Un sindicato con peso en la CGT creó un área de inteligencia artificial para automatizar tareas rutinarias

En un contexto donde las iniciativas en torno a la inteligencia artificial (IA) se llevan a cabo principalmente en el sector privado, un influyente sindicato de la CGT dio el paso adelante para incursionar en ese terreno. El titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, apoyó la creación del “Departamento de Inteligencia Artificial en la Justicia”, una estructura que funcionará al interior de la organización gremial.

“Resulta un hito sin precedentes que sean los propios trabajadores quienes impulsan la utilización de la protagonista de la Cuarta Revolución Industrial en la justicia”, se indicó en un comunicado oficial sobre la medida.

La dirección estará a cargo de una mujer: Cecilia Celeste Danesi, profesora de Inteligencia Artificial y Derecho (UBA) y referente internacional en materia de IA, Género y Derecho. La especialista trabajará bajo la órbita de la Secretaría de Tecnología y Gestión Informática de la UEJN, a cargo de Fernando Cordero.

“La IA tiene el enorme poder de procesar grandes cantidades de datos en cuestión de segundos y, además, lo hace con una eficiencia mucho mayor que las personas. Debemos aprovecharnos de esa “aptitud” para delegarle las tareas más rutinarias y que nos libere tiempo para dedicarnos a las causas más sensibles, donde la empatía, la creatividad y el conocimiento humano resultan insustituibles. No se trata de reemplazo, sino de asistencia siempre bajo la supervisión última de las personas”, sostuvo Danesi.

La dirección gremial pondrá foco en la incorporación de la IA en la Justicia, en la mejora en la prestación del servicio y en el bienestar de los empleados y las empleadas judiciales. La expectativa es que no solo sea un “semillero” para la creación de sistemas automatizados, sino también “operará como enlace con los diversos actores involucrados en la temática dentro y fuera del Poder Judicial”.

Además, tendrá como objetivo la capacitación, con programas de formación en IA y Derecho para agentes internos y externos del PJN. La expectativa es que comiencen durante el 2022.

Desde la perspectiva del sindicato judicial, los desarrollos de IA “deben provenir de las raíces de las organizaciones, en vez de sistemas importados que muchas veces reportan a intereses ajenos a las propias instituciones”. “Esto cobra aún más relevancia en el campo del Poder Judicial, el cual se aboca a la prestación del servicio de justicia. El proceso de incorporación de tecnología, en especial de la IA, debe contar con la participación de los empleados y las empleadas”, señalaron los impulsores.

Como primera tarea, la UEJN se encuentra abocada a realizar un diagnóstico sobre las necesidades propias de la justicia y “cuáles podrían ser los actos automatizables”. Evaluaron que se puede incorporar tecnología en aspectos vinculados al “proceso sucesorio”, mientras que el próximo paso podrían ser los “procesos previsionales”.

“Los jubilados y las jubiladas son la gran deuda que tiene la justicia”, sostuvieron desde el gremio.

Según la UEJN, el campo de la Justicia atraviesa un panorama “desolador” en materia de IA, ya que no existe regulación ni manuales de mejores prácticas o protocolos que aborden el impacto y la utilización de este tipo de tecnologías en la administración del servicio judicial.

Julio Piumato, en tanto secretario de Derechos Humanos de la CGT, está interesado en la problemática. Es que expertos y organizaciones internacionales suelen advertir sobre esta variable tecnológica, en la que los sesgos algorítmicos, las técnicas de reconocimiento facial, los sistemas de IA en salud y su uso en las redes sociales pueden presentar un “gran peligro para la libertad de expresión, de asociación, de opinión, la privacidad y la no discriminación”.

La Red Mundial de Integridad Judicial recupera esta preocupación. Señala que, al incorporarse nuevas tecnologías en el ámbito de la Justicia, “los jueces deben asegurarse de que respetan los Principios de Bangalore”. “Los poderes judiciales deben ser conscientes de los posibles desafíos a los principios éticos, como la transparencia, la rendición de cuentas y la imparcialidad, a la hora de desarrollar nuevos proyectos”, postula la entidad.

En esa línea, el sindicato judicial también recupera el llamado de atención de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, quien publicó un informe de la UNESCO sobre el Derecho a la privacidad en la era digital, así como otros antecedentes académicos auspiciados por la Unión Europea, entre ellos, el White Paper, o las Directrices éticas para una IA fiable.

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