Presentaron la primera demanda contra el gobierno de Kicillof por la decisión de aislar en hoteles a quienes vuelven del exterior

Una familia presentó una acción de amparo reclamando la inconstitucionalidad de las normas dictadas por el Ejecutivo Nacional y la provincia de Buenos Aires a raíz de las nuevas restricciones para volver al país y la decisión de obligar a los bonaerenses que regresen del exterior a hacer una cuarentena obligatoria en hoteles, pagos por ellos mismos. La familia, que debe volver el domingo a la Argentina, sostuvo en su presentación que se fue del país “para suplir la falta de vacunas” por parte del Estado argentino y aseguró que “el encierro y restricciones para circular de los argentinos, merced del antojo de la autoridad jurisdiccional a la que se le delegó el control de la peste, no puede ser arbitrariamente ejercido con grave afectación de las garantías constitucionales”, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

La demanda fue presentada por el abogado Norberto Borlenghi, de 73 años, quien había recibido el 3 de abril la primera dosis de la SPUTNIK V. “Como la segunda dosis brillaba por su ausencia, y ante tal falencia no me quedó otra opción que costearme un viaje para completar el cuadro vacunatorio, con otra compatible como la PFIZER que me apliqué en USA”, aseguró.

En tanto, como sus hijas -María Valeria y María Julieta Borlenghi- tienen 23 años “y la vacuna en Argentina estaba muy lejos en un plazo incierto, tampoco les quedó otra alternativa que viajar, postergando sus tareas profesionales diarias, para conseguir en el exterior lo que la Argentina no proporciona, y ahora, de yapa encima, 4 días más sin acceso a los medios de trabajo aislados en un hotel desconocido”. A ellos se suma María Bibiana Collini, pareja de Borlenghi.

“La presente acción se promueve contra el PEN-Poder Ejecutivo Nacional, PRESIDENCIA DE LA NACION, MINISTERIO DE SALUD, y JEFATURA DE GABINETE y, contra la Provincia de Buenos Aires”, dice el escrito que ingresó ayer en el juzgado federal de San Martin, desde donde ya se corrió vista al fiscal para que opine, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

El escrito cuestiona la validez del DNU 411/2021, y la Decisión Administrativa Nº 643/2021 dictada por el jefe de Gabinete Santiago Andrés Cafiero, el ministro del Interior Eduardo Enrique de Pedro y la ministra de Salud Carla Vizzotti, y “la que se encuentra en ciernes de ser dictada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y nos tienen en ascuas hasta último momento, para consumar la violación en el fin de semana”.

“Se encuentra en ciernes una nueva amenaza y violación a nuestros derechos de propiedad, trabajo, vivienda, circulación, y salud, producto del capricho de los funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, sostiene la presentación.

“Todo ello resulta un absurdo intolerable, por cuanto más que protegernos y evitar la dispersión de una eventual propagación del virus -circunstancia poco probable ya que, para ingresar a la Argentina deberemos contar con dos PCR negativos, uno del país de salida y otro de nuestro país al llegar-, mantenernos cuatro días encerrados en un hotel, acrecienta las posibilidades de contagios, ya que estaríamos inmersos en una burbuja cerrada y cercana de posibles infectados, con lo cual no se cumple lo que la pretendida norma predica, sino todo lo contrario. Esta restricción constituye una afrenta a la libertad ambulatoria y de tránsito que se encuentra protegida por la Constitución Nacional, afectando los derechos protegidos por la Constitución”, se agregó.

Según se sostuvo, “no escapa a este presentante que la Administración debe resguardar la salud pública, pero ello no implica que constituya un pretexto para vulnerar los derechos ciudadanos, ya que ha existido tiempo más que suficiente para que la Administración arbitre los medios necesarios para que puedan regresar al país y a sus hogares los ciudadanos que se encuentran en el extranjero, bajo las condiciones y metodología que el mismo Gobierno ha establecido al momento de la partida de esos ciudadanos hacia el exterior”.

La demanda sostuvo que “no se explica en la normativa denunciada, porqué 600 personas que ingresan al país representan un menor riesgo de ingreso de la cepa Delta -tan temida- que los 2000 que estaban autorizados hasta el momento y que podía hacer la cuarentena en sus hogares”.

“Y esto no se soluciona con la asunción o imposición de los costos de la estadía en los lugares de aislamiento obligatorio que dispongan las autoridades provinciales. El problema no es el costo, es que no queremos exponernos a un riesgo mayor, en un lugar hostil y desconocido, sujetos a la difusión del virus entre desconocidos. La normativa restrictiva, no aborda ni explicita cuales son los criterios científicos que sustentan la medida en un marco de razonabilidad, tampoco demuestra por qué las mismas son estrictamente necesarias y mucho menos proporcionales al objeto que pretenden tutelar”, se añadió.

El reclamo habla de normativas violatorias “de principios, derechos y garantías constitucionales y legales, que hacen tanto al Sistema Republicano de Gobierno y Separación de Poderes, Derecho de Propiedad, la Prohibición de la Confiscatoriedad, la Igualdad y Razonabilidad Legal y Normativa” entre otras cuestiones. “Esta acción, consecuentemente, comprende a toda ley, decreto, norma reglamentaria, resolución administrativa y todo acto administrativo individual, ya dictada o que se dicte en el futuro, y que de cualquier manera, importe la restricción e impedimento del libre ingreso al país, e imposición de cuarentena en un hotel fuera del domicilio particular, derivada de normas que, en caso de que pretenda aplicarse, resultarían palmariamente inconstitucionales”, se añadió.

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