El 19 de junio de 2003, Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Gustavo Beliz firmaron el decreto 222 que establecía distintos requisitos para nominar a los nuevos miembros de la Corte Suprema. El presidente, el jefe de Gabinete y el Ministro de Justicia proponían un mecanismo de transparencia institucional en una época signada por un fuerte enfrentamiento entre la Casa Rosada y la mayoría automática del alto tribunal que había designado Carlos Menem.
“Establécese que, producida una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un plazo máximo de treinta (30) días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional, durante TRES (3) días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia”, fija el decreto 222 en su artículo 4, reglamentando el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional.
Elena Highton de Nolasco renunció a la Corte Suprema con fecha del primero de noviembre, y Alberto Fernández debió haber nominado a su sucesora antes que venciera el plazo legal del decreto que en 2003 firmó junto a Kirchner y al entonces ministro Beliz.
El presidente incumplió la propia norma que suscribió siendo jefe de Gabinete de Kirchner, pero no habrá sanciones administrativas ni judiciales. El decreto 222/03 no prevé castigos a lo largo de sus 11 artículos.
Ademas, se trata de una situación irregular que no tendrá solución inmediata. Un candidato a la Corte Suprema necesita los dos tercios de los miembros presentes del Senado, y esa es una meta política imposible de alcanzar para Balcarce 50.
Desde el próximo 10 de diciembre, la bancada oficialista en la Cámara Alta tendrá 35 miembros, y con ese número es imposible designar a un integrante del alto tribunal sin acuerdo con Juntos por el Cambio. La bancada opositora ya es remisa en acordar temas sencillos para el Senado, y ahora aguarda que la Casa Rosada presente un acuerdo institucional que incluya a toda la justicia federal.
La situación política en Juntos por el Cambio es compleja y sin un solo liderazgo. Horacio Rodríguez Larreta no piensa igual que Mauricio Macri, y Alfredo Cornejo está a años luz de la perspectiva política de Elisa Carrió. Y los cuatro tampoco coinciden en cómo posicionarse ante la inminente discusión en el Congreso de un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si no hay coincidencias respecto al FMI, menos sintonía habrá sobre la Corte, que implica muchísimo poder en tiempo real hasta que dure la buena conducta del magistrado designado por acuerdo de partes.
De todas maneras, la necesaria designación de un miembro de la Corte Suprema ya causó ciertos movimientos en Juntos por el Cambio, y la primera reacción fue comunicar al Gobierno -a través de un backchannel parlamentario- que la discusión política no puede ser circunscripta a la sucesora de Highton de Nolasco.
Las distintas alícuotas partidarias que integran Juntos por el Cambio hicieron una lista de los puestos claves en la Justicia que se deben ocupar, y dejaron trascender en Balcarce 50 que la negociación política debe desembocar en una distribución “integral y equilibrada”.
Con el argumento político de consensuar la designación de la sucesora de Highton de Nolasco, se abrió una lista de cargos a negociar que incluye importantes resortes del Poder Judicial. Esa lista -tentativa hasta anoche-, contiene a las siguientes instituciones:
1. Corte Suprema
2. Cámara de Casación
3. Cámara Federal porteña
4. Jueces Federales de primera instancia en la Capital Federal
5. Fiscales federales de primera instancia en la Capital Federal
6. Procurador General
7. Defensor Nacional
A las dificultades de cerrar un acuerdo entre el Gobierno y la oposición respecto a estos importantes cargos del Poder Judicial, se debe sumar la intrincada situación política que existe en la Corte Suprema. No hay confianza mutua entre sus miembros y esta circunstancia hará más compleja la nominación de la sucesora de Highton de Nolasco.
En la actual coyuntura política, Alberto Fernández decidió esperar aunque ello implique violar el decreto que firmó junto a Beliz en tiempos de la Presidencia de Néstor Kirchner.
Y si no hay un milagro político, habrá Corte de cuatro miembros durante 2022. Es una presunción Iure et de Iure.
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