Un ex funcionario de Vialidad Nacional declaró sobre las irregularidades en las obras de Lázaro Báez

Un ex funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad declaró hoy como testigo en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez y ratificó las irregularidades que plasmó en un informe en marzo de 2016.

Se trata de Alejandro Javier Mon, quien fue asesor económico de Vialidad Nacional durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, que declaró ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Mon dijo que de 1300 pagos adelantados que se hicieron para obras viales, el 88 por ciento fue para las empresas de Báez a pesar de las irregularidades que tenían las compañías.

El testigo, ingeniero civil de profesión, ingresó a trabajar a Vialidad Nacional en diciembre de 2015 cuando asumió como titular del organismo Javier Iguacel, próximo testigo en el juicio. Mon relató que fue asesor económico de Iguacel y que en diciembre de 2019, con la llegada de Alberto Fernández, le pidieron que dejara el cargo y que renunció en buenos términos.

Mon fue quien hizo el informe en marzo de 2016 que Vialidad Nacional presentó en la justicia y que dio lugar a la causa judicial en la que hoy están siendo juzgados Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López. Los acusados son 13 y se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los tres gobiernos de Néstor y Cristina Kichner.

El ex funcionario de Vialidad relató las irregularidades de las empresas de Báez que volcó en su informe: obras sin terminar y que fueron cobradas en su totalidad, compra de pliegos de licitaciones viales antes del plazo de su publicación, falta de capacidad de contratación de las obras (capacidad de construcción, de ingeniería, del personal que debe tener). También la falta de autorización de traslado de 280 equipos viales, equipos que figuraban simultáneamente en distintas obras y el cobro de adelantos financieros cuando no correspondía.

En una línea similar, a fines de febrero el contador Jaime Mecikovsky, ex subdirector de Operaciones Impositivas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Alberto Abad, declaró que las empresas de Báez utilizaron facturas falsas. “Ese dinero venía del presupuesto de la obra pública para pagar a los proveedores de Gotti, es una maniobra de lavado que se complementa por haber puesto un sujeto intermedio que imposibilitó el rastreo de los activos”, dijo y agregó que “los ingresos de Gotti que vienen de la obra pública y se van a otros destinos, llevan a pensar que hay sobreprecios”. Gotti es una de las empresas de Báez.

El proceso está en su etapa final de testigos. Para mañana está previsto que declare Martín Cergneux, también ex funcionario de Vialidad Nacional. La semana que viene será el turno de Iguacel y luego los ocho peritos de parte y oficiales que participaron de un peritaje que ordenó el Tribunal Oral Federal 2.

Infobae contó hoy que el Tribunal tiene la intención de finalizar el juicio oral antes de fin de año, por lo que tomará una serie de medidas para agilizarlos. Uno de ellas que desde abril el proceso tenga más audiencias. Hoy se hace todos los martes y lunes de por medio. El objetivo es que desde el mes que viene sea todos los martes. También sumar una audiencia más para los alegatos. “La idea es separar el veredicto de cualquier especulación política”, confió una fuente. Es porque el 2023 será un año de elecciones presidenciales.

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