Se define el juicio oral contra Romina Picolotti por usar fondos públicos para gastos personales

El juicio oral y público contra Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, por presunta corrupción en el uso de fondos públicos para gastos personales entra en su etapa final. Esta semana comienzan los alegatos de las partes y antes de fines de septiembre se espera el veredicto del Tribunal Oral Federal 6 de Comodoro Py.

Tras medio año de juicio, el miércoles a las 8:30 horas el fiscal federal Diego Luciani hará su alegato en el que planteará la acusación contra Picolotti y decidirá si pide que sea condenada. Dos semanas después, el 15 de septiembre, será el turno del alegato de la defensa de la ex funcionaria, a cargo del abogado Felipe Trucco. Luego los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel fijarán la fecha del veredicto, informaron a Infobae fuentes judiciales. Está acusada del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, que tiene una pena de dos a seis años de prisión.

Picolotti estuvo presente en todas las audiencias del juicio, que comenzó el 17 de febrero pasado y que se hizo por videoconferencia por la pandemia del coronavirus. La ex funcionaria lo siguió desde los Estados Unidos, donde vive desde 2015 por trabajo -se desempeña en una asociación de defensa del medio ambiente- y fue autorizada por el tribunal a quedarse allí durante el proceso por la pandemia del coronavirus. Una expectativa es si esa situación se mantendrá después del juicio si es condenada. La Fiscalía, que se opuso a que Picolotti resida en Estados Unidos, podría plantear el tema en sus alegatos.

Picolotti está acusada de haber utilizado fondos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, donde se desempeñó de 2006 a 2008, para gastos personales o de allegados. Los tickets o recibos de los gastos fueron autorizados por ella. En la causa constan cerca de mil.

Hay desde cenas, compra de bebidas alcohólicas, regalos como flores y bombones, juguetes para sus hijos y viajes en avión para familiares. Uno de ellos fue de 77,50 pesos en “Hooters”, un bar que era atendido por mujeres semidesnudas. Cuando la jueza federal María Servini envió en julio de 2015 la causa a juicio describió: “Este comprobante posee escrito en su parte superior ‘Muchas Gracias!!!!’ con signos de exclamación, a modo de cómplice agradecimiento por parte de quien concurrió al local e hizo los consumos con dinero público”.

El día que el juicio comenzó Picolotti declaró. “Niego rotunda y categóricamente la acusación en mi contra. No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación. Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa pero los que me conocen saben que soy vegetariana. También de comprar vinos y cervezas cuando no tomo alcohol”, se defendió en su declaración.

La ex funcionaria -abogada, experta en derecho ambiental y que llegó al gobierno de Néstor Kirchner durante el conflicto por la instalación de la papelera Botnia en Uruguay por su oposición a esa fábrica de celulosa- dijo también que la causa fue por sus políticas en la Secretaría. Y señaló la clausura a la empres Shell, la inspección a grandes compañías que contaminaban el Riachuelo, multas a la empresa Papel Prensa por contaminar el río Baradero, frenar la desforestación de bosques nativos y denunciar el avasallamiento de los pueblos indígenas. También denunció que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, le propuso hacer negocios ilegales.

La Secretaría dependía de Jefatura de Gabinete de la Nación que entonces estaba a cargo del hoy presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien defendió a Picolotti. “”Se copió una carpeta que estaba dando vueltas, que no era más que una operación política para lastimar a una funcionaria del Gobierno”, dijo Fernández tras la publicación del caso que hizo el diario Clarín. Cuando dejó el gobierno y Picolotti fue procesada sostuvo que ella debía dar las explicaciones necesarias y que la imputación por la que fue procesada era por un tema que él desconocía.

En la última audiencia Picolotti volvió a declarar. Sostuvo que el control y la autorización de los gastos correspondía a otras personas y que esa no era su función.

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