Pasaron más de seis meses desde que la vicepresidenta Cristina Kirchner expresó públicamente su intención de reformular la salud privada de la Argentina. “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado entre lo público, lo privado y las obras sociales, que optimice recursos”, declaró en aquel entonces. Fue en diciembre del año pasado que lo mencionó y, la semana pasada, renovó su planteo a favor de darle mayor intervención al Estado en las empresas del sector. En los dos momentos, el país era atravesado por el drama del coronavirus.
Por estos días, ese planteo generó un fuerte rechazo de parte de la mayoría de los gremios, de los responsables de la medicina prepaga, de clínicas y otros efectores del ámbito de la salud. Ahora, también se conoce que los usuarios tampoco están de acuerdo con esa idea lanzada por el ex presidenta. Es que una encuesta privada, mediante un sondeo de 1.500 casos a nivel nacional, concluyó que el 58% de los consultados se mostró en desacuerdo con esta propuesta. Del relevamiento llevado a cabo por Poliarquía Consultores, solo el 29% se pronunció a favor y el 13% dijo no estar en condiciones de responder.
“Entre los afiliados a las obras sociales el desacuerdo con la reforma alcanza al 57% y entre los asociados a las prepagas es del 71%. Es interesante señalar también que un tercio de los votantes al Frente de Todos tampoco está de acuerdo con esta propuesta. Entre los votantes a Juntos por el Cambio el rechazo es mayor al 80%”, explicó el informe.
Y continuó: “Más del 70% de los consultados piensa que una reforma del sistema de salud no debe ser decidida por el Gobierno, sino que requiere una amplia discusión en la que participen especialistas, la oposición y los responsables de las obras sociales y la medicina prepaga. El 45% de los entrevistados opinó que el sistema de medicina prepaga funcionaría peor si se impusiera una reforma con mayor injerencia del estado, contra solo el 17% que cree que funcionarían mejor. En el caso de las obras sociales la tendencia es similar: el 44% dijo que se desempeñarían peor, contra el 21% que cree que funcionarían mejor”.
Por otra parte, “el 63% rechazó la posibilidad de que los aportes que realizan los asociados a las prepagas y los afiliados a las obras sociales sean administrados por el Estado, mientras que solo el 20% lo consideró adecuado”.
“Preguntada la población por diversas situaciones que podrían suscitarse si hubiera mayor intervención estatal en el sistema de salud, se obtuvieron los siguientes resultados: el 55% se mostró en contra de que la autoridad pública diera autorizaciones para realizarse estudios y diagnósticos. El 67% estuvo en desacuerdo que la red de prestadores de las obras sociales y las prepagas las armara el estado; y el 69% desaprobó que los turnos médicos y de internación sean administrados por reparticiones públicas”, completó la encuesta.
La reforma del sistema de salud que propuso la ex presidenta encontró resistencia entre los integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), pero también apoyos en dirigentes cercanos al kirchnerismo como el camionero Hugo Moyano y el mecánico Ricardo Pignanelli, aunque admitieron que no conocen los detalles del proyecto.
“Siempre que sea para mejorar la situación de la salud me parece razonable. Las obras sociales han llevado adelante un papel muy importante en esta pandemia y están pasando por situaciones complicadas porque los medicamentos han aumentado en forma impresionante. No conozco en profundidad esto que se viene anunciando, pero creo que será para mejor: apoyamos la discusión para mejorar el sistema de salud”, afirmó Moyano.
Hace pocos días, el presidente Alberto Fernández adhirió al deseo de Cristina Kirchner al manifestar: “Tendremos que ver cómo optimizar y coordinar el funcionamiento del sistema público, las obras sociales y el sector privado”. “La Argentina tiene un sistema de salud singular en el mundo, donde convive el sistema público, el parapúblico y los privados, y que en un momento difícil como la pandemia han sabido afrontar el desafío y han funcionado”, aseveró el mandatario el 18 de junio en un acto en el Museo del Bicentenario. Antes de esas palabras, el propio jefe de Estado había manifestado tanto a gremialistas como a empresarios de la salud que esa idea no estaba siendo analizada por la Casa Rosada.
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