El Gobierno interviene para atenuar la tensión entre los movimientos sociales, La Cámpora y los intendentes por los planes sociales

En un contexto de tensión creciente por las ayudas sociales frente a la alta inflación, la pobreza e indigencia, el Gobierno decidió intervenir en el conflicto entre los movimientos sociales, La Cámpora y los intendentes por los montos, la distribución, la orientación y el tipo de ayudas. Con la asunción del nuevo ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta -exjefe comunal de Hurlingham-, como parteaguas, distintos funcionarios propician una serie de reuniones de conciliación entre los principales actores que intervienen en la puja.

El termómetro de preocupación de la Presidencia subió en los últimos días frente a la masiva marcha que celebró el sábado la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), por el Día de San Cayetano. Si bien desde la organización -que nuclea a distintos movimientos sociales- negaron públicamente que fuera una crítica velada al Gobierno, por lo bajo admitieron que hay malestar por la falta de respuesta a las exigencias sobre un abanico de temas, donde sobresalen los créditos no bancarios para sectores productivos, y, en especial, la creación de un “salario básico”.

Antes, Grabois había provocado chispazos en el Gobierno con una advertencia. “Está en peligro la paz social”, dijo, dos semanas después del cierre de listas de candidatos, donde los movimientos sociales quedaron severamente relegados. En el primer piso de la Casa Rosada mostraron desazón con el mensaje, que consideraron reiterativo: “Se pueden quejar, pero no es que no reciben aumentos. Se subió el plan Alimentar, se subió el Potenciar Trabajo, se adelantó la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y lo vamos a volver a convocar en septiembre”, dijo un alto funcionario. Sin embargo, hubo registro de la molestia.

Tampoco pasó desapercibido el cruce público entre el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque y Juan Grabois (Movimiento de Trabajadores Excluidos), una de las voces más altisonantes de la UTEP. El “Cuervo” deslizó en una entrevista con Radio 10 que no estaba a favor de la “la idea de un sindicato de pobres” sino que tenía una mirada “más tradicional” donde “una única economía que contenga a la población”. El referente social recogió el guante y le contestó públicamente. “Hay que tener cuidado con las palabras, como cuando decís que la UTEP es un ‘sindicato de pobres’, reproduciendo el estereotipo denigrante que promueven los gorilas contra los trabajadores de la economía popular. Es muy ofensivo”, le dijo por Twitter.

Además de la cuestión de la sindicalización, en el fondo de la discusión se encuentran la discusión por los lugares en las listas; los cargos para cada sector en el Ministerio de Desarrollo Social -que podrían modificarse con el desembarco de Zabaleta-; y la transformación de los planes sociales a un esquema vinculado al trabajo, una premisa con la que todos los sectores acuerdan, pero en torno a la cual hay diferencias por las formas. Vinculado a este último punto, subyacen las múltiples propuestas para crear un “salario universal”, o una “renta básica”, o un “salario universal complementario”, según el planteo. Hay varios borradores de medidas de universalización de las ayudas sociales, cada una con matices no menores.

En este contexto, también los intendentes tienen sus reclamos, que hacen llegar a la Casa Rosada y a la gobernación bonaerense, para retomar cierto control sobre los planes. Aspiran a acercarse al modelo dispuesto en la primera etapa, durante el gobierno de Eduardo Duhalde y los comienzos de la administración de Néstor Kirchner. Ese esquema fue transformándose durante el kirchnerismo y el macrismo, al punto de que hoy los jefes comunales manejan sólo el 20 por ciento de las ayudas. La mayor parte está en manos de las organizaciones sociales.

Desde la Casa Rosada buscan darle curso político a la compleja disputa de miradas, mientras analizan las propuestas de salario universal. La muestra más reciente del intento de conciliación ocurrió durante la jura de Zabaleta al frente de la cartera de Desarrollo Social tras la salida de Daniel Arroyo por su candidatura a diputado nacional. Anteayer, en el primer piso del Salón Blanco, frente al presidente Alberto Fernández, estaban sentados, no casualmente, el secretario de Desarrollo Comunitario de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, y el secretario general de Movimiento Evita, Emilio Pérsico. En el primer piso, miraban desde el balcón unos diez intendentes justicialistas y camporistas, principalmente del conurbano.

La coincidencia de estos actores en el solemne evento en la Casa de Gobierno no fue casual. Desde la Presidencia los habían invitado específicamente en un intento de pacificación de las discusiones internas entre los sectores que tienen contacto directo con el territorio y que se disputan, entre ellos y con la propia administración nacional, por la distribución, los montos e incluso la reestructuración de los planes sociales. Hubo abrazos y un clima distendido frente a cámaras de televisión y periodistas. Para los próximos días se buscará propiciar otros encuentros, en privado, con el mismo fin.

“Hay tres actores que disputan los recursos con un sentido distinto, La Cámpora, los movimientos sociales y los intendentes. Estamos preocupados por que el equilibrio entre los tres se desarrolle con eficacia y eficiencia y sin heridos. Se tienen que seguir sentando en la misma mesa porque comen del mismo plato”, dijo un funcionario cercano al Presidente. En la Casa Rosada saben que la discusión tiene lugar en un marco donde la pobreza supera al 40 por ciento de la población. “Estamos en una situación de crisis y cualquier actor que se cae de la mesa no desaparece. No podemos tirar una chispa que incendie la pradera”, agregó.

A semanas de las elecciones primarias, todos los cañones del Gobierno están orientados en mejorar la situación económica de los sectores bajos y medios, a través de la inyección de fondos en programas sociales preexistentes y nuevos y de modificaciones tributarias específicas enfocadas en el famoso “alivio fiscal”. No solo para mejorar la perspectiva de los votantes respecto del Gobierno, sino también para controlar el conflicto social, que aparece cada vez más agitado. En este contexto, se vuelven imperativos los acuerdos políticos entre los actores que intervienen en el territorio y que disputan no solo por los recursos sino también por las transformaciones estructurales de las ayudas sociales.

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