Horas después de la marcha, Cristina Kirchner apuntó contra los jueces de la Corte en una apelación

La primera reacción de la vicepresidenta Cristina Kirchner apenas se enteró del fallo que a fin del año pasado puso en jaque la causa que investiga si ella y otros dirigentes fueron espiados durante el macrismo fue tuitear con ironía en redes sociales: “Llegó Papá Noel”.

Ahora, llegó la etapa técnica. Su abogado Carlos Beraldi recusó a los jueces de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens que dictaron aquella resolución y concluyeron que no existió una asociación ilícita por parte de las autoridades de la AFI macrista. Además, apeló formalmente a la Cámara Federal de Casación, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

La presentación incluyó críticas a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por no intervenir. “Al día de la fecha, el más Alto Tribunal del país carece de jueces hábiles para intervenir en este expediente”, dijo, tras sostener que los ministros del máximo tribunal se fueron excusando en este expediente. El planteo se conoce en un momento sensible, pocas horas después de la marcha del núcleo duro K en contra del máximo tribunal.

“¿Qué otra cosa más esperaban encontrar los magistrados (Bertuzzi y Llorens) para dar por probada una organización delictiva que se ha insertado dentro de las estructuras del Estado? -sostuvo la vicepresidenta-. ¿Qué otra autoridad, dentro de la AFI, podía coordinar lo que hacían estos espías, con la cobertura que simultáneamente se les daba desde el área de jurídicos? O bien: ¿Cómo hacían los espías para meterse adentro de las cárceles (federales o bonaerenses) sin que existiera una coordinación entre los máximos responsables de todas estas instituciones? Indudablemente, los únicos que parecen no tener respuestas para estas preguntas tan elementales deben ser los jueces Bertuzzi y Llorens, que dictaron un fallo descartando el delito de asociación ilícita y disponiendo la falta de mérito de los máximos responsables de los organismos investigados, el cual, sin lugar a dudas, quedará registrado como uno de los más insólitos de los que se tiene noticia en los anales de nuestra jurisprudencia”.

El escrito también alude al video que apareció en la AFI actual después del fallo de la Cámara Federal porteña, en donde se ve una reunión en el Banco Provincia hablando de una “gestapo sindical”, en un caso que salpica a la ex gobernadora y hoy diputada María Eugenia Vidal, sus funcionarios y tres altos funcionarios de la central de espías durante el macrismo. “Aún cuando tal gravísimo episodio resulte materia de investigación en el marco de un proceso judicial independiente”, dijo CFK, “lo que el video en cuestión pone al descubierto es que pensar que en nuestro caso sólo se dio la actuación de un grupo de espías que actuaban como cuentapropistas no es más ni menos que una tomadura de pelo para todos los argentinos”.

La vicepresidenta puso en foco a dos de los jueces que tendrán que revisar ahora el procesamiento de Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, tal como detalló ayer Infobae. Si bien se tratan de causas de espionaje distintas (una nació en Lomas de Zamora, la otra en Dolores), las dos apuntan a la conducción de la AFI macrista y el presunto espionaje político. En la causa que nació en Dolores, CFK no es parte.

En su causa puntual, en su rol de víctima querellante, Cristina Kirchner también pidió que la revisión del fallo que volteó la asociación ilícita no la hagan los jueces de la Sala IV, que decidieron el pase del caso de la justicia de Lomas de Zamora a los tribunales de Retiro, sino los miembros de la Sala I, que son los mismos que ya intervienen en todas las causas de CFK: dólar futuro, Memorándum con Irán, el caso unificado Hotesur-Los Sauces y la megacausa cuadernos. De antemano, Beraldi anticipó que si finalmente el caso se queda en Sala IV, donde se radicó, a su criterio también deben apartarse los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

Todo se enmarca en la causa por el espionaje ilegal durante el macrismo que nació en Lomas de Zamora en medio de la pandemia. Allí primero se determinó que Cristina Kirchner había sido vigilada por agentes de la AFI en su domicilio y en el Instituto Patria, luego que había existido una seguidilla de seguimientos a políticos, gremialistas, jueces y periodistas, y más tarde se amplió la acusación por el monitoreo a presos kirchneristas.

El juez Juan Pablo Augé, en sintonía con la fiscal Cecilia Incardona, aseguró que existió una asociación ilícita montada desde la AFI. La resolución se dictó cuando los jueces Borinsky y Carbajo ya había decidido que el caso era competencia de Comodoro Py. Bajo la lupa de los tribunales de Retiro, los jueces Llorens y Bertuzzi afirmaron a fines de diciembre que no había existido una asociación ilícita sino hechos puntuales de espionaje ilegal, y señalaron que varios de los hechos investigados tenían el respaldo de ordenes judiciales. También voltearon el capítulo de los presos k. Así las cosas, los jueces dictaron la falta de mérito de la mayoría de los implicados, aunque confirmaron los procesamientos de los integrantes del chat SuperMarioBross, los espías que compartían por WhatsApp los seguimientos que hacían.

Esa es la resolución que ahora viene a apelarse. En presentaciones a las que accedió Infobae, la vicepresidenta en su rol de querellante reclamó el apartarmiento de Llorens y Bertuzzi por entender que actuaron con “arbitrariedad” y que hay temor de parcialidad en su actuación. El fallo también había sido firmado, en disidencia, por el juez Eduardo Farah, quien se pronunció por confirmar los procesamientos de los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y que no fue recusado.

“Sin desconocer que las recusaciones deducidas por varias partes en contra de ambos magistrados fueron rechazadas con anterioridad al 21 de diciembre, -también de manera arbitraria-, me encuentro en la obligación de replantear la solicitud de apartamiento de los jueces, en función de los nuevos hechos acaecidos. Concretamente, a las severas sospechas de falta de imparcialidad e independencia existentes, ampliamente desarrolladas en el recurso de casación deducido en el día de la fecha, se le suma ahora un pronunciamiento írrito, cuyo contenido, para peor, ya había sido previamente anticipado por distintos medios de comunicación”, dijo la vicepresidenta.

Para CFK, “los jueces Bertuzzi y Llorens construyeron una teoría del caso alternativa que, paradójicamente, no solo infringe las mismas reglas lógicas de valoración de la prueba que fueron citadas por estos magistrados sino, lo que es más grave, repugna el sentido común que tiene cualquier persona frente a una maniobra de las características que aquí se analizan”.

“Si los agentes de la AFI llevaron a cabo tareas en infracción a la ley de inteligencia -hecho que se tiene por probado- respecto de un conjunto de personas que llevan a cabo actividades políticas, sindicales, religiosas y empresariales -hecho de público y notorio- este entramado de operaciones criminales prueba por sí solo, al menos con el nivel de certeza que se requiere para el dictado de un procesamiento, la existencia de una matriz que define a una verdadera asociación ilícita”, resaltó.

Y agregó: “¿en qué cabeza puede caber la idea de que esta reunión de información ilegal no guarda vinculación con la situación institucional, política, social, económica, de los partidos políticos o los medios de comunicación, cuando los damnificados de las maniobras de espionaje son nada más ni nada menos que todas las personas individualizadas previamente?”. También cuestionó que se haya volteado el espionaje en las cárceles. “¿Cómo es posible que los agentes de la AFI operaran en los establecimientos penitenciarios sin que existiera previamente un acuerdo entre sus máximas autoridades para que tales tareas pudieran llevarse a cabo?”, dijo.

Según la vicepresidenta, la resolución de Cámara “manifiestamente arbitrario, por sus implicancias, no hace más que ratificar que en el caso se encuentra severamente vulnerada la garantía del juez natural, lo cual impone que los Dres. Bertuzzi y Llorens sean apartados de la causa. En particular, resulta indispensable que la admisibilidad formal del recurso interpuesto en el día de la fecha, en el cual se planteó un supuesto de enorme gravedad institucional, sea resuelta por magistrados cuya independencia e imparcialidad se encuentren fuera de toda sospecha, por lo cual, repito, no es posible que los magistrados cuestionados sigan interviniendo en la causa”.

Cristina Kircher sostuvo que Bertuzzi y Llorens no deben seguir interviniendo en la causa (” contarían con un control de admisibilidad de tanta amplitud que obturaría toda posibilidad de acudir ante las instancias superiores en orden a la doctrina de la arbitrariedad”) y “no pueden evaluar, por sí mismos, la existencia o no de graves vicios de motivación que afectan la validez de sus decisiones, convirtiéndose en ‘jueces de su propia causa’”. Puntualmente, a Bertuzzi le apuntó por su traslado a la Cámara Federal durante el macrismo y a Llorens por ser primo de un ex funcionario del Ministerio de Planificación que estuvo detenido en la causa de los cuadernos y por haber visitado al ex presidente Macri en la Quinta de Olivos, según los registros oficiales.

Pero el segundo recurso presentado por el abogado Beraldi fue la apelación directa a la decisión firmada por Bertuzzi y Llorens. Y allí planteo que el caso debía ser analizado por los integrantes de la Sala I Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, que concentran la mayoría de sus causas como acusada. Es que, según resaltó Beraldi, esa sala había tenido una intervención inicial y era la que correspondía resolver en la causa. Tal como informó Infobae en su momento, hubo una discusión sobre el tema en Casación y el caso se lo quedó Sala IV, hoy integrada por Borinsky, Carbajo y Gustavo Hornos.

“En función de la naturaleza de los delitos investigados en autos y dada la tramitación absolutamente irregular que en los últimos meses se le ha acordado a este proceso, el caso sub litis reviste una enorme gravedad institucional”, afirmó Beraldi en el escrito al que accedió Infobae. “Basta con señalar que en este expediente se investiga nada más ni nada menos que una organización delictiva con inserción en el Estado nacional, provincial y municipal, integrada por funcionarios públicos de alta jerarquía, agentes de distintas fuerzas de seguridad y miembros de organismos de inteligencia, quienes se valieron de los recursos oficiales a su disposición para montar un enorme aparato de inteligencia ilegal que afectó y puso en peligro el normal funcionamiento de las instituciones democráticas de nuestro país. En cuanto a la segunda cuestión (tramitación irregular acordada al proceso en los últimos meses), cabe destacar que se ha consolidado en el caso una situación inconcebible de privación de justicia”.

A los cuestionamientos por la intervención de la Sala IV de Casación y los jueces Bertuzzi y Llorens, CFK también disparó contra la Corte Suprema. “La conducta adoptada por los Sres. Ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dres. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, quienes pese a encontrarse debidamente anoticiados de las irregularidades que se cometían en este expediente y no obstante la gravedad de la -6- situación planteada, no solo omitieron dar una respuesta jurisdiccional a los recursos deducidos (algunos de ellos, hace más de ocho meses), sino además, recientemente, han decidido apartarse de la causa, sin brindar una explicación suficiente que justifique tal temperamento. De esta manera, al día de la fecha, el más Alto Tribunal del país carece de jueces hábiles para intervenir en este expediente”, dijo.

Para cerrar la presentación, la vicepresidenta sostuvo: “ya es hora de que los miembros del Poder Judicial de la Nación, que en su enorme mayoría no se encuentran contaminados, le devuelvan a esta investigación el trámite que corresponde y, como aquí lo solicito, se anule la resolución que ha sido recurrida y se devuelva la causa al fuero penal federal de Lomas de Zamora, competente en el caso, para que allí se continúe en forma imparcial y objetiva con el desarrollo de la pesquisa, hasta sus últimas instancias. Repito, ello no solo por el interés de las partes constituidas en el presente proceso o por la conveniencia de algún sector político, sino antes bien para que en la Argentina se mantenga o restablezca, de manera irrestricta, la vigencia del Estado de Derecho, cuya recuperación, tanto sacrificio nos costara”.

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