Cuatro años después de su detención, el gobierno uruguayo autorizó finalmente la subasta pública de una de las mansiones del sindicalista Marcelo Balcedo, que llegó a un acuerdo con la Justicia de ese país y todavía no pudo ser extraditado para responder ante el juez federal Ernesto Kreplak.
En una resolución, firmada por el prosecretario de Presidencia de Uruguay Rodrigo Ferrés, se establece que la subasta “se realizará por intermedio de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, que organizará y ejecutará la subasta de los mismos”.
Se trata de la mansión llamada “Sounión”, en Plaza Verde, a 52 kilómetros de Punta del Este. Esa casona tiene un mirador con ascensor, para hacer honor al nombre que le había puesto el antiguo propietario, que pensaba que la vista al Atlántico y a las playas rocosas era similar a la del cabo griego que se encuentra sobre las aguas del mar Egeo.
El ex titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) vivió en esa propiedad hasta 2009, año en el que compró “El Gran Chaparral”, la chacra donde cumple con las medidas judiciales.
La Justicia de Uruguay firmó un acuerdo con Balcedo y su pareja donde ambos reconocieron la responsabilidad en los delitos y, a cambio, negociaron una rebaja en las penas y recuperar una parte del dinero incautado.
Argentina criticó ese acuerdo hace muy poco tiempo: la Cancillería le envió un escrito a la Embajada de Uruguay en el que recuerda que “si bien la extradición de ambos fue oportunamente concedida por las autoridades uruguayas, no se concretó hasta el momento el traslado de ninguno de los dos imputados”.
En esa misma carta se reclama, tal como hizo el juez la conservación, “para el posterior recupero”, de los activos vinculados a la causa ya que habrían tenido origen en actividades ilícitas llevadas a cabo en la Argentina.
En la actualidad Balcedo cumple, según el acuerdo judicial “un régimen de libertad vigilada intensiva” que implica lo siguiente: durante el primer año estará bajo “arresto domiciliario total” y en los otros dos estará obligado a “presentarse una vez por semana” en una seccional y tendrá “prohibido salir de su casa por las noches”, es decir un arresto domiciliario nocturno.
Su esposa, en cambio, cumple una pena de libertad vigilada y debe concurrir una vez por semana a una seccional durante el año que dure la pena.
La pena de Marcelo Balcedo se cumplirá en octubre de 2024 y recién en ese momento se podrá concretar su extradición, tal como solicitó el gobierno argentino. Así lo explicó la jueza uruguya Vivianna Barlocco, a cargo de la causa en la que está involucrado el sindicalista argentino. En tanto, en el caso de Fiege, la condena estará cumplida en febrero de 2023.
El Porsche fue entregado por USD 81.000, a pesar de que en marzo había llegado hasta los USD 125.000. El Camaro fue rematado por USD 55.000, unos USD 27.000 menos que en el frustrado intento pasado. En tanto, la camioneta fue subastada por USD 78.000 (había llegado a USD 133.000 en marzo).
Además de los autos de alta gama, Balcedo debió entregar USD 4.000.000 en efectivo, y avalar los decomisos del chalet “Sounión”.
En la Argentina, Balcedo todavía no pudo ser indagado. Sin embargo, la causa que derivó en su detención está a un paso del juicio oral. En esa causa ya se probó un desvío de casi $600 millones que correspondían a los aportes de los afiliados, sólo entre 2012 y 2018. La cifra representa más del 75% de los ingresos recibidos por parte de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires (DGE).
En ese juicio oral serán juzgados la madre de Balcedo, Myriam Renée Chávez; el ex número dos del sindicalista, Mauricio Yebra; y varios empleados del SOEME.
En la lista de procesados también aparece Sergio Omar Martínez, titular de la empresa El Chaqueñito SA, mediante la cual fueron comprados decenas de autos de lujo. Varios de ellos fueron hallados en “El Gran Chaparral” cuando Balcedo fue detenido.
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