Hay alerta en todos los servicios penitenciarios de la Argentina. Temen que haya una cadena de motines por la proximidad de las elecciones, la menor calidad de los alimentos en algunas cárceles, la restricción de visitas y la escasa atención médica, entre otros motivos.
Un dato que pasó inadvertido dio la pista de que se avecinaban problemas en las cárceles del país. La directora de Salud Penitenciaria en la provincia de Buenos Aires, Sonia Quiruelas, renunció a su cargo por la falta de elementos y personal para atender la salud de los presos y carceleros. Ella intuía que lo que iba a suceder porque está entre las que vive más de cerca el ambiente de los penales.
El personal del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires (SPBA), además, está mermado por la muerte de más de 200 agentes por COVID-19 y hay un ausentismo de más del 20% producto de la pandemia.
Este problema afecta a todos los establecimientos y los presos lo saben. Por eso, Claudio Mansilla, el sicario más importante de la Argentina que maneja una banda que se especializa en muertes por encargo, aprovechó la ocasión y las fuertes sumas de dinero que maneja, para armar una fuga a sangre y fuego en la cárcel de Piñero a 14 kilómetros de Rosario.
Convenció a un grupo de presos para que se suban al “bondi” -como se llama en la jerga a la fuga- y los dividió en dos grupos para desconcentrar el fuego de las garitas que están sobre el muro. Mansilla no fue con ninguno de los grupos y estaría a salvo en Paraguay, según trascendió en el ambiente tumbero. No descartan que se encuentre en La Tablada porque allí mantiene fuertes conexiones. Su relación con los narcos no es a través de las drogas, sino de los ajustes de cuentas por los que cobra sumas altísimas en dólares.
Solo se recuerda un hecho similar al de Piñero. El 30 de agosto de 1994 en la cárcel de Batán en Mar del Plata, cuando el paraguayo Miguel Ángel Ruiz Dávalos alias “Migua”, que después fue integrante de “Los 12 Apóstoles de Sierra Chica”, liberó a dos cómplices que necesitaba para un robo. El alambrado, a diferencia de Piñero, fue fácil de cortar porque el salitre, por su proximidad al mar, lo había deteriorado. En Piñero necesitaron de una amoladora para cortar el alambre. A Migua y una cómplice -integraban una banda mixta de tres hombres y tres mujeres- los recapturaron. El resto murió acribillado por las fuerzas policiales en el chalet que habían alquilado en Mar del Plata.
Estos episodios de atacar las cárceles, despiertan alertas inmediato en los servicios penitenciarios del país, porque tienen una fuerte repercusión psicológica en los presos y hay riesgos de efecto dominó.
La debilidad en que está sumida el sistema carcelario por la superpoblación y por la ausencia de guardias, víctimas del coronavirus, es el otro dato clave.
Cabe recordar, que el motín de Sierra chica en Semana Santa de 1996 provocó el alzamiento de todos los penales del país.
El motín del miércoles en la Alcaldía 3 de Melchor Romero, nacido del contagio del de Piñero, es una parábola del sistema penitenciario argentino de los últimos años. Melchor Romero fue construida durante la gestión de Eduardo Duhalde como gobernador. Fue considerada la mejor cárcel de alta seguridad de Sudamérica por años, debido al equipamiento de avanzada. En esa penitenciaría se llevó a cabo el juicio a Los 12 Apóstoles, porque los consideraban tan peligrosos que era imposible juzgarlos en tribunales ordinarios.
Ese equipamiento se deterioró y los organismos de Derechos Humanos fueron incidiendo en desarmar ese penal. En la gestión de Daniel Scioli se la rebajó a la categoría de Alcaidía, donde alojaban los presos que estaban en las comisarías. En otras palabras, la transformaron en un penal de mediana seguridad.
Con el tiempo y debido a la superpoblación se armaron pabellones para hombres y mujeres. Tiempo después se creó el pabellón 11 para alojar a los ocho rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa en enero de 2020 en Villa Gesell.
Los presos tomaron de rehén a un guardia cárcel que lo liberaron tras las negociaciones. Los cabecillas fueron trasladados a penales de máxima seguridad. No se conoce el petitorio que hicieron, pero se cree que está asociado a pedidos de liberación de presos por falta de atención médica.
Cabe recordar, que el episodio de Sierra Chica, tuvo un costo alto para Duhalde. Tiempo después perdió las elecciones presidenciales con Fernando de la Rúa, porque el antecedente del motín en que lo acusaron de demorarse en resolverlo, lo hizo obrar apresurado en la toma de rehenes de Ramallo.
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