declarados desde el año 2009″.
Por último, la jefa comunal destacó que, tras las imputación, se puso a disposición de la Justicia: “Le pedí a mi equipo legal del municipio que se presente voluntariamente a brindar toda la información al Poder Judicial, porque soy la primera interesada en que se conozca la verdad. Confío en que se haga justicia”.
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