Los bloqueos sindicales, en jaque: las siete causas judiciales que complican a los responsables de las protestas extorsivas

“Ninguna norma autoriza la coacción”, afirma el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que la semana pasada confirmó el procesamiento de cinco representantes del Sindicato de Camioneros por el bloqueo realizado el año pasado al depósito de Villa Soldati de la empresa Andar Transportadora. La sentencia fue contundente y probablemente no sea la única en el mismo sentido: hay siete causas que se tramitan actualmente en la Justicia y que podrían terminar con condenas contra los dirigentes y activistas que practican modalidades extorsivas de protesta en la Argentina.

Ante el auge de estas medidas de fuerza, que no sólo llevan el sello del gremio de Hugo y Pablo Moyano, en mayo pasado se creó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que dirige Verónica Razzini, dueña de una empresa en Rosario que el año pasado estuvo bloqueada durante 90 días por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe y que logró que la Justicia detuviera e imputara a los activistas que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos.

En julio pasado, el MEAB tenía registrados unos 50 bloqueos en todo el país, recibía un promedio de ocho denuncias por semana y hasta ese momento hubo seis empresas que tuvieron que cerrar por culpa de estas protestas que les impedían trabajar.

Los últimos números de la entidad que dirige Razzini muestran que bajaron muchísimo los bloqueos en todo el país: desde agosto hasta hoy, se presentaron en el MEAB entre 10 y 15 denuncias de empresas por mes, en donde la mayoría son conflictos en donde no se termina concretando la protesta. De las denuncias recibidas, se efectivizaron entre 3 y 5 por mes. “Nosotros estimamos que recibimos menos de la mitad de denuncias de las que realmente se efectúan”, sostuvo la empresaria a Infobae.

“La denuncia penal es la llave que hace pensar a los sindicalistas antes de realizar un bloqueo. Ellos tienen un método. Nosotros también”, dijo la presidenta del MEAB.

Si bien existen muchos aprietes sindicales que no terminan en bloqueos prolongados porque los empresarios ceden ante la extorsión, e incluso hay muchos casos que se producen y no quedan registrados, está dando resultados positivos el cambio en la actitud de quienes sufren estas protestas: “A diferencia de lo que sucedía al principio, los empresarios se preparan para enfrentar los bloqueos y dar la batalla”, sostuvo Razzini. El otro elemento clave que hizo decrecer la cantidad de bloqueos es que hay jueces que comienzan a dictar fallos en contra de esta modalidad y se animan a condenar a sus responsables.

Por eso fue tan importante la sentencia que dictó en noviembre el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, Fernando Caunedo, y que fue ratificada la semana pasada por la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que integran Ignacio Rodríguez Varela y Julio Lucini, vinculada con el bloqueo a Andar Transportadora, una pyme familiar con seis camiones y 12 empleados, cuyo depósito en Villa Soldati fue bloqueado en julio de 2020 por unas diez personas identificadas con el Sindicato de Camioneros que exigían el pago de una supuesta deuda con la organización gremial.

En su fallo, los camaristas consideraron que “no se advierte que norma alguna de la Argentina autorice las conductas coactivas que son objeto de análisis” y destacaron que, aun cuando hubiera existido una deuda, “ningún derecho puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni mucho menos ampara las demandas violentas realizadas al margen del monopolio estatal de la fuerza pública y el imperio de las decisiones judiciales”.

Castell, con el patrocinio de la abogada Florencia Arietto, presentó una denuncia judicial contra Hugo Moyano, Omar Pérez, Omar Dutrá y 15 activistas por extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y privación ilegítima de la libertad. y el juez Caunedo procesó a Pérez (uno de los dirigentes de confianza del líder camionero), Omar Dutrá (secretario de Logística del sindicato) y tres protagonistas del bloqueo, Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.

Florencia Arietto, representante legal de Andar Transportadora, dijo que se trata de un fallo histórico porque “no existen antecedentes de un procesamiento por coacción a altos directivos de un sindicato por bloquear una empresa” y que lo novedoso es que sostiene que “aun cuando exista una deuda de la empresa, el bloqueo no es un método legal para cobrarla”.

En diálogo con Infobae, la abogada, que también es dirigente del PRO alineada con Patricia Bullrich, brindó detalles de las ocho causas judiciales que ella patrocina y que podrían terminar en condenas contra los responsables de los bloqueos:

* Distribuidora Rey: esta empresa familiar de San Pedro, distribuidora de productos alimenticios, empezó a sufrir en febrero pasado la extorsión del Sindicato de Camioneros de la zona para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio. “Nosotros venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir, comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, explicó Gustavo Rey, uno de los dueños. En esos días, su papá, Ricardo, apareció en todos los medios a través de un video en el que llora y se queja por el conflicto. Se hizo una denuncia penal y los empresarios se contactaron con Arietto. “Estamos en la etapa en la que se allanó la seccional del gremio en San Nicolás porque lo que se llevaron los extorsionadores cuando pidieron coimas fueron 800 mil pesos en dos cheques y en efectivo -destacó la abogada-. Los cheques que se cobraron estaban firmados por dos dirigentes de Camioneros. Ahora el juzgado está haciendo las pericias caligráficas y creemos que antes de fin de año los podrían indagar”.

* Ferrere e Hijos: se trata de una empresa de transporte que trabaja con petroleras en Vaca Muerta, en Neuquén, que sufrió la extorsión del Sindicato de Camioneros: le exigían dinero y, como se negaron, amenazaron a dadoras de carga con bloquearlas si seguían utilizando sus servicios. El conflicto hizo que Ferrere bajara al 20% su actividad normal y peligraran las fuentes de trabajo. La estrategia legal consistió en forzar una negociación en la Subsecretaría de Trabajo neuquina para se institucionalizara el reclamo y así impedir que se reclamara plata de manera ilegal. “Más allá de la negociación, se tramita una causa penal y depende del fiscal general de Neuquén si quiere probar los pedidos de coimas y avanzar en el caso”, dijo Arietto.

* Procemix: es una hormigonera de La Plata que fue bloqueada por activistas alineados con Iván Tobar, dirigente de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) enfrentado con Juan Pablo “Pata” Medina y considerado uno de los dos jefes de la barra brava de Estudiantes. Fue una protesta de dos días en la que intervino la policía y que derivó en una denuncia penal de la empresa. La conducción nacional del gremio, encabezada por Gerardo Martínez, aclaró que la seccional La Plata estaba intervenida y que quienes bloquearon Ferrere no tenían su aval. La firma se presentó ante la Justicia como particular damnificado y está a la espera de una resolución del magistrado. Arietto tiene temores sobre este caso: “Esperemos que no se produzca una trampita procesal que hacen algunos jueces, que no te dan la posibilidad de ingresar a la causa y así dejan que prescriba”.

* Feature Fire: esta empresa de pirotecnia del partido bonaerense de Cañuelas trabaja con personal temporario para transportar sus productos y el Sindicato de Camioneros terminó bloqueando su sede en reclamo de la “reincorporación” de un chofer y dos acompañantes de carga y descarga. Una fiscal consideró que no existía ningún bloqueo porque se habían ido los activistas y archivó la causa, pero al día siguiente volvieron a impedir la entrada y salida de la empresa. Fue decisivo que el encargado del lugar haya filmado las amenazas a quienes entraban a trabajar: se convirtió en el eje de una denuncia penal a partir de la cual el fiscal de Cañuelas Lisandro Damonte pidió la detención de 7 personas que protagonizaban el bloqueo, acusados de “amenazas coactivas”. “Hasta hoy, el juzgado de Garantías de Cañuelas no nos permite ser parte del proceso como particular damnificado -protesta Arietto- La empresa está dispuesta a discutir con los delegados de Camioneros, pero el bloqueo no es la forma de facilitar el diálogo. Si no nos deja ingresar en la causa, en dos años prescribe”.

* Química Oeste: es una pyme de productos químicos del partido bonaerense de Esteban Echeverría cuyo depósito fue bloqueado en mayo de 2021 por el Sindicato de Camioneros en reclamo de que tres de los 60 empleados pasaran a estar encuadrados en ese gremio y luego sumaron un paro por “faltas en las medidas de seguridad y de higiene”. La empresa, que fue apoyada por el intendente Fernando Gray, denunció a los responsables de las protestas por extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo y despidió a cinco trabajadores que participaron del bloqueo. Aquí se produjo un hecho novedoso: el resto de los empleados enviaron una nota a los ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires para aclarar que no querían afiliarse a Camioneros y que temían por sus fuentes de trabajo si seguía la medida de fuerza. “Hay muchísima prueba que acredita que no se ha podido descargar mercadería por el bloqueo. Hace siete meses que estamos con testimoniales y tenemos denunciado a Arévalo, delegado de Camioneros de Lomas de Zamora, quien dice que tienen todo arreglado para que se caiga la causa. Está probado que uno de los inspectores del Ministerio de Trabajo mintió en su declaración testimonial. Seguramente pediremos la nulidad para que se lo investigue por falso testimonio”, dijo Arietto.

* Construcciones Viales: mientras realizaba una obra en un country en la bajada del peaje Hudson, esta empresa fue bloqueada durante cuatro días en agosto pasado por una facción de la UOCRA: protestaba porque otra firma que trabajaba allí les pagaba mejor sueldo a sus empleados. Quienes mantuvieron la medida estaban alineados con Juan “Lagarto” Olmedo, ex titular de la intervenida seccional Quilmes del sindicato y asociado con hechos violentos en el gremio. Según Arietto, la empresa hizo la denuncia correspondiente y en las próximas semanas podría llamar a indagatoria a unos 10 activistas identificados en el bloqueo. En este caso también la conducción nacional de la UOCRA desconoció esta protesta. “Está todo probado, pero el Ministerio de Trabajo bonaerense sigue sin contestar un pedido del fiscal para que certifique que no hay expedientes pendientes para completar la prueba -relató la abogada-. Creemos que lo hace a propósito para dilatar la causa”.

* Grupo Razzini: es la empresa de distribución de materiales de construcción ubicada en Rosario que en junio de 2020 amaneció con dos de sus sedes bloqueadas por el Sindicato de Camioneros provincial, que exigía que 18 de los 100 empleados se afiliaran a esa organización. La medida duró tres meses. Verónica Razzini, dueña junto con sus hermanos de la firma que fundó su padre hace 60 años, se resistió y por eso fue amenazada, insultada, intimidada con armas de fuego y tuvo que mudarse para evitar ataques. Su denuncia terminó con 10 empleados y tres delegados presos. Los trabajadores que participaron de la protesta fueron despedidos y presentaron un amparo, pero una jueza consideró que las desvinculaciones eran legales. “Fue un fallo histórico. El conflicto había escalado, pero habíamos podido comprobar ante la Fiscalía el boicot y la extorsión que estuvieron planificados. Esto no fue un simple reclamo gremial. Había 20 en el bloqueo y 80 empleados defendiendo el trabajo con uñas y dientes”, contó Razzini a Infobae. El 27 de agosto pasado, el fiscal Mariano Ríos Artacho pidió el procesamiento de cuatro de los responsables del bloqueo por turbación de la posesión y amenazas. “Estamos esperando que el juez procese a los imputados -dijo la empresaria-. El fiscal nos anticipó que es inminente”. Esta causa se unificó con la de Damián Dobboletta, dueño de una empresa de logística en Santa Fe, golpeado en 2019 por los mismos activistas de Camioneros que extorsionaron a Razzini: ambos casos se elevarán a juicio oral como si fueran la misma causa.

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