La Cámara Federal porteña comenzará a revisar la causa en la que está procesado el ex presidente Mauricio Macri, acusado de haber espiado a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan cuando reclamaban ayuda al Gobierno para encontrar a sus seres queridos.
Bajo la lupa de Comodoro Py se pondrán en revisión las decisiones que se tomaron en el juzgado de Dolores en la megacausa que también abarca a las denominadas bases AMBA instaladas en la provincia de Buenos Aires, desde donde se sospecha que el macrismo habría realizado tareas ilegales de inteligencia.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Cámara Federal, convocaron a una audiencia el próximo 12 de abril, con vistas a que tanto querellantes como defensores presenten sus respectivas apelaciones a las resoluciones dictadas el año pasado en el juzgado federal de Dolores. Para ese día cada parte podrá presentar escritos con sus fundamentos. Si alguna de ellas quisiera exponer de forma oral, se fijará especialmente una nueva fecha para oírlos, explicaron fuentes judiciales consultadas por Infobae.
La convocatoria a la audiencia fue el primer movimiento del expediente en Comodoro Py, luego de que se rechazara una recusación promovida contra los tres jueces de la Cámara Federal. La abogada Valeria Carreras -representa a un grupo de familiares- había pedido el apartamiento de Bruglia y Bertuzzi por la forma en la que habían llegado al tribunal durante el macrismo; y de Llorens, porque se había excusado de actuar en el caso de espionaje nacido en Lomas de Zamora cuando fue convocado a ser juez momentáneo de la Corte Suprema. Ambos argumentos fueron rechazados por el juez Martín Irurzun por entender que “no hay demostraciones adicionales sobre pérdida de neutralidad -que aquí no fueron alegadas ni menos probadas-”.
Así, entonces, se pone en marcha el proceso de revisión de las decisiones tomadas en Dolores primero por el juez Alejo Ramos Padilla (hoy en La Plata) y por su subrogante, Martín Bava. El caso tiene una docena de procesados, entre los que están Macri, ex directivos de la AFI y los ex jefes del área de Contrainteligencia durante el macrismo.
La causa investiga si desde la base de la AFI en Mar del Plata se siguió y fotografió a familiares de las víctimas del ARA San Juan cuando se movilizaban para pedir por la búsqueda del submarino que había desaparecido a fines de 2017 con 44 tripulantes a bordo.
Para Bava, “las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”.
“El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, sostuvo el juez en la resolución de 171 páginas dictada el 1° de diciembre pasado.
La indagatoria del ex jefe de Estado ocurrió en medio de las elecciones legislativas y por eso Macri aseguró que su convocatoria respondía a una maniobra política. Incluso, en su apelación, su defensa planteó que al juez Bava un escritor fantasma le había escrito la resolución.
La justicia federal de Dolores perdió el control de la causa luego de tres años de investigación. A fines de 2021, una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el caso -que tiene como epicentro al falso abogado Marcelo D’Alessio- debía ser investigado por Comodoro Py. Por conexidad, ese expediente estaba unido con un hilo invisible a las investigaciones por el presunto espionaje en el AMBA, por eso ambos trámites quedaron ahora radicados en el edificio de Retiro.
La Cámara Federal porteña escuchará las apelaciones a las decisiones de Bava. También tendrá que resolver los cuestionamientos en la causa del AMBA porque la Cámara Federal de Mar del Plata tuvo el caso más de un año y no las resolvió.
Habrá que ver si el caso que tramitó en Dolores por espionaje corre la misma suerte que el que tramitó en Lomas de Zamora. Se trata del expediente por el espionaje a políticos, periodistas, gremialistas y jueces que tramitaron los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, junto al juez subrogante de Lomas de Zamora Juan Auge. Allí se habló de “una asociación de carácter permanente con distribución de funciones, jerarquías y responsabilidades, de conformidad con el denominado ‘ciclo de inteligencia’, creada con la finalidad de obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre un número indeterminado de personas por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laboral”
Sin embargo, la Cámara Federal porteña volteó esa interpretación a fin del año pasado: dijo que no había existido asociación ilícita, aunque sí tareas violatorias de la ley de inteligencia de los integrantes del grupo de chat “SuperMarioBross”. El fallo no aludió a la palabra “cuentapropismo”, pero así se interpretó en fuentes judiciales. Además plantearon directivas para reorientar la investigación.
El fallo de la Cámara Federal generó la reacción de la vicepresidenta Cristina Kirchner, una de la querellantes, que hizo pública su protesta en Twitter. Más tarde, el oficialismo de la comisión de seguimiento de organismos de inteligencia motorizó un pedido de juicio político para los jueces Llorens y Bertuzzi que dictaron ese voto (mientras que Eduardo Farah había dicho que había que confirmar el fallo de Lomas de Zamora).
Cristina Kirchner tiene dos apelaciones pendientes en esta causa: por un lado el pase del caso a Comodoro Py, un trámite que está en la Corte Suprema siendo revisado por jueces convocados especialmente a analizar la cuestión después de que los ministros del máximo tribunal se excusaran; por otro, en la Cámara Federal de Casación Penal donde la Sala IV debe resolver sobre la admisibilidad del recurso de apelación para cuestionar el fallo que descartó la asociación ilícita.
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