Mejoras en villas: el Gobierno invirtió $93.800 millones, pero hay dudas por el presupuesto futuro

El Gobierno tiene comprometidos $93.800 millones para atender mejoras habitacionales y barriales de las millones de personas que viven en las zonas más empobrecidas del el país. De esos fondos, unos $23.037 millones se ejecutaron en 2021, a través del Fondo de Integracion Socio-Urbana (FISU). Como casi el total de los recursos depende del Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas, el ritmo de urbanización en las villas y asentamientos de emergencia ingresarán próximamente en un terreno de incertidumbre, ante la falta de nuevas fuentes de financiamiento.

En el Ministerio de Desarrollo Social reconoció que los recursos provenientes del impuesto a la riqueza ya “está todo implementado”. Y evitó confirmar si existirán nuevas partidas con refuerzos equivalentes. “Estamos trabajando en eso. Vamos por más recursos”, dijo optimista la secretaria de Integración Socio-Urbana de la Nación (SISU), Fernanda Miño, en una ronda con periodistas de la que participó Infobae.

“Nuestro FISU está fondeado en gran parte por el aporte extraordinario. Obviamente, pensamos estas políticas porque tenemos ese recurso, sino sería imposible. No podríamos trabajar en esta escala sin este aporte, más allá de dónde salga”, amplió la funcionaria sobre el presupuesto disponible.

Sin políticas activas desde el sector privado, la solución de la crisis habitacional de la población más empobrecida queda restringida a las medidas que se implementen desde el Estado. Según los cálculos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), son más de 5 millones de personas y unas 900 mil familias que viven en estas condiciones de vulnerabilidad.

El Gobierno estableció tres vías de financiamiento para el objetivo de integrar y urbanizar los barrios populares: los fondos del tesoro nacional, los créditos de organismos internacionales -como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- y el FISU, un fideicomiso específico que se compone del 15% del aporte a las grandes fortunas y el 9% se genera con el Impuesto PAIS, que recauda operaciones como la compra-venta de dólares ahorro.

Sin embargo, el esquema del flujo presupuestario depende en la actualidad del aporte extraordinario en un 90 por ciento, un tributo por única vez que se percibió por la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, de no existir un volumen similar de ingresos, lo que resta “es poco para el tamaño de ejecución que tenemos en el área”, consideró Miño. “Estamos pidiendo lo mismo que ya gastamos, es lo mínimo. Hay rumbos que están marcados y no hay que cambiarlos. Tenemos que seguir en la misma senda. Hay muchas cosas para ver en los barrios que estamos haciendo”, expuso.

Según el ejercicio oficial de 2021, el área de la SISU aprobó proyectos en 364 barrios populares que tuvo como beneficiarios a 317.934 personas y dieron trabajo a 16.769. El programa “Mi pieza” le dio un fuerte empuje a la gestión, con subsidios a 140.562 mujeres para que mejoren, amplien o refaccionen sus hogares en los barrios populares. “Estamos teniendo respuesta para que el programa Mi Pieza siga durante este año, porque ha provocado un impacto muy rápidamente y ha llegado al bolsillo de las mujeres. Es un programa con perspectiva de género por excelencia”, destacó Miño.

Las proyecciones de la cartera de Desarrollo Social son ambiciosas. El Plan Nacional de Integración Socio Urbana establece como meta en un plazo de 12 años la creación de 350.000 lotes con servicios públicos, como acceso a redes de agua, clocas, luz y gas. Para cumplir con esa misión, se requiere una friolera de 27.174 millones de dólares, una suma equivalente a casi la mitad de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Nosotros soñamos alto. Cuando se habló del proyecto a la ‘renta inesperada’ pensamos en lo bueno que sería. Yo rezo mucho y pienso que lo podemos hacer efectivo, con cosas concretas que funcionan en la realidad. ¿Por qué seguir hablando de que aplicar menos impuestos cuando estamos hablando solo sobre los multi millonarios?”, sostuvo la funcionaria de Desarrollo Social. “Podrían venir de cualquier lado los recursos, no tengo preferencias”, aclaró.

Si bien toda la inversión en integración socio-urbana se multiplicó 60 veces, en comparación al presupuesto 2019, en lo que refiere a tierras todavía se está lejos de la meta. De los proyectos e iniciativas en curso del programa Lote.ar, solo hay 7622 lotes con servicios aprobados y unos 67 inmuebles del estado nacional y provincial en trámite de adquisición.

Entre las políticas diseñadas, el ministerio de Desarrollo Social anunció la la compra de 50 mil terrenos en el sector privado, para su posterior loteo y construcción de infraestructura básica. La convocatoria para presentar ofertas está abierta al público hasta el 15 de junio para aquellas personas que posean terrenos de una superficie mínima de una hectárea, en zonas sin riesgos de inundabilidad, focos de contaminación o lugares protegidos. Los destinatarios de la creación de ese suelo son personas de barrios populares, para que luego puedan acceder a su compra a bajo costo. Hasta este viernes, al menos unas 10 ofertas se habían presentado al concurso.

Fernanda Miño mantuvo reuniones con representantes de cámaras empresarias del sector inmobiliario y la construcción para dar a conocer la convocatoria oficial de adquisión de de tierras. La tarea de generación de suelo urbano reviste de complejidad. La mayoría de los barrios populares se asientan sobre terrenos privados, lo que muchas veces supone conflictos judiciales y potenciales desalojos. Y en ocasiones, las soluciones disponibles no están cerca de donde los vecinos tienen su vida y habitan. Más del 80% de los barrios registrados por el Renabap se conformaron hace más de 10 años.

“Terminar de urbanizar un barrio, para nosotros, es hacerlo con el dominio de la tierra y hoy no podemos hacerlo de manera completa”, reconoció Miño. “Integrar es llevarle a un barrio los servicios básicos, esto hace una gran diferencia. Muchos no pueden dormir porque se inunda el barrio, porque no tienen agua hasta las 5 de la mañana o tienen que colgarse a un palo para usar un nebulizador. Es una tarea artesanal que se hace con las cooperativas”, concluyó.

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