La disputa entre los dos jueces federales de San Isidro por la causa que investiga la Fiesta en Olivos quedó en manos de un integrante de la Cámara Federal de San Martín. Tal como había adelantado Infobae, el juez Lino Mirabelli le dio intervención esta mañana a ese tribunal, que realizó un sorteo entre los integrantes de la Sala I, tal como prevé el nuevo Código Procesal Penal. El elegido fue Marcelo Fernández, según confirmaron fuentes judiciales.
Tanto en el Gobierno como en la oposición evalúan que la causa seguirá en manos de Mirabelli. Hay factores jurídicos pero también políticos.
La foto del jueves a la tarde mostraba a dos jueces federales investigando el mismo hecho y hasta ordenando medidas de prueba casi similares. Mirabelli sostiene que la denuncia que está radicada en el juzgado de Arroyo Salgado es posterior (13 de agosto de 2021) a la que se realizó en Comodoro Py (28 de julio de 2021). Y que él estaba del turno cuando se produjo el cambio de jurisdicción. En cambio, Arroyo Salgado asegura que su causa es anterior.
La causa pasó a San Isidro hace un mes, cuando el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente y las partes decidieron no apelar. A partir de ese momento, la investigación avanzó muy poco por la disputa de competencia.
“Corresponde ratificar todos y cada uno de los fundamentos volcados en la resolución dictada con fecha 24 de septiembre de 2021 y trabar formal contienda positiva de competencia, elevando copias digitalizadas de las piezas de interés al tribunal superior para que dirima la controversia”, sostuvo esta mañana el juez Mirabelli en una breve resolución a la que tuvo acceso este medio.
El miércoles pasado, Arroyo Salgado rechazó la inhibitoria de Mirabelli y le pidió que se inhiba de seguir investigando. Es más, antes del fin de semana largo la jueza ordenó varias medidas de prueba aunque en los hechos ya estaba trabado el conflicto de competencia.
Una semana antes, Mirabelli también había ordenado pedidas de prueba en su causa. Por un lado, le pidió a la Secretaría General de la Presidencia que informe los protocolos sanitarios que se habrían aplicado la noche del 14 de julio de 2020, cuando se realizó el festejo por el cumpleaños de Yañez. También le pidió a la Secretaría de Innovación Pública que entregue una información sobre la aplicación Cuidar. A ambos organismos les dio un plazo de 5 días.
Mirabelli cuestionó hoy el contenido de aquella resolución de su colega, a la que tildó de “inconducente”. “La solicitud de inhibitoria formulada por la Dra. Arroyo Salgado en su resolución de fecha 6 de octubre de 2021 resulta inconducente, dado que su tratamiento –y definición– quedará enmarcada en cuanto resuelva el tribunal de alzada, con motivo de la contienda positiva de competencia que habrá de trabarse formalmente (cf. art. 44 del C.P.P.N.)”, sostuvo el magistrado.
La definición quedó en manos del juez Marcelo Fernández, que integra la Cámara de San Martín desde 2012. Antes había sido fiscal federal de Morón.
Una vez que se acumulen ambos expedientes, el juez que quede a cargo deberá resolver todos los planteos pendientes. El presidente Alberto Fernández pidió ser sobreseído al considerar que en el caso no se cometió delito y propuso una reparación económica al Instituto Malbrán durante cuatro meses. Otra imputada, Carolina Marafioti, también pidió una conciliación. Y la defensa de Stefanía Domínguez, la primera que cambió de abogado, planteó la inconstitucionalidad del decreto que impuso las restricciones durante la pandemia que impedían el festejo.
En la causa también están imputados la primera dama Fabiola Yañez, Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Fernando Consagra, Rocío Fernández Peruilh y Federico Abraham. Todos participaron del festejo por el cumpleaños de Yañez, el 14 de julio de 2020.
El Gobierno pretendía cerrar el escándalo antes de las elecciones del 14 de noviembre. Por ahora parece un objetivo lejano.
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