Carlos Zannini declaró en el juicio por la obra pública: “Tengo el peor de los conceptos de esta causa”

El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, declaró hoy como testigo en el juicio oral por la obra pública en la que está acusada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner: “Quiero expresarle que tengo el peor de los conceptos del requerimiento y de la cusa. Se trata de una acción desde la política que trata de instrumentar al poder judicial”, sostuvo el ex secretario de Legal y Técnica durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina.

“Ha sido para mi de un ejemplo de la tentativa de utilizar el cronograma de audiencias y de la causa en sí como un instrumento electoral. De instalar la idea de que el peronismo hace pero roba. Se empezó por la judicialización de la política y hoy se quiere terminar con la criminalización de la política y en particular de la obra publica”, dijo Zannini cuando el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, le preguntó -como se hace con todos los testigos- si tenía algún interés particular en el resultado del juicio.

La crítica de Zannini al expediente coincide con parte de las consignas de la marcha que sectores ligados al kirchnerismo, organizaciones de derechos humanos, del trabajo y sociales harán esta tarde en la Plaza Lavalle frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación.

La causa de la obra pública se inició en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri con una denuncia de la Dirección Nacional de Vialidad, entonces a cargo de Javier Iguacel, y el juicio comenzó en mayo de 2019, año de las elecciones presidenciales en las que ganó la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

El funcionario -quien estuvo preso desde diciembre de 2017 a marzo de 2018 en la causa por la firma del memorándum con Irán- también dijo que entre los acusados en el juicio hay “muchos compañeros de la política y compañeros de gabinete” a los que se quiere vincular con hechos de corrupción y concluyó: “Un hecho de corrupción más grande es criminalizar la política”.

Con la declaración de Zannini se reanudó el juicio oral tras la feria judicial de enero. El funcionario fue convocado al proceso a pedido de la defensa de la vicepresidenta, a cargo de Alberto Beraldi, que comenzó con las preguntas al funcionario.

En el juicio se juzgan las presuntas irregularidades en 52 obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La acusación habla de sobreprecios, obras sin terminar y asignaciones cuando las compañías no tenían antecedentes para hacerlas. Las defensas rechazan esa hipótesis y cuestionan el peritaje que derivó en esa conclusiones. Junto con la vicepresidenta están acusadas otras 12 personas, entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz.

Cerca de las 14:15 Zannini llegó a los tribunales de Comodoro Py. Espero hasta el inicio del juicio en la puerta de la sala de audiencia. Infobae quiso entrevistarlo pero gentilmente el funcionario dijo que no. El proceso, por la pandemia del coronavirus, es mixto: los jueces, los funcionarios del tribunal y los testigos desde la sala de audiencia y el resto de las partes -la Fiscalía, los abogados y los acusados- por videoconferencia.

El ex secretario de Legal y Técnica fue consultado sobre cuál era su rol, la normativa que se aplicaba, cómo se elabora el presupuesto nacional y qué organismos intervienen en su ejecución. Beraldi le preguntó si consideraba que la obra pública vial que había recibido Santa Cruz era desproporcionada en comparación a otras provincias.

“Ni desproporcionada ni era solo para la provincia de Santa Cruz. Santa Cruz tenia un fuerte retraso en infraestructura y fue ayudada por el gobierno para ingresar al mundo moderno. A Santa Cruz la llamábamos la periferia de la patria porque antes de la llegaba de Néstor Kirchner al gobierno nacional sentíamos que era una provincia abandonada”, sostuvo Zannini que calificó de “revolucionaria” la política de obra pública de Néstor Kirchner cuando fue gobernador.

También dijo que desconocía que haya existido un “direccionamiento” de las obras -que es una de las acusaciones del juicio- y señaló que “es muy difícil que se digite a alguien en una obra de cualquier tipo”. En otro tramo, Zannini respondió que las ampliaciones de presupuesto para obra pública -otro de los puntos en discusión- no eran responsabilidad del Presidente de la Nación, sino que se hacía por ley o decreto o directamente por decisión de la Jefatura de Gabinete.

Ese punto también fue marcado por Cristina Kirchner cuando declaró en el juicio: “Van a tener que citar al Presidente de la República que fue jefe de gabinete de 2003 a 2008. Será interesante escuchar lo que tiene para decirles”.

La declaración de Zannini duró dos horas y luego comenzaron a declarar quienes fueron los ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. El primero fue Juan Manuel Abal Medina, quien lo hizo después de Zannini. En la misma línea, Abal Medina habló sobre la elaboración del presupuesto y que en su rol de jefe de Gabinete -cargo que ocupó de 2011 a 2013- amplió partidas de presupuesto, lo que se podía hacer por decreto.

“Obviamente que no”, respondió el ex funcionario cuando la defensa de Báez, a cargo del abogado Juan Villanueva, le preguntó que si las resignaciones de presupuesto eran solo para las obras de la provincia de Santa Cruz.

Con las testimoniales de Zannini y Abal Medina comenzó la etapa conocida en el juicio como la de “los jefes de Gabinete”. Es que todos los que tuvieron ese rol durante el gobierno de Cristina Kirchner fueron citados a declarar a pedido de la defensa de la vicepresidenta. Ellos son, además de Abal Medina, el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.

Alberto Fernández y Massa debían declarar la semana que viene pero ambos pidieron hoy la postergación y que se fije una nueva fecha. Por su parte, Capitanich, gobernador de Chaco, declarará el próximo lunes y Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, lo hará el martes.

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