Martín Guzmán viaja a Venecia para reunirse a solas con Kristalina Georgieva y avanzar en la negociación técnica con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) asignados para cerrar con Argentina un Crédito de Facilidades Extendidas destinado a refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que dejó la administración de Mauricio Macri.
“No habrá anuncio de acuerdo con el FMI en Venecia, se trata de continuar con las negociaciones para lograr un programa sustentable”, comentó el ministro de Economía a sus asesores cuando le preguntaron sobre sus expectativas respecto del viaje relámpago que hará al norte de Italia.
Guzmán ya es experto en guardar secretos, y sonrió misterioso cuando en la misma reunión de asesores le comentaron sobre la posibilidad de un Zoom con Yanet Yellen, secretario del Tesoro de Joseph Biden y una pieza clave de la negociación que emprende Argentina para acordar la refinanciación con el Fondo.
“Veremos”, completó lacónico el titular del Palacio de Hacienda.
Guzmán está optimista con respecto a lograr una negociación exitosa con el FMI, pero hacia adelante tiene un escenario complejo que es atravesado por la interna del Gobierno y las exigencias de los países acreedores más importantes.
Argentina recibirá 4.300 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional y a su vez debe pagar vencimientos de capital por 4.100 millones de dólares. Alberto Fernández y Guzmán creen que hay que cancelar la deuda de capital (vence en septiembre y diciembre), aunque aún no se haya firmado el acuerdo que permita hacer un roll over por el total del Stand-By que firmó Christian Lagarde con Macri.
Esta posición lógica del Presidente y su ministro de Economía -si no se hace, Argentina cae en default- choca de frente con la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, que exige usar esos 4.300 millones de dólares en DEG para ayuda social destinada a aplacar los efectos de la pandemia. Dicho de otro modo: la vicepresidente privilegia la campaña electoral por sobre la negociación con el FMI.
Durante sus distintas reuniones en Venecia, Guzmán tendrá la difícil tarea de plantear reformas estructurales al sistema financiero global, discutir con los equipos técnicos del FMI qué acuerdo puede firmar la Argentina y explicar a Georgieva que será de incumplimiento cuasi imposible cancelar la deuda de capital de septiembre (1.900 millones de dólares).
CFK tiene los votos en la provincia de Buenos Aires, la fortaleza política del Frente de Todos se juega en el Conurbano, y los fondos frescos -DEG- por ahora se descargarán en el distrito clave de los comicios de medio término. Esta lógica de poder, en lenguaje económico-multilateral, deberá explicitar Guzmán ante la directora gerente para bloquear la posibilidad de un default con el FMI.
El ministro de Economía tiene una estrategia de negociación que diseñó junto a Alberto Fernández. Y esa estrategia puede beneficiar a la Argentina, pero sus tiempos como agenda estructural no coinciden con las necesidades políticas de la Casa Rosada ante la inminente campaña electoral.
Guzmán empuja un cambio en las reglas de juego para la obtención de créditos de los organismos multilaterales, ha puesto foco en la reducción de los súper cargos que impone el FMI y busca un denominador común al momento de negociar que los países ricos cedan sus DEG a las naciones pobres.
Sin embargo, esta agenda estructural que propondrá el ministro de Economía durante las sesiones del G20 contrasta con las necesidades coyunturales de la Casa Rosada. Si no hay pago de la deuda de capital en septiembre, Alberto Fernández y Guzmán tendrán poca credibilidad al momento de argumentar en favor de cambios estructurales en la gobernanza internacional.
“Nosotros queremos pagar la deuda, pero tiene que ser un programa sostenible. Y lo estamos negociando”, repite Guzmán como una letanía cada vez que le preguntan qué pasará cuando llegué el vencimiento de septiembre.
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