El Gobierno busca un techo del 45% para las paritarias pero el sindicalismo está al borde de la rebelión y se acerca al 60%

¿Quiénes se quedarán del lado de Alberto Fernández? ¿Quiénes con Cristina Kirchner? En esta ruptura de la coalición de gobierno que se formalizó con la aprobación legislativa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la separación de bienes del Frente de Todos no incluye a los sindicalistas. Por ahora. El ajuste económico que traerá aparejado el entendimiento con el Fondo provocará realineamientos gremiales.

Nadie sabe cómo harán ultraalbertistas como Héctor Daer (Sanidad) y Antonio Caló (UOM) para contener a sus bases si sigue creciendo la inflación y los precios no pueden ser domesticados. Lo más probable es que terminen todos en la calle, aunque sea como medida de preservación personal. El Gobierno lo sabe y está dando señales de que será muy pragmático con las paritarias. El tope salarial sugerido para las negociaciones salariales de 2022 es del 45%, que es exactamente la cifra que esta semana acordó el sindicato metalúrgico con los empresarios del sector con la expectativa oficial de que sea una “paritaria testigo”. Y, además, el mismo porcentaje de aumento que se pactó para el salario mínimo (que llegará a 47.850 pesos a fin de año).

Pero ante una inflación anual que llegaría al 60%, según estimaciones, habrá sobreactuaciones y sindicatos que romperán el techo oficial sin ningún remordimiento. Ya lo hizo el Sindicato de Peajes, cuyo secretario adjunto es Facundo Moyano, un crítico del Frente de Todos, al cerrar una revisión salarial que alcanzó el 58% y que se reabrirá en junio para negociar el nuevo convenio.

Hasta ahora, en lo que va del año hubo cifras que hacen tambalear las previsiones oficiales: un 54% para los empleados de Comercio, a partir de un incremento extra del 13%; un 45,4% en cuatro tramos para los docentes, que en el caso de los docentes universitarios completó un 53% para 2021; el 52,7% para los trabajadores de la Alimentación para el período mayo 2021-abril 2022; el 52% para el personal ferroviario según la revisión de la paritaria 2021-2022, que llega al 60% con las bonificaciones; un 50% para la Federación de la Industria de la Carne, y un 54% para los estatales (por el adicional que se acordó del 14% en dos tramos).

Se vienen otras paritarias clave, aunque nadie quiere apurarse en un contexto inflacionario tan marcado y sin garantías de ningún alivio. Es que firmar ahora un acuerdo salarial es garantía de quedar atrás del aumento del costo de vida y, por consiguiente, de previsibles protestas de los afiliados. Por eso para algunos sindicatos vuelve a aparecer el anticipo salarial a cuenta, en forma de suma fija, como una variante para llenar los bolsillos de sus trabajadores y patear la paritaria hacia más adelante.

Aun así, en el sindicalismo aparecen algunas incógnitas sin resolver. Una de ellas es la suerte de la “guerra” del Presidente contra la inflación. La semana próxima, Alberto Fernández recibirá a empresarios y líderes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) para hablar sobre un acuerdo de precios y salarios.

Para la dirigencia gremial, como confiesan en la intimidad, se trata de una fórmula gastada e inconducente a la luz de la experiencia de largas décadas en la Argentina, pero para el oficialismo es una herramienta política que permitirá escenificar la preocupación por una escalada de aumentos en las góndolas que repercutirá en las urnas dentro de menos de dos años.

En la CGT también quieren ver al primer mandatario por otra preocupación acuciante: el sistema de obras sociales está al borde del colapso financiero, según le advirtieron los expertos de la central obrera a Daer y Carlos Acuña, dos de los cotitulares cegetistas. Las luces amarillas ya se prendieron la semana pasada: la Superintendencia de Servicios de Salud giró a las obras sociales sólo 2500 millones de pesos en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad, cuando debía haber transferido 4000 millones de pesos. Entre ingresos y egresos, las obras sociales funcionan con un déficit de 50.000 millones de pesos.

La CGT todavía no logró una audiencia con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para hablar de este tema, aunque está al tanto de la situación: el superintendente de Servicios de Salud, Daniel López, un hombre de Ginés González García, escucha todos los días las quejas sindicales. ¿Podrá Alberto Fernández solucionar esta crisis que trastorna a la dirigencia gremial? Hay mucho pesimismo. El Gobierno nunca les envió a las obras sociales unos 4700 millones de pesos que faltan transferir de un total de 11.000 millones para compensar los gastos de transporte y educación en el rubro discapacidad. El Presidente se lo prometió a la central obrera en dos oportunidades a lo largo del año pasado, pero el dinero todavía no llegó a sus destinatarios (ni creen que vaya a llegar).

Crece el malestar sindical. Las fuertes críticas contra el Gobierno irrumpieron en dos agitadas reuniones de la CGT que se hicieron la semana pasada, el martes y el miércoles. No sólo por la crisis de las obras sociales. También hay quejas por el estilo desconcertante del primer mandatario y por los ministros que no les atienden los teléfonos. “¿Tenemos que hacer un paro para que se nos escuche?”, se preguntó un dirigente. Otro colega planteó: “Los piqueteros protestan y les dan lo que quieren. Nosotros estamos alineados con el Gobierno, pero no protestamos y por eso no nos dan nada”.

Por eso, además de los efectos del ajuste, nadie descarta que todo el sindicalismo, tanto los hijos dilectos de Alberto Fernández como los de Cristina Kirchner, termine movilizándose, aunque sea para no sufrir en carne propia el malestar de las bases.

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