Elena Inés Highton de Nolasco fue la la primera mujer que ocupó un lugar en la Corte Suprema de Justicia durante un gobierno democrático. Fue designada en 2004, tras una propuesta del entonces presidente Néstor Kirchner, luego de la destitución de Eduardo Moliné O’Connor.
El antecedente de una mujer en el máximo tribunal del país se retrotrae a una dictadura, la que encabezó en 1970 Roberto Marcelo Levingston, quien designó por decreto a Margarita Argúas para reemplazar a José Federico Bidau. Argúas se mantuvo en la Corte hasta el regreso de la democracia, el 25 de mayo de 1973, día que asumió Héctor J. Cámpora.
En cuanto a Highton de Nolasco, su candidatura fue aprobada con 51 votos afirmativos y 5 negativos. Y el 1° de septiembre de 2005 fue electa vicepresidenta del Máximo Tribunal, tras la renuncia del juez Augusto Belluscio.
Su carrera judicial arrancó en 1973, recomendada por el escritor nacionalista y peronista Arturo Jauretche, tío de su marido, el médico Alberto Nolasco. Arrancó como defensora oficial, cargo que ejerció hasta 1979. Luego fue ascendida a jueza especial civil y comercial, donde se desempeñó hasta 1988: ese año fue nombrada jueza civil. Y en 1994, fue ascendida a camarista del fuero.
Cuando fue convocada por Néstor Kirchner ejercía ese cargo en la Cámara Civil, a solo 50 metros del Palacio de Tribunales.
Highton fue determinada en la creación de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), lanzada hace más de diez años para facilitar el acceso a justicia de las personas que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
El Máximo Tribunal convocó a un grupo de trabajo que tuvo a su cargo el diseño de la OVD, integrado por jueces, funcionarios y ex funcionarios del Poder Judicial, entre los que estaban Gladys Álvarez, Laura Balart, Horacio Barberis, María Inés Coutinho, José Luis Galmarini, Adrián Marchisio, Graciela Medina, Graciela Varela, Silvia Palomero y Fernando Ramírez. Luego, quedó bajo la supervisión de Highton de Nolasco, quien tuvo a su cargo el desarrollo e implementación de la oficina que, finalmente, fue inaugurada el 15 de septiembre de 2008.
En 2016, el Máximo Tribunal amplió las funciones de la Oficina y comenzó a atender casos de trata de personas con fines de explotación sexual y/o de explotación de la prostitución.
El 7 de diciembre de 2017, Highton cumplió 75 años, la edad límite establecida por la Constitución para ejercer el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado. Sin embargo, la jueza ya había obtenido un fallo judicial que le permitió continuar en el cargo. Highton alegó dos motivos para continuar en el Máximo tribunal. Por un lado, que la propia Constitución fija en su artículo 110 que “los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta”. Y además que la Convención Constituyente que reformó la carta magna no estaba habilitada para tratar el límite de la edad para ejercer el cargo de juez porque ese tema no formó parte del “Núcleo de coincidencias básicas” que aprobó el Congreso Nacional al convocar a la Convención.
En 2018, el gobierno de Mauricio Macri decidió dejar vencer el plazo para apelar el fallo del juez Enrique Lavié Pico.
La entonces diputada Victoria Donda, actual titular del INADI, presentó un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados contra Highton de Nolasco, a la que acusaba haber usado información confidencial para mantenerse en su cargo. Sucede que un mes después de haber presentado el amparo, la Corte restableció el límite de 75 años -sentencia Schiffrin- dando marcha atrás con el fallo que había favorecido a Carlos Fayt y exigió que los jueces que pretendan seguir en funciones después de cumplir esa edad debían obtener un nuevo acuerdo del Senado y un nuevo nombramiento del Presidente de la Nación.
En 2018, Highton fue uno de los tres jueces que firmó la polémica resolución de la Corte Suprema a favor de la aplicación del “2 x 1″ a represores de la última dictadura. Por esa resolución, el Congreso terminó aprobando una ley que buscaba impedir un fallo similar. “De conformidad con lo previsto en la ley 27.156, el artículo 7º de la ley 24.390 —derogada por ley 25.430— no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”, dice el primer artículo.
A mediados del año pasado, Highton fue la única representante de la Corte que estuvo presente en la Casa Rosada cuando se anunció el lanzamiento de la reforma judicial. Esa presencia tuvo una sola explicación: su relación personal con la entonces ministra de Justicia Marcela Losardo, quien fue su ayudante de cátedra. Desde entonces, conservan un vínculo afectivo.
Highton ya había estado en la asunción del presidente Alberto Fernández, que la convocó para integrar la Corte en 2004, cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.
Hace dos semanas, la jueza no estuvo presente en el acuerdo extraordinario que terminó con la elección de Horacio Rosatti como nuevo presidente de la Corte.
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