El juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials le pidió al Senado de la Nación, que preside Cristina Kirchner, que en cinco días presente un informe sobre la designación del senador del Frente de Todos Martín Doñate como representante del Consejo de la Magistratura. Es en el amparo que inició el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez que para que ese nombramiento sea declarado nulo y asuma él.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado se declaró competente para intervenir en el caso y el sábado -habilitó días y horas hábiles para trabajar el expediente- le envió el oficio al Senado para que presente el informe que establece la ley para contestar una demanda. Después de eso quedará en condiciones de resolver el planteo de Juez
Cristina Kirchner envió la semana pasada la designación de Doñate como nuevo integrante del Consejo en representación de la segunda minoría del Senado tras la división del bloque del Frente de Todos para quedarse con ese lugar. Fue ante la entrada en vigencia del organismo que selecciona y acusa a jueces nacionales y federales con la presidencia del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Pero Juntos por el Cambio reclamaba ese lugar para sí y propuso a Juez. Ante la designación de Doñate, el senador cordobés presentó un amparo. Objetó que el nombramiento de su colega se hizo después del vencimiento del fallo de la Corte Suprema -el 15 de abril- para que entre en vigencia el nuevo Consejo.
El fiscal Fabián Canda dictaminó a favor de que en el caso intervenga el fuero contencioso administrativo federal. Con eso el juez Cayssials le pidió al Senado que en cinco días conteste la demanda del senador Juez. Eso significa que la Cámara Alta debe presentar un informe sobre el nombramiento de Doñate. El plazo vence esta semana porque el magistrado habilitó los fines de semana para trabajar el caso.
El juez basó su pedido en dos leyes. Una de la de medidas cautelares que en su artículo cuarto establece que “previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”. También en el articulo ocho de la ley de amparo que fija que si la causa es aceptada “el juez requerirá la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada” y que una vez que eso ocurra “no habiendo prueba del accionante a tramitar, se dictará sentencia fundada dentro de las 48 horas, concediendo o denegando el amparo”.
Esa no es la única causa que se inició por las designaciones en el Consejo. El jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, también presentó un amparo para objetar la designación de la legisladora radical Roxana Reyes que hizo el presidente de la Cámara, Sergio Massa.
Ese expediente está a cargo del juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick. Allí Martínez también reclama que la designación de Reyes sea declarada nula para en ese lugar sea designado en el Consejo un representante del Frente de Todos. El jefe del bloque también le envió a Rosatti una nota para que se abstenga de tomarle juramento a Reyes.
La discusión judicial sobre la designación de representantes del Congreso en el Consejo tuvo un fallo en 2015. Fue cuando se debatió la unión de bloques e interbloques para que asuma Pablo Tonelli, de Cambiemos. El Frente para la Victoria lo objetó pero perdió el caso. Un juez, también del fuero contencioso administrativo federal, dijo que el Poder Judicial no puede entrometerse en los nombramientos de los representantes del Congreso y que eso se trata del “juego de las mayorías y minorías propio del sistema republicano y democrático garantizado por la Constitución Nacional”.
La expectativa ahora está puesta en lo que hará la Corte Suprema ya que debe completar el Consejo. De sus 20 integrantes hoy hay 18 ya que restan los dos representantes del Congreso, cuyas designaciones están judicializadas.
El Consejo pasa de 13 a 20 integrantes tras un fallo de la Corte Suprema que en diciembre pasado declaró inconstitucional su composición. El máximo tribunal pidió que se dicte una nueva ley que lo regule y dio un plazo de 120 días para eso, sino regresaba a un integración anterior. Como no hubo ley, el Consejo paso a 20 miembros.
Rosatti asumió el lunes pasado al frente del Consejo y desde el oficialismo cuestionaron esa decisión. Pero después Cristina Kirchner y Massa enviaron a los representantes del Congreso, en un aval a la nueva integración.
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