El gremio de Sanidad anunció medidas de fuerza por falta de acuerdo salarial y podría complicarse la atención en clínicas y hospitales privados

En medio de la pandemia, y cuando la segunda ola de COVID-19 sigue preocupando a las autoridades nacionales y provinciales, un conflicto salarial y económico amenaza con dificultar la normal atención de los pacientes en clínicas, sanatorios y hospitales privados.

Por un lado, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), cuyo Consejo Directivo esta liderado por Héctor Daer y Carlos West Ocampo, convocó a “un paro nacional de actividades de cuatro horas por turno los días jueves 1 y viernes 2 de julio, ante el fracaso de las negociaciones paritarias”.

A partir del día de ayer y hasta el 30 de junio, se realizarán “asambleas informativas en todos los sectores y turnos de cada establecimiento” para “debatir las medidas dispuestas”.

También desde ayer por la mañana, la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATSA) comenzó con movilizaciones en 12 puntos de la Ciudad de Buenos Aires, pero sin interrumpir el tránsito. Estas medidas se mantendrán también hasta el miércoles próximo.

Hasta el momento no hay una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, por lo cual el conflicto está trabado. Las miradas están puestas en la cartera que comanda Claudio Moroni. En marzo ya había decretado una conciliación obligatoria por medidas de fuerza dispuestas por el gremio.

El sistema de salud privado en crisis

Por otro lado, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), como anticipó Infobae, el jueves pasado mantuvo una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación para volver a fijar su posición: “Si los prestadores no reciben el aumento de aranceles necesario para afrontar las paritarias 2021, no se podrá avanzar en la negociación paritaria”, aseguraron.

En este sentido, los representantes de los efectores de la salud privada, entre otros ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina); CEPSAL (Cámara de Entidades Prestadoras de Salud) y CONFECLISA (Confederación Argentina de clínicas Sanatorios y Hospitales) de la FAPS, le dijeron a Moroni, como lo vienen expresando públicamente hace más de un año, que “los ingresos de los prestadores están atados a los aranceles impuestos por los financiadores”, esto es, obras sociales, empresas de medicina prepaga y PAMI: “Si esos aranceles no se actualizan acorde al porcentaje solicitado por FATSA para la negociación paritaria actual, las instituciones prestadoras no tienen posibilidad alguna de enfrentar el aumento”.

En diálogo con Infobae, Norberto Maschio, secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Buenos Aires, precisó que, si bien no hay un porcentaje aún volcado sobre el papel, el aumento salarial que se reclama “no puede ser menor del 40% con un reajuste del 5% para enero y febrero”, lo que llevaría el aumento paritario a un 45%.

“Las paritarias de Bancarios y el Congreso nos fijaron un piso y de ahí no nos vamos a mover. Cuando hablamos del 30% de aumento, era anterior a estos dos acuerdos”, explicó Maschio.

En el primer caso, Palazzo cerro el acuerdo con todas las cámaras del sector, y fue celebrado, inclusive, por el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó el miércoles pasado de la apertura del 48º Congreso Nacional Bancario en la sede gremial.

Desde el sector empresario de la salud entienden que no se pueden comparar esos aumentos. “El bancario es uno de los sectores más privilegiados en cuanto a tasa de ganancias. A los empleados del Congreso les paga el Estado. Nosotros estamos desfinanciados, hay clínicas en quiebra. La pandemia nos terminó de liquidar”, sostienen de manera dramática.

El miércoles 30 de junio los integrantes de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) realizarán un encuentro nacional de prestadores vía streaming, donde analizarán “los pasos a seguir frente a la dramática falta de financiamiento del sistema, en el marco de la segunda ola de la pandemia por COVID”.

Desde una de las cámaras empresariales que negocian las paritarias grafican el bajo ingreso que perciben por consulta con una comparación gastronómica: el fin de semana pasado en una cadena de supermercados una provoleta de primera marca costaba 591,31 pesos, mientras que una consulta básica en IOMA y FEMEBA la tienen arancelada en 590 pesos y la abonan a los tres meses.

A esto, los prestadores privados le suman los altos costos que tiene la medicación, como la que se necesita para la sedación de pacientes que precisan respiración mecánica y que en algunos casos tuvo un aumento superior al mil por ciento.

“La mayor parte de la medicación de alto costo, y mucho más ahora que hay faltante, hay que abonarla a los laboratorios en efectivo, o a los 30 días, y a nosotros las obras sociales nos pagan a los 90 días. En ese período suben los valores de los medicamentos, por eso las clínicas se están fundiendo, no porque están vacías, sino por estar llenas”, le dijo a este medio Gerardo Figueroa, el presidente de la Cámara de Prestadores del Conurbano.

“No pedimos un subsidio, sino un plan integral que nos permita poder trabajar y sostener a nuestros trabajadores, que son esenciales en este momento. Necesitamos de manera urgente que se recompongan los valores de los aranceles; si no, no vamos a poder abonar ni el medio aguinaldo”, asegura el representante del sector empresarial.

—Desde el sector privado sostienen que están quebrados, desfinanciados y que los contratantes, como prepagas, IOMA, PAMI, no les aumentan las prestaciones. ¿Ustedes que responden a eso? —le preguntó Infobae a Maschio, el hombre de Héctor Daer.

—Nuestro reclamo va a los empresarios. Nosotros somos el sector privado de la salud y entendemos que laburamos para ellos y son ellos los que nos tienen que dar respuesta. Nosotros somos trabajadores, ellos deberán reclamarle a quien corresponda. Entendemos los problemas de financiamientos. Pero lo tienen que resolver ellos en los lugares adecuados. Mas allá de poder comprender su situación, nuestro reclamo salarial no va dirigido a los financiadores ni a los efectores, sino a nuestros empleadores —respondió.

El conflicto, así planteado, al menos por ahora no tiene solución.