Malestar en la CGT por los salarios: los sindicatos docentes reclaman al Gobierno que se compense la inflación

A 41 días de su última reunión, la Confederación General del Trabajo (CGT) debatirá este jueves sobre la situación salarial en medio de una inflación récord y de la reapertura de las paritarias, aunque hay dirigentes que ya anticiparon que hay “discriminación” por parte del Gobierno: los sindicatos cegetistas de la actividad educativa le pidieron al ministro del área, Jaime Perczyk, una reunión urgente para mejorar el aumento del 45,45% en cuatro tramos que firmaron en marzo por considerar que no alcanza para compensar el incremento del costo de vida, que, estiman consultoras privadas, llegaría al 65% anual.

Pilotea el reclamo el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, quien conduce la Unión Docentes Argentinos (UDA), acompañado por la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET). Fuentes oficiales dejaron trascender que el ministro de Educación podría convocarlos en mayo para discutir ese tema.

Para los sindicatos de la educación, el Gobierno dispuso recomposiciones en los salarios de distintas actividades e incluso está negociando una mejora para los estatales, aunque hasta ahora no dio ninguna señal que beneficie a este sector. El pedido de reunión a Perczyk fue formalizado en una nota en la que reclaman el llamado “a la mayor brevedad” a la Comisión de Seguimiento de la Evolución del Salario, que fue creada para evaluar el impacto inflacionario en los sueldos de los docentes.

El malestar de los gremios del sector educativo radica en que el acuerdo firmado el 21 de febrero dentro de la paritaria nacional docente prevé una primera cuota que se pagará en marzo (21,21%), pero el resto recién se efectivizará en junio (8,08%), agosto (8,08%) y septiembre (8,08%). Y este último mes se discutirá una revisión de las cifras pactadas.

Las dispares realidades salariales también afectan a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo congreso nacional de delegados, que delibera en Mar del Plata, podría plantear la reapertura de las paritarias a sólo un mes de que se firmó un 45% de aumento en tres tramos. El problema es que el porcentaje causó malestar en las bases metalúrgicas ya cuando fue acordado por Antonio Caló, el ex titular del sindicato, el 15 de marzo pasado, pero el clima tenso se profundizó con el paso de los días y la comprobación de que el alza inflacionaria era indetenible, como lo demostró el 6,7% registrado en marzo.

Para el Gobierno, ese tipo de casos plantean un dilema: desde el Ministerio de Trabajo se convocó formalmente a 26 sindicatos a rediscutir las paritarias, pero la UOM rubricó el acuerdo salarial hace un mes, la revisión salarial está contemplada recién para noviembre y una de las cláusulas los obliga a no realizar medidas de fuerza mientras rija el convenio anual.

Otro dilema es la sobreactuación de algunos gremios que hacen reclamos por encima de las peores previsiones inflacionarias, como sucedió con el de Camioneros, que exige un 85% de aumento mediante un bono de $20.000 en el sueldo básico, o el del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que irá a la carga en demanda de un 70% anual.

Este será uno de los temas principales que abordará el Consejo Directivo de la CGT, que se reunirá este jueves con la presencia de los dirigentes moyanistas, que no habían sido invitados a un encuentro que se hizo el 9 de marzo en la UOCRA porque la cúpula cegetista estaba en conflicto por entonces con Pablo Moyano (Camioneros), uno de los tres cotitulares de la central obrera. Los dos sectores en pugna establecieron una suerte de tregua luego de que Alberto Fernández estuvo con el hijo de Hugo Moyano en la Quinta de Olivos para bajar la tensión generada por su polémica foto con Máximo Kirchner.

La conducción cegetista, según anticiparon varios de sus dirigentes, analizará las negociaciones con el Gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA), la crisis de las obras sociales y la situación sociopolítica. Pero el punto que puede generar más rispideces es el salarial. Algunos sindicalistas quieren plantearle al Gobierno que disponga por DNU un aumento general para los trabajadores privados y estatales, una medida que será resistida por el sector empresarial y que tiene una legalidad dudosa.

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