
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, buscará que la Legislatura bonaerense trate el presupuesto general 2022, la ley fiscal impositiva y la ley de ministerios para formalizar el nuevo esquema de gabinete, el próximo 21 de diciembre. Antes, tendrá una semana de negociaciones con la oposición en la que el Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, intentará convencer a la oposición para tener un acompañamiento necesario para que los proyectos se conviertan en ley. Hay algunos pedidos puntuales y sectorizados de Juntos que pasan particularmente por mayores fondos hacia los municipios.
Insaurralde viene hablando con dos interlocutores de la oposición para que el gobierno pueda avanzar con el Presupuesto 2022. Se trata del intendente de Lanús, Néstor Grindetti y el presidente del bloque de diputados provinciales de Juntos y titular de la UCR bonaerense, Maxi Abad. El pedido principal de la oposición -y en silencio también del oficialismo- es que dentro del proyecto de ley se incluya un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Se trata de una descentralización directa de recursos hacia los 135 municipios para obras de pequeña y mediana envergadura que desde el año 2016, cuando la provincia era gobernada por María Eugenia Vidal, se viene incluyendo como moneda de negociación entre oficialismo y oposición. En el texto original que el Poder Ejecutivo giró a la Legislatura a fines de noviembre, este punto no aparece escrito.
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Los intendentes de la UCR vienen manteniendo reuniones en las que definieron exigir la inclusión de un FIM en el proyecto a votarse. Además, buscan que se duplique o triplique el monto en relación al de este año, estipulado originalmente en 12 mil millones de pesos. “Los intendentes oficialistas fueron los primeros en pedir el FIM, se está hablando de una suma que rondaría los 18 mil millones de pesos. Confío en que se va a llegar a un acuerdo porque no veo que ninguna de las partes no diga que el FIM es una buena herramienta”, reconoció esta semana en declaraciones a Radio Provincia el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay (PRO).

En donde hasta el fin de semana no había acuerdo -y todavía se sostenía como un pedido del intendente de La Plata, Julio Garro, hacia el Ejecutivo provincial- era en el pago de la tasa de capitalidad. Se trata de una erogación que la Provincia le debe abonar a la capital provincial por el uso de compensación que el gobierno bonaerense acordó pagarle al municipio a fines de 1991 por el uso que hacen los edificios de la administración pública provincial de los distintos servicios que presta la Comuna (alumbrado especial, la recolección de residuos; el riego y la conservación de calles, plazas y paseos), la ocupación y el uso del espacio aéreo, el subsuelo y la superficie y la ocupación y uso del estacionamiento en playas o en la calle. El pago nunca fue continuo. De hecho, en los cuatro años del mandato de María Eugenia Vidal dicha tasa tampoco se abonó. Actualmente asciende a 1.700 millones de pesos.
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La designación del diputado de Juntos, Fabián Perechodnik, como Vicepresidente IV de la Cámara de Diputados bonaerense, luego de una negociación encabezada por Garro, dio lugar a que el platense insista sobre el tema. “La vamos a pelear”, aseguran desde el entorno del intendente. El ministro de Hacienda y Finanza, Pablo López aseguró cuando presentó el proyecto que “la situación de La Plata está contemplada en términos de obras y de recursos”.

Los bloques de la Izquierda y Avanza Libertad ya adelantaron que votarán negativamente el Presupuesto bonaerense. La bancada trotskista destacó que “es un presupuesto de ajuste” y no acompañará la norma. Tiene dos diputados: Guillermo Kane y Natalia Seligra. En tanto que para el bloque Avanza Libertad que cuenta con tres bancas -que ocupan Nahuel Sotelo, Constanza Moragues y Guillermo Castello- la iniciativa de Kicillof expresa un alto déficit. “Se necesita mucha austeridad en el gasto público. La gente no da más de pagar impuestos, los salarios no pueden crecer lo que están creciendo, los subsidios no pueden crecer lo que están creciendo”, expresó el diputado nacional y referente del espacio José Luis Espert al acompañar la jura de los legisladores bonaerense.
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Sin embargo, la estrategia del oficialismo es ir hacia un acuerdo con Juntos. En Diputados, el escenario luego del recambio es variado, el oficialismo no tiene quórum propio: el FdT cuenta con 42 bancas, Juntos con 41, dos bancas para Cambio Federal y dos unibloques, más que corresponde al Partido Fe por un lado y la bancada 17 de Noviembre por el otro, además de los ya citados casos de Avanza Libertad y FITU.
El presupuesto y la ley de ministerios lo puede votar con mayoría simple; para la ley impositiva fiscal precisa de los dos tercios de ambas cámaras.
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En el Senado, el acercamiento con la oposición lo deberá hacer sí o sí, ya que el escenario de paridad es total con 23 bancas para Juntos y 23 para el Frente de Todos.
El resultante de la negociación por la ley de Presupuesto, Impositiva y la ley de ministerio que permitirá que Daniela Vilar asuma en el ministerio de Medio Ambiente, Jorge D’Onofrio lo haga en Transporte, Agustín Simone en Hábitat y Desarrollo Urbano y Florencia Saintout al como titular del Instituto Cultural de la Provincia, será un antecedente para la agenda legislativa que tanto el Frente de Todos como Kicillof buscarán darle al 2022. Aparecen allí algunas iniciativas que producto de la pandemia o del desencuentro han quedado en stand by, como por ejemplo la Ley de Cannabis Medicinal. La presidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta provincial, Teresa García, ya adelantó que trabajará por el avance de esa norma que fue girada a principios de 2021 a la Legislatura y aún no tuvo mayores avances.
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