
Osvaldo Siseles, ex subsecretario Legal del Ministerio de Economía de la Nación, fue detenido ayer para comenzar a cumplir una pena de cuatro años de prisión por corrupción en lo que se conoció como el “Grupo Greco”. Siseles había pedido la prisión domiciliaria por su edad -74 años- y por problemas de salud pero el juez federal Andrés Basso rechazó el planteo y ordenó su inmediata detención.
“De las constancias obrantes en el expediente no se derivan circunstancias que autoricen la morigeración de la pena de prisión impuesta con fundamento en razones humanitarias, resultando insuficientes las dolencias que padece para encuadrar su situación en un caso de excepción a la regla general de cumplimiento de la condena en un establecimiento carcelario”, sostuvo el juez Basso en su resolución a la que accedió Infobae.
El caso se inició 2007 cuando fueron denunciados funcionarios del Ministerio de Economía por su participación en una indemnización que el Grupo Greco había iniciado en 1996 contra el estado nacional. Todos los abogados del Estado habían mantenido la postura de rechazar el reclamo de la empresa pero eso cambió en 2004 cuando los funcionarios avalaron el pedido de indemnización.
El el 11 de agosto de 2005 se aprobó judicialmente el crédito a favor del llamado Grupo Greco que cobró 587.650.855 de pesos. Los funcionarios que participaron de esa aprobación fueron denunciados. En abril de 2015 el Tribunal Oral Federal 3 condenó a Siseles a cuatro años de prisión; la exdirectora general de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink fue condenada a tres años; el ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados Daniel García a dos años y ocho meses; y la ex abogada de la Dirección de Asuntos Judiciales Beatriz Pernas a dos años y seis meses. Además, todos fueron todos fueron condenados a no poder ejercer cargos públicos de por vida. Otros acusados fueron absueltos.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó en diciembre de 2016 las condenas y en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó las últimas apelaciones y así las condenas quedaron en condiciones de ser ejecutadas. La única condena de cumplimiento efectivo era la de Siseles porque fue mayor a tres años. El resto fueron de cumplimiento condicional.
La defensa de Siseles pidió cumplir la condena en prisión domiciliaria con una tobillera electrónica que controle sus movimientos. Explicó que tiene 74 años -a partir de los 70 se puede acceder- y problemas de salud. Entre ellos, una enfermedad de tipo Alzheimer Grado 1 con deterioro cognitivo y depresión por lo que sus médicos dictaminaron que como contrario a su cuadro “un traslado fuera de su entorno habitual de cuidado dado que esto sin duda agravará su deterioro mental rápidamente poniendo en riesgo su vida”. También hizo hincapié en la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19.
El Cuerpo Médico Forense dictaminó que “salvo pruebas médicas en contrario, desde el punto de vista físico, las patologías que presenta Siseles Osvaldo Eduardo pueden ser tratadas en una unidad penitenciaria”. La Fiscalía pidió que se rechace el pedido de prisión domiciliaria.

El juez Basso, quien tiene a su cargo la ejecución de la condena de Siseles, explicó que “el beneficio del arresto domiciliario no es de aplicación automática, sino que obedece a irrenunciables imperativos humanitarios que deben ser evaluados por el magistrado que la concede en virtud de la facultad que le otorga el ordenamiento legal”. Así analizó cada uno de los puntos.
Sobre la edad del ex funcionario sostuvo que “no resulta suficiente para la concesión de la prisión domiciliaria, en tanto no surge del expediente ningún otro elemento que permita inferir que la ejecución de la sentencia en el ámbito carcelario resulta desajustada a la normativa”.
El punto central fue la salud de Siseles. El magistrado explicó que “de las constancias obrantes en el expediente no se derivan circunstancias que autoricen la morigeración de la pena de prisión impuesta con fundamento en razones humanitarias, resultando insuficientes las dolencias que padece para encuadrar su situación en un caso de excepción a la regla general de cumplimiento de la condena en un establecimiento carcelario” y destacó que los médicos oficiales dictaminaron que su cuadro puede tratarse en una cárcel.
Basso le pidió al Servicio Penintenciario Federal que le de a Siseles “el tratamiento recomendado por los médicos para el abordaje de las cuestiones relativas a su salud mental. El juez también rechazó el argumento sobre el coronavirus al señalar que en el ámbito carcelario se establecieron protocolos sanitarios.
Siseles fue detenido ayer al mediodía. Quedó alojado en la Alcaidía 8 de la Policía de la ciudad de Buenos Aires a la espera de ser trasladado a una cárcel federal.
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