La ruptura personal entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner complica la agenda política y económica del Gobierno

Desde hace sesenta días que Alberto Fernández ya asume todas las decisiones clave del Gobierno sin consultar a Cristina Kirchner, que enojada decidió correrse por el tono y el contenido de las negociaciones que Martín Guzmán mantuvo en enero con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La vicepresidente no compartió la estrategia del Presidente y su ministro de Economía con el Fondo y decidió ejecutar un repliegue táctico a la espera de un resultado político que cree factible: el fracaso del acuerdo con el FMI y su posterior revancha palaciega.

En este contexto político, por entonces un secreto de Estado, Máximo Kirchner renunció a la Presidencia del bloque de Diputados y CFK mantuvo su silencio público respecto a las conversaciones que protagonizaba Guzmán para llegar al Staff Agreement que hoy avalará el Senado con una mayoría robusta y multipartidaria.

Con la ruptura expuesta hacia adentro del Palacio, Alberto Fernández mantuvo las formas para evitar que el quiebre se convierta en una crisis de gobernabilidad. Desde Beijing, China, el Presidente le contó a Cristina como habían sido sus reuniones con Vladimir Putin y Xi Jinping, y días más tarde le dejó un mensaje por su cumpleaños.

Pura formalidad. Frente a los llamados de Alberto Fernández, la habitual locuacidad de CFK mutó a una fría sucesión de monosílabos que al final terminó en su decisión política de obviar los mensajes que recibió desde su cuenta de WhatsApp y Telegram para saber cómo estaba después de sufrir una agresión en su despacho del Senado.

Gabriela Cerruti prepara sus conferencias de los jueves. Ajusta los detalles con Alberto Fernández y redacta personalmente la presentación que hará ante los periodistas de la Casa Rosada. Desde esta perspectiva, fue una decisión política que la portavoz confirmará -en público- que la relación personal entre el Presidente y la Vicepresidente ya no existe.

Alberto Fernández tiene una agenda marcada por la votación del acuerdo con el FMI en la Cámara Alta, los anuncios que lanzan la guerra contra la inflación en Tucumán y los desembolsos que debe hacer el Fondo para evitar el default en marzo. Y una vez que estos pasos se cumplan, el Presidente ya habrá asumido una decisión que marcará sus dos últimos años de mandato presidencial.

Esa decisión política trascendental necesitaba del reconocimiento oficial de la portavoz Cerruti. El jefe Estado reconoce en la intimidad que CFK se corrió de las decisiones claves, y sus aliados en las intendencias, el Congreso, los sindicatos, los movimientos sociales y las gobernaciones, exigían una señal de poder anunciando que la puja final había iniciado.

“El Presidente se comunicó, sin tener respuestas, con la Vicepresidenta, así como con su secretario privado”, ratificó Cerruti cuando se le preguntó en la conferencia de prensa si era cierto que CFK no había contestado los mensajes vía WhatsApp y Telegram de Alberto Fernández.

Era la señal política que esperaban los aliados del Presidente.

Alberto Fernández aguarda que la posición de Cristina y Máximo tengan una fuerte derrota en el Senado y prepara un paquete de medidas económicas que no son consultadas con la vicepresidente y el líder de la Cámpora. Ellos tienen la información de sus ministros y secretarios leales, pero están al margen de todas las decisiones políticas.

Sin embargo, CFK y Máximo manejan muchísimos espacios de poder en la administración pública, en el Congreso y en las intendencias del conurbano. Ese poder tiene suficiente fortaleza para interferir en las decisiones que asume Alberto Fernández y sus propios ministros.

La inflación golpea a los sectores más castigados y la guerra en Ucrania agrava la situación de la Argentina. El Presidente aún cavila qué hacer para evitar que la desintegración del Frente de Todos multiplique la crisis económica y social.

En la Casa Rosada se analizan dos opciones con explicación propia: razzia política o simulada convivencia pacífica.

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