El Gobierno envió al Congreso un proyecto para ampliar el número de integrantes del Consejo de la Magistratura

El organismo juzga y selecciona a los jueces. Tiene actualmente 13 miembros y la iniciativa propone que aumentarlos a 17. La Corte prepara un fallo sobre la constitucionalidad de la actual conformación

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El proyecto enviado al Congreso propone aumentar la cantidad de integrantes de 13 a 17 (Maximiliano Luna)
El proyecto enviado al Congreso propone aumentar la cantidad de integrantes de 13 a 17 (Maximiliano Luna)

El gobierno nacional anunció este lunes el envío al Congreso de un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura, organismo que selecciona a los jueces nacionales y federales. La propuesta oficial es modificar la cantidad de miembros que lo integran, pasando de 13 a 17, dándole más lugar a los magistrados y representantes del sector académico.

La medida del Gobierno llega en un momento de fuertes rumores de un fallo de la Corte Suprema para declarar inconstitucional la reforma del Consejo de 2006 impulsada por Cristina Kirchner, senadora en ese entonces. Esa modificación redujo de 20 a 13 los miembros del organismo y le dio más poder al estamento político del cuerpo ya que se desequilibró la presencia de jueces, abogados, diputados, senadores y académicos. Entre los ministros del máximo tribunal se había definido que el jueves 16 sea la fecha de la definición, pero todavía estaba en preparación los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti..

Los jueces mañana tendrán con el ministro de Justicia, Martín Soria, su primera reunión desde que asumió el cargo en el Poder Ejecutivo. En el cuarto piso, en el Salón de los Embajadores, los magistrados escucharán al funcionario nacional y se esperaba un detalle del anuncio que hizo hoy la portavoz Gabriela Cerruti en la Casa Rosada.

El proyecto llegará al Parlamento -ingresará por el Senado- un día antes de que juren los nuevos diputados y tres antes de que cambie la conformación de la Cámara alta, donde el peronismo, luego de 38 años, no tendrá la mayoría. El proyecto fue elaborado bajo la supervisión de la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, el ministro y viceministro de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena, el representante del gobierno en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, y el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos.

El texto, al que tuvo acceso Infobae, argumenta la posibilidad de ampliar los miembros del cuerpo con el artículo 114 de la Constitución Nacional, que no precisa el número de los representantes y que desde la reforma de 1994 se sancionaron tres leyes que “establecieron de manera diferente la integración y, por consiguiente, la representación de los estamentos que en él confluyen”.

Lo que propone el proyecto del Ejecutivo es que el Consejo esté integrado por cuatro (4) jueces del Poder Judicial, seis (6) legisladores o representantes del Poder Legislativo, cuatro (4) representantes de los abogados de la matrícula federal, un (1) representante del Poder Ejecutivo y dos (2) representantes del ámbito académico y científico.

Diego Molea, presidente del Consejo de la Magistratura
Diego Molea, presidente del Consejo de la Magistratura

“Para la elección de dicha estructura, se consideró que los estamentos que deben ser representados en el Consejo de la Magistratura son, de un lado, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Del otro, corresponde enumerar a los Jueces de todas las instancias, los/las abogados/as de la matrícula federal y las personalidades del ámbito académico y científico”, explicaron.

Y agregaron: “Se meritó que tal como se halla redactado el precepto constitucional sujeto a la presente reglamentación, es plausible entender que la pauta de equilibrio entre las representaciones allí dispuestas no significa que todos los estamentos deban aportar igual número de miembros en la constitución del Consejo de la Magistratura”.

“En definitiva, la integración del Consejo de la Magistratura, que por aquí se insta, toma en cuenta que los órganos políticos deben tener la representación suficiente para incidir en la toma de decisiones y en el diseño de la política judicial, sin que ello vaya en desmedro de lo que la propia Constitución nacional establece, en cuanto a que se trata de un órgano colegiado plurisectorial cuyos estamentos deben estar representados en forma equilibrada, de modo que todas las voces confluyan en el debate”, completa el texto enviado por el Gobierno.

Juan Martín Mena
Juan Martín Mena

Además, resalta que se incluyó la paridad de género, ya que actualmente de los 13 integrantes solamente 4 son mujeres: “La inclusión de dicha pauta se inscribe como una medida de acción afirmativa de cumplimiento de los mandatos convencionales y de orden interno que exigen asegurar a las mujeres el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos más altos del Poder Judicial”.

“Con dichos fundamentos, se incorpora en el artículo 2° la paridad de género en la composición de todos los estamentos, a excepción del que corresponde a la representación del Poder Ejecutivo en tanto está integrado por una (1) sola persona. Así, se halla asegurado que el máximo órgano del Consejo de la Magistratura se integre con, al menos, ocho (8) mujeres de un total de diecisiete (17)”, sostiene el texto firmado por Juan Martín Mena, secretario de Justicia.

El artículo 2 del proyecto se refiere a la duración de los mandatos. Allí se establece que cada consejero durará cuatro años en su cargo y que podrá ser reelegido una sola vez en forma consecutiva. Además, marca que todos los que sean elegidos por su calidad de jueces/zas, legisladores/as, abogados/as y académicos/as, “cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados/as, en cuyo caso deberán ser reemplazados/as por sus suplentes o por los/las nuevos/as representantes que designen los cuerpos que los/las eligieron para completar el mandato respectivo”.

En el artículo 4 se deja asentado que los integrantes del cuerpo “no podrán registrar condenas penales por delitos dolosos dictadas en los últimos veinte años” y que “no podrán ser consejeros/as las personas que hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar o respecto de quienes se verifiquen condiciones éticas opuestas al respeto por los derechos humanos”.

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