El kirchnerismo logró posponer el archivo del juicio político contra los tres camaristas que habilitaron las clases presenciales en CABA

Pasaron tres meses de aquel fallo judicial que habilitó las clases presenciales en la Ciudad, en contra del DNU que había firmado el presidente Alberto Fernández apenas 48 horas antes, y detonó una interna política feroz entre la Ciudad y el gobierno nacional. Los tres camaristas que habilitaron las clases en territorio porteño, un domingo a la tarde, ahora afrontan tres pedidos de juicio político. Todos apuntan al contenido del fallo. Y uno de ellos está firmado por los integrantes del bloque del Frente de Todos en la Legislatura.

La batalla legal y política comenzó el mismo 18 de abril por la tarde, cuando los tres integrantes de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad, los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, habilitaron las clases y abordaron un debate profundo sobre la autonomía de la Ciudad.

Aquel fallo sostenía que el DNU “vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación” y que “lo atinente a la prestación de la educación inicial, primaria y secundaria en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una competencia netamente local, cuya regulación le compete a la Ciudad y no al Estado Nacional”.

El fallo se conoció pasadas las 20 horas de ese domingo y obligó al jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, a dar una conferencia de prensa para confirmar el regreso de las clases. A esa misma hora, algunos de los gremios porteños ya habían convocado a una medida de fuerza.

El fallo y el anuncio de Larreta fue el comienzo de una batalla política entre el macrismo y el kirchenrismo que luego se trasladó a los tribunales. En el Consejo de la Magistratura de la Ciudad todavía tramitan tres pedidos de juicio político contra los camaristas.

Una de las denuncias lleva la firma de 15 de los 17 legisladores del Frente de Todos y acusa a los jueces de firmar un fallo “arbitrario y temerario, e incapaz de resistir el menor test de constitucionalidad y de razonabilidad”. En esa misma presentación se remarca la “increíble celeridad” que tuvo el expediente ese domingo 18 de abril: “A las 6:54 AM la Sala ordena remitir a la Fiscal, a las 17:14 (diez minutos después de ser comunicada), la jueza Machiavelli rechaza una recusación y a las 20:04 se publica el fallo”.

Esa presentación, a la que tuvo acceso Infobae, acusa a los tres camaristas de “obviar la aplicación de una ley nacional, avasallando competencias de otro poder del Estado y de otra jurisdicción” y de “poner en riesgo a la población en su conjunto”.

Las otras dos denuncias contra los jueces fueron presentadas por Hernán Mirasole, un abogado que se presenta como presidente de la Asociación Civil “Nace un derecho”, y por Federico Paruolo, vicepresidente del Grupo de Litigio Estratégico Asociación Civil (GLE). “Ninguna de las denuncias tiene fundamentos ni asidero jurídico, nunca hubo un fallo que fuera condenatorio de los jueces por sus sentencias”, se quejó un consejero del oficialismo.

Aunque el kirchnerismo/peronismo tiene una mayoría de 3 a 0 en la Comisión de Acusación, presidida por Ana Florencia Salvatelli, del riñón de Juan Manuel Olmos, hasta ahora no se firmó un dictamen impulsando el jury. Argumentando que ya se vencieron los plazos, el macrismo y sus aliados pretendían archivar las denuncias en el último plenario del Consejo de la Magistratura antes de la feria.

La votación hubiera derivado en un empate de 4 votos porque uno de los consejeros, Alberto Biglieri, estaba internado por covid, con lo cual hubiera definido el presidente del Consejo, Alberto Maques, que vota junto al oficialismo.

Por ese motivo, el kirchnerismo y sus aliados decidieron no presentarse. “No dieron quórum y pretendían que el tema vuelva a la comisión de Acusación luego de tratar la recusación presentada por jueza Machiavelli (hermana del ministro de Medio Ambiente del gobierno porteño, Eduardo Machiavelli) pero sí querían archivar una denuncia de la Coalición Cívica contra los jueces y fiscales acusados por la causa del narco conocido como ‘Dumbo’”, lamentó un consejero del oficialismo.

El legislador Facundo Del Gaizo, autor de esa denuncia, se quejó ante Infobae por el tratamiento dentro del Consejo: “Es una vergüenza que se desestime sin investigar el accionar de los jueces en la causa ‘Dumbo’ cuando estuvieron frenados los allanamientos y se destrabó solamente porque el caso fue un escándalo mediático”.

Desde el oficialismo siguen cuestionando la maniobra del kirchnerismo en el último plenario: “Se abusaron de una situación de una persona que estaba en terapia”. Se trata del consejero Biglieri, que llegó a estar en terapia por el covid y recién el viernes volvió a su casa.

La batalla política por las clases presenciales incluyen una batería de denuncias penales contra los tres camaristas. Ese capítulo está en manos de la jueza federal María Servini, aunque ya hay un dictamen fiscal que desestima la acusación.

En el plano institucional, la definición se postergó para después de la feria judicial.

Según pudo saber Infobae, el macrismo intentará archivar las denuncias en el próximo plenario, con el voto (a distancia) del consejero Biglieri. Antes, habrá un debate jurídico profundo. En el kirchnerismo sostienen que el plenario no puede avanzar sin un dictamen de la Comisión de Acusación.

La discusión de fondo, ahora condimentada por el clima electoral, sigue siendo por las clases presenciales. Larreta anunció un plan progresivo para regresar a la normalidad en las escuelas de la Ciudad luego de las vacaciones y el kirchnerismo volvió a cruzarlo.

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