Diez ex jefes de estado le pidieron al FMI condiciones más flexibles para acordar con la Argentina

Diez ex jefes de estado, en su mayoría latinoamericanos, firmaron una carta pública en la que solicitan al Fondo Monetario Internacional que “asuma la responsabilidad” por haber otorgado en 2018 “el crédito récord” de 45 mil millones de dólares al gobierno argentino encabezado por Mauricio Macri “con el fin de beneficiarlo electoralmente” y reclamaron “la eliminación inmediata de los sobrecargos del préstamo”.

Los firmantes propusieron que el FMI otorgue a la Argentina plazos que permitan “un crecimiento económico sin ajustes brutales ni restricciones fiscales” que sometan al empobrecimiento a su pueblo.

El texto lleva las firmas del ex presidente brasileño Lula da Silva, del ex jefe del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero y los ex mandatarios Fernando Lugo (Paraguay), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia), Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Manuel Zelaya (Honduras), José Mujica (Uruguay) y Leonel Fernández (República Dominicana).

El pronunciamiento lleva como título “el FMI debe asumir su responsabilidad” y cita un fragmento de la carta que el papa Francisco envió en abril de 2021 al FMI y al Banco Mundial por las reuniones de primavera (del Hemisferio Norte) de esos organismos, en la que el pontífice exhortó a respaldar el funcionamiento de los mercados con “leyes y regulaciones que contribuyan al bien común, garantizando que las finanzas, en lugar de ser meramente especulativas, funcionen para los objetivos sociales que tanto se necesitan durante la actual emergencia sanitaria mundial”.

Sobre las consecuencias de un eventual acuerdo, la carta plantea que las condiciones para una reprogramación de los vencimientos de deuda de la Argentina no deben “someter al pueblo argentino a condiciones de empobrecimiento”.

El texto también fue suscripto por otros dirigentes de la región como Celso Amorim (Brasil); la senadora Lucía Topolansky (Uruguay); el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el coordinador del Grupo Puebla, Marco Enríquez Ominami (Chile); el actual embajador de Bolivia en la ONU, Diego Pary; y los ex cancilleres Ricardo Patiño (Ecuador) y Jorge Lara Castro (Paraguay), entre otros.

El reclamo al organismo que encabeza Kristalina Georgieva reunió las firmas de personalidades de América Latina a partir de una iniciativa del Grupo Hermandad, por el cual varias figuras de la política latinoamericana planifican acciones conjuntas, coordinado por el vicepresidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Oscar Laborde; el titular de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Eduardo Valdés (Frente de Todos-CABA); y el ex presidente Lugo, de Paraguay.

La carta pública, además, alude al panorama político de Sudamérica, que en los últimos meses se caracterizó por las victorias sucesivas de candidatos de centroizquierda, como las de Pedro Castillo en Perú (ganador del balotaje del 9 de junio y presidente en funciones); Xiomara Castro, quien se impuso en Honduras por amplio margen el 28 de noviembre y asume mañana; y la más reciente de Gabriel Boric en Chile, ganador en la segunda vuelta del 19 de diciembre último frente al postulante de la derecha José Antonio Kast.

“En un escenario político latinoamericano propicio para los proyectos del campo popular y en defensa de la Patria Grande, promover una política económica más humanista es bregar por un modelo de vida más distributivo e inclusivo, que piense y actúe pensando en los hombres y mujeres comunes; y cuestionar la concentración de la mitad de la riqueza mundial por una pequeña minoría de la población”, señala el documento en su tercer párrafo.

El reclamo de Lula, Zapatero y los demás ex presidentes de la región se difundió a solo dos días de un nuevo vencimiento de la deuda con el Fondo, en este caso por 731 millones de dólares en concepto de amortización de capital, que la Argentina debería afrontar con las reservas si se opta por pagar, mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, insistió en una reciente entrevista al periódico francés Le Figaro que el país “necesita más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo” que le permita “continuar su recuperación sin la carga de una deuda insostenible”.

El otorgamiento a la Argentina de un acuerdo stand by por una cifra récord en 2018, durante la gestión de Cambiemos, disparó a su vez el debate entre juristas especializados en Derecho Internacional Público, como la brasileña Karina Patricio Ferreira Lima, de la Universidad de Leeds, coautora de un paper de 38 páginas junto al economista británico Chris Marsh, exfuncionario del propio FMI y economista egresado de Cambridge, quienes sostienen que el crédito dado al gobierno de Mauricio Macri debe ser declarado “nulo” por incumplir con las normas fundamentales del organismo.

“Dado que Argentina no tiene los recursos para repagar el programa, debería haber un período que le permita al país recuperarse. Esto significa en la práctica establecer un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los intereses y cargos hasta la fecha”, propusieron los dos académicos en ese estudio, que tuvo difusión en las últimas semanas.

En paralelo, en los Tribunales argentinos se tramita una causa a partir de la denuncia realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, en tanto órgano que defiende los intereses del Estado en los litigios judiciales, en el que se investiga la adjudicación a la Argentina del préstamo de 55 mil millones de dólares (de los que se recibieron alrededor de 45 mil millones) por parte del FMI como un hecho de administración fraudulenta: el expediente está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La carta pública de hoy se sumó a otras intervenciones en respaldo al país frente a la encrucijada de la deuda, como la que hace veinte días realizaron los cancilleres de la Celac al concluir su reunión en Buenos Aires, donde incluyeron en el comunicado oficial un párrafo en el que dejaron constancia de su apoyo “a la Argentina en las negociaciones con el FMI para alcanzar un acuerdo que le permita continuar su recuperación económica, mejorar su situación social y refinanciar su deuda”.

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