Un asentamiento en la zona sur de Posadas, que fue ocupado por vecinos de Misiones en el peor momento de la emergencia sanitaria y social, fue bautizado el año pasado con el nombre de “Alberto Fernández”. Después de poco más de un año de conflicto territorial e intentos de desalojo, el gobierno misionero comenzó a regularizar la usurpación de las tierras, a partir de un acuerdo para la cesión de los derechos sobre los lotes.
En el predio viven unas 167 familias que ocupaban de manera irregular lotes pertenecientes a propiedades privadas. Tras varios meses de negociaciones, del que participaron organizaciones sociales como el Movimiento Evita, el jueves pasado se entregó la primera etapa de 53 boletos de compraventa entre los ocupantes y uno de los propietarios.
Según se informó oficialmente, la venta de las tierras se efectuará en un plazo de 26 meses, con una cuota inicial de $3500 ajustadas al UVI y un tope de incremento mensual del 2%. “Todas las familias firmantes dispusieron de una caja de ahorro sobre la cual se efectuará el débito automático de los montos pactados”, precisó la titular del área de Emergencia Social del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPDH), Lucia Bauman.
La ocupación se produjo en el momento de mayor impacto social de la pandemia, en los meses de marzo y abril de 2020. El barrio popular está ubicado en el acceso al Barrio “Néstor Kirchner” de Posadas, frente al asentamiento Los Patitos II. Al principio, el vecindario fue bautizado como Los Patitos III, pero se popularizó el nombre entre las familias asentadas como barrio “Alberto Fernández”.
Lucia Bauman, una de las funcionarias provinciales encargadas de la tarea, indicó que pudo llegar a la suscripción de las documentaciones luego de que se finalizara el relevamiento social sobre la totalidad del asentamiento, del que participaron asistentes sociales, escribanos y agrimensores. Para encauzar la solución, se creó una mesa de diálogo entre los ocupantes, propietarios y los mediadores, Andrea Gamarra, vicepresidenta de la comisión barrial, y Richard Matoso, ambos del Movimiento Evita.
“Se impulsó un fuerte reordenamiento territorial, para que cada familia se instale en un lote debidamente delimitado y poder de esa manera tomar intervención la Dirección de Notarial que confeccionó los instrumentos legales necesarios para hacer viable la transacción”, comentó la directiva de IPDH.
El acuerdo con los propietarios se pudo destrabar por impulso del legislador y precandidato a diputado nacional Martín Sereno, del Frente de Todos, quien cerró un conjunto de cupos del programa Potenciar Trabajo. Los ocupantes firmaron un documento para comprarlos en cuotas accesibles, con la asistencia económica de ese plan de cooperativas, mientras que la provincia y el Municipio de Posadas harán las obras para dotar los servicios básicos esenciales y la urbanización.
“Después de mucho trabajo y gestiones logramos la regularización de su situación dominial y su derecho a la tierra. Desde la política luchamos por esto, por más derechos, inclusión y justicia social”, sostuvo Martín Sereno.
El legislador definió la oficialización de tierras como un “logro histórico”, ya que tuvo “la colaboración del Gobierno provincial que se comprometió a hacer la mensura, las escrituras y construir un SUM, y el municipio hará la urbanización, y la red de agua, agua y cloacas para que el barrio tenga un buen hábitat”.
Adelina Rivero, una de las vecinas que recibió el boleto de compraventa, relató el periplo que padeció junto a otros vecinos, hasta la oficialización de las tierras: “Hubo muchos trabajos para hacer porque no había luz, agua, a veces ni para comer, pero se luchó….Hubo agrupaciones que nos ayudaron un montón, también quisieron desalojarnos”.
De acuerdo a ese testimonio, Rivero indicó que le propusieron al abogado del dueño del lote una propuesta de pago con cuotas de tres mil pesos el lote, un valor que finalmente conformó a la contraparte.
“Estamos muy felices, agradecidos a todos los que pusieron un granito de arena, al esfuerzo que hizo Iprodha para que esto salga. A veces nosotros actuamos alterados porque no es fácil. Son 164 familias donde vos tenés que estar con la cabeza para todos, pero gracias a Dios todo funciona”, concluyó Rivero.
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