El ex intendente Nicolás Ducoté irá a juicio oral por un caso de corrupción

El juez federal de Campana Adrián González Charvay elevó hoy a juicio oral y público el caso por el que fuera procesado Nicolás Ducoté, ex intendente del partido bonaerense de Pilar, elegido en 2015 por la lista de Cambiemos. La decisión del juez de Campana se produjo luego de que la Cámara Federal de San Martín, que había confirmado los procesamientos en octubre de 2021, rechazara planteos de nulidad de varios de los imputados.

En julio de 2021, el juez González Charvay había dictado el procesamiento de Ducoté y de otros ex funcionarios de la intendencia de Pilar y empresarios por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”, es decir por un caso de corrupción. La investigación judicial se abrió en 2019 por las irregularidades cometidas en tres convenios diferentes firmados en 2016 por el ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que durante la gestión de Mauricio Macri encabezó Rogelio Frigerio y la municipalidad que conducía Ducoté.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había analizado los contratos cuestionados. La PIA que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez -y especializada en casos de corrupción- presentó dictámenes con las irregularidades detectadas en los tres casos bajo sospecha. En aquella ocasión Rodríguez había señalado que: “Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”.

En la causa que estuvo a cargo del juez González Charvay y del fiscal federal Sebastián Bringas se analizaron tres acuerdos para los que se derivaron fondos nacionales a la intendencia de Pilar.

A uno de los convenios se lo llamó “Microcréditos”. El gobierno nacional mandó dinero al municipio de Pilar para asistir con fondos a vecinos de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social para que hicieran mejoras en casas precarias y además pudieran acceder a servicios básicos de infraestructura como agua potable, cloacas, gas y electricidad.

El segundo convenio fue denominado “Monterrey”. Y tenía como objeto urbanizar y mejorar el barrio pilarense de Derqui, llamado Monterrey. La propuesta era para renovar un corredor central del barrio, proveer agua corriente y cloacas, construir plazas y adecuar veredas, entre otras cosas. La obra afectaba a 141 lotes y sería financiada con fondos nacionales: se destinarían 145.733.567 pesos.

El tercer convenio fue bautizado “Peruzzotti”. Se había propuesto mejorar la infraestructura a partir de la construcción y ampliación de la red cloacal y del emplazamiento de una planta depuradora y una estación de bombeo en el barrio Peruzzotti de la localidad bonaerense de Pilar. La obra fue adjudicada a la firma Tordel S.A. Pero algo sucedió: “Nada de lo relativo a la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio de Pilar de la Provincia de Buenos Aires, fue construido pero sí certificado y cobrado por la empresa adjudicataria, quien se alzó con la suma de $14.135.30,93…”, decía el dictamen de la PIA.

Se determinó en la investigación judicial que las obras, cobradas por los contratistas privados, no fueron concluidas. Y que el dinero de los créditos se derivó a una estructura creada para administrar ese dinero. Rodríguez había concluido: “Tales maniobras se llevaron a cabo mediante cuantiosas aplicaciones de recursos y la concreción de los acuerdos necesarios para justificar con obras inexistentes o comisiones indebidas la aplicación de sumas de dinero por las cuales ni el Estado ni la sociedad se vio beneficiada”.

El 23 de junio de 2021, el ex intendente había declarado en indagatoria. Según consta en el procesamiento dictado por González Charvay, Ducoté había dicho que: “... la PIA realizó una investigación parcial omitiendo considerar las cuestiones técnicas y las normas de procedimientos administrativos de la provincia de Buenos Aires”. Y agregado que:”...su gestión como Intendente del partido del Pilar fue correcta y, en un todo, de acuerdo con la legislación vigente. Fundamentalmente, rechazó categóricamente que no se haya realizado una correcta distribución de los recursos girados por Nación y manifestó que se ejecutaron las acciones necesarias para el cumplimiento del mejoramiento habitacional de los vecinos de Pilar, objetivo del convenio suscripto”. Además explicó que: “... la lógica utilizada por el Ministerio Público Fiscal para analizar los procesos de la administración pública provincial era errada por no utilizar parámetros que se condigan con la ejecución de los procesos administrativos avalados por la normativa provincial”.

En aquel procesamiento de julio de 2021 González Charvay había explicado cómo fue la participación en la maniobra del ex intendente. ex funcionario y empresarios: “Nicolás José Ducoté, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede, actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”. Por eso tanto ex funcionarios como los empresarios que recibieron los contratos irán a juicio oral y público.

En octubre de 2021, los camaristas federales de San Martín Alberto Lugones, Marcos Morán y Néstor Barral habían señalado que Ducoté y el resto de los acusados “efectuaron sus aportes para lograr la desviación de recursos girados desde el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación a la Municipalidad de Pilar en favor de terceros y en perjuicio de la Administración Pública Nacional”. Cuando la Cámara confirmó el procesamiento se inició el camino hacia el juicio oral y público.

El juez González Charvay había dispuesto la indagatoria también de los ex funcionarios del ministerio que estuvo a cargo de Frigerio y que intervinieron en los convenios. Luego de la indagatoria les dictó falta de mérito, hecho que fue avalado por la Cámara Federal en casi todos los casos. El juez seguirá investigando si esas personas investigadas cometieron algún delito.

Después de varios planteos de nulidad que fueron rechazados por la Cámara, el juez Gonzalez Charvay cerró la instrucción del caso y decidió elevar el expediente a juicio oral y público.

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