Cristina Caamaño fue relevada de la obligación de guardar secreto y confidencialidad y declarará en la causa por espionaje durante el macrismo

Alberto Fernández relevó a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, de la obligación de guardar secreto y confidencialidad para que este martes declare en la causa que investiga si existió espionaje político durante el Gobierno de Mauricio Macri.

El Decreto 139/2022 que regula el “Deber de confidencialidad” fue firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete Juan Manzur, y el ministro de Justicia, Martín Soria, y publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.

“Relévase a la señora Interventora de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Cristina Liliana CAAMAÑO IGLESIAS PAÍZ (D.N.I. N° 12.946.045) de la obligación de guardar secreto y confidencialidad, en los términos de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificatorias y normativa reglamentaria, exclusivamente en torno a los hechos investigados en el marco de la causa N° 14.149/2020 caratulada ‘MELO FACUNDO Y OTROS S/ AVERIGUACIÓN DE DELITOS…' que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, Secretaría N° 16″, establece la decisión del Poder Ejecutivo.

No obstante, se aclaró que “la dispensa no contempla la posibilidad de que (Caamaño) se pronuncie acerca de nombres de agentes, datos del organismo, servicios colaterales y/o cualquier otra circunstancia que, por no guardar estricta vinculación con el objeto del proceso, pudiera vulnerar la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación”.

La interventora de la AFI fue citada por el juez federal del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, Marcelo Martínez De Giorgi, a prestar declaración testimonial este martes en la causa que se investiga “la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que haya sido necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación, conforme establece la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificatorias”.

Según informaron fuentes judiciales a Agencia Télam, Caamaño hará uso de la prerrogativa de declarar por escrito y por eso se le enviará un pliego de preguntas.

Hace exactamente un mes, De Giorgi ordenó 43 medidas de prueba para reactivar la causa que investiga el espionaje ilegal a políticos, presos, periodistas y gremialistas. Además de Caamaño, el magistrado convocó al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli -una de las víctimas de espionaje-, al ex funcionario de Defensa José Luis Vila -sufrió un atentado en su casa-; a Mariano Macri, hermano del ex presidente a raíz de dichos suyo en el libro “Hermano” de Santiago O’Donnel sobre el manejo de las escuchas; y al juez que se negó a detener a los Moyano y denunció presiones de la AFI, Luis Carzoglio.

Además, De Giorgi le había pedido a la interventora de la AFI que aporte el video de la filmación en el Banco Provincia donde el entones ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, habla de conformar una Gestapo para perseguir a los gremios.

Mariano Macri, quien estaba citado a declarar ayer a las 10 de la mañana, presentó un escrito solicitando reprogramar la audiencia.

Semanas atrás cinco presidentes de cámaras federales de distintos puntos del país quedaron a cargo de actuar como jueces de la Corte Suprema para revisar en la máxima instancia dicha causa. En principio habían sido sorteados Javier M. Leal de Ibarra (de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia), Ramón Luis González (de la Cámara Federal de Corrientes), Mario Rodolfo Leal (Cámara Federal de Tucumán), Mariano Llorens (Cámara Federal porteña) y Juan Pablo Salas (Cámara Federal de San Martín).

Sin embargo, tanto Salas como Llorens se excusaron. Llorens, precisamente, fue uno de los dos magistrados que, desde la Cámara Federal, dijo que la AFI macrista no había sido una asociación ilícita y provocó la reacción de la querella de Cristina Kirchner. Y de hecho el kirchnerismo de la comisión bicameral de seguimiento a los organismos de inteligencia pidieron el juicio político en el Consejo de la Magistratura para Llorens y su colega Pablo Bertuzzi, que firmó la resolución.

Salas y Llorens fueron reemplazados por los magistrados de la lista suplente: Juan Carlos Bonzón (de la Cámara en lo Penal Económico) y Guillermo Alberto Antelo (de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal).

Por su parte, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación ya recibió las apelaciones de las distintas partes contra el fallo de la Cámara Federal. Ellos deberán evaluar si los planteos hechos por las distintas partes, entre ellos CFK, son admisibles de revisión por esa instancia. Allí no solo está la postura de los querellantes sino de los propios acusados, como los ex espías Leandro Araque y Facundo Melo diciendo que ellos cumplían órdenes.

La causa por el espionaje ilegal durante el macrismo nació en Lomas de Zamora en medio de la pandemia. Allí primero se determinó que Cristina Kirchner había sido vigilada por agentes de la AFI en su domicilio y en el Instituto Patria, luego que había existido una seguidilla de seguimientos a políticos, gremialistas, jueces y periodistas, y más tarde se amplió la acusación por el monitoreo a presos kirchneristas.

El juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, en sintonía con la fiscal Cecilia Incardona, aseguró que existió una asociación ilícita montada desde la AFI. La resolución se dictó cuando los jueces Borinsky y Carbajo ya había decidido que el caso era competencia de Comodoro Py. Bajo la lupa de los tribunales de Retiro, los jueces Llorens y Bertuzzi afirmaron a fines de diciembre que no había existido una asociación ilícita sino hechos puntuales de espionaje ilegal, y señalaron que varios de los hechos investigados tenían el respaldo de ordenes judiciales. También voltearon el capítulo de los presos k. Así las cosas, los jueces dictaron la falta de mérito de la mayoría de los implicados, aunque confirmaron los procesamientos de los integrantes del chat SuperMarioBross, los espías que compartían por WhatsApp los seguimientos que hacían.

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