Los empresarios de la salud privada pidieron suspender las paritarias 2021 ante la dura crisis del sector

Las cámaras empresariales del sector de la salud pidieron al Ministerio de Trabajo la suspensión de las paritarias 2021 con la Federación de Trabajadores de la Sanidad hasta que se resuelva “el estado crítico en que se encuentran la mayoría de los prestadores” por “la variación que sufrieron los costos” y “el incremento de los valores retributivos que perciben por las prestaciones que brindan”.

Extraoficialmente, el sindicato que lideran Carlos West Ocampo y Héctor Daer solicitó un aumento anual del 30% en tres cuotas (20% en julio, 10% en agosto y 10% en septiembre), que, ante la negativa empresarial, accedieron a bajarlo al 29% (14% en julio, 8% en agosto y 7% en octubre).

Aun así, en la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) advirtieron a Infobae que “hasta que no haya solución definitiva para actualizar los aranceles, no hay manera de aumentar los salarios porque aumentan los medicamentos, los insumos importados y la mano de obra en medio de un fuerte aumento de los contagios, con terapias intensivas llenas y sistemas de ambulancias al rojo”.

En un comunicado de prensa, el sindicato advirtió que “no vamos a tolerar excusas ni explicaciones: los trabajadores de la Sanidad somos la artillería en la batalla contra la pandemia y vamos a exigir que se reconozca nuestro esfuerzo”. Y agregó: “No vamos a admitir dilaciones pacíficamente, vamos a reclamar lo que nos corresponde”.

Los sindicalistas de Sanidad mantuvieron la semana pasada un encuentro en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular del PAMI, Luana Volnovich, y el superintendente de Servicios de Salud, Daniel López.

Allí, West Ocampo y Daer anticiparon su idea de reclamar un 30% de aumento en las paritarias, luego de lo cual hubo contactos informales con los empresarios y de allí surgió la nota que esta semana la FAPS presentó ante Trabajo para pedir la suspensión de las negociaciones salariales, con copia a los ministerios de Economía y de Salud, la Jefatura de Gabinete, el PAMI y la AFIP.

El ministro Moroni convocaría en las próximas horas a los empresarios para hablar sobre la situación del sector y las paritarias, como una primera instancia de acercamiento que incluirá a en otro encuentro a los representantes sindicales de la Federación de Trabajadores de la Sanidad.

En la presentación efectuada ante Trabajo, la FAPS advirtió que “la situación del sector de prestadores de salud se ha agravado dramáticamente frente a lo que se reconoce como la segunda ola del COVID-19, ya que hace apenas unos días se registró el récord de contagios diarios en Argentina con 41.080 contagiados y no muchos días antes, el de muertes por COVID, con 745 fallecidos (según reportes del Ministerio de la Salud de la Nación)” y, por otra parte, el porcentaje de camas UTI ocupadas alcanzó el día 28 de mayo al 77,10%, contabilizando todas las patologías tanto del sector público como del ámbito privado”. “Esto ha generado que la capacidad prestacional actual en las instituciones con internación se ha recalentado y mantiene una alta ocupación de camas, agravada desde el inicio de la segunda ola de COVID-19″, señaló.

“Paradójicamente, el sector de la atención ambulatoria sufrió fuertemente las consecuencias por las restricciones a la circulación -fue sustancial la reducción de su actividad durante los primeros meses del ASPO, situación agravada por la dilatada postergación en declarar la esencialidad de sus servicios y las dificultades de estos prestadores para acceder al ATP durante el 2020 y actualmente al Repro -agregó la entidad-. Las situaciones de hecho descriptas (saturación extrema del sistema sanatorial, reducción inédita de la actividad del sector de atención ambulatoria) ha sido acompañado de un alto incremento del costo de los insumos médicos y de los recursos humanos, circunstancia a la que no resulta ajena el Estado, quien ha concentrado la compra de determinados insumos y recluta profesionales del sector privado ofreciendo compensaciones que dicho sector no se encuentra en condiciones de afrontar. Tampoco resulta desconocido para el Estado el impacto en el sector privado de las normas citadas sobre otros insumos como oxígeno y medicamentos, que han llevado sus valores a cifras exorbitantes que deben ser afrontadas por los prestadores del sector privado para seguir prestando sus servicios en un contexto sanitario de emergencia”.

Para la FAPS, según figura en la nota elevada a Trabajo, “particularmente crítico es el gasto en medicamentos por COVID-19 que llegaron a revertir la estructura de costos de un sanatorio. Lo que era 74% costo laboral / 26% costo no laboral, ahora pasó a ser 52% costo laboral / 48% costo no laboral. En esta dinámica son decisivos el mayor consumo y los mayores precios en los medicamentos de terapia intensiva. De la misma forma no es ajeno al conocimiento estatal, por ser quien realiza el conteo de casos de Covid y los sectores a los que pertenecen, que el personal del sector de la salud es quien ha tenido el mayor índice de contagios (hasta el 40%). A las ausencias lógicas generadas por estos contagios, se suman las ausencias generadas por contactos estrechos (directamente proporcionales al porcentaje señalado) y la de los trabajadores y trabajadoras dispensados por resultar grupos de riesgo en los términos de la Resolución 207/2020. Ello también incrementa exponencialmente el costo laboral por la necesidad de contratación de trabajadores de reemplazo, por el pago de horas extras y por la realización de guardias adicionales”.

Los empresarios alertaron que “esta situación inédita, sin antecedentes en la historia reciente del mundo, debe ser afrontada por el sector de prestadores de la salud privada sin reconocimiento de aranceles por parte de los financiadores, en algunos casos desde el año 2019; con diferimientos en los pagos que recibe y que producen un ahogo financiero que ya ha generado el cierre de establecimientos; con la necesidad de asumir costos igualmente inéditos debido a la refuncionalización de sectores que la atención de pacientes con COVID requiere y de asumir otros costos destinados a equipar dichos sectores, por ejemplo, con respiradores e instrumental de terapia intensiva y con los sectores de emergencia y asistencia médica domiciliaria, asumiendo la atención de situaciones críticas que le resultan ajenas por no poder derivar en tiempo y forma pacientes al sistema sanatorial debido a la escasez de plazas”.

En la nota, los representantes de la FAPS sostuvieron que “alguien podrá pensar que la situación ocasionada por el Covid 19 generó más trabajo para los prestadores privados. Pero más allá de la atención del Covid 19, desde el inicio de la pandemia la actividad en el sector prestador cayó considerablemente, debiendo en dicho contexto sostener sus estructuras, afrontar costos fijos cada vez más altos y asumir un mayor costo salarial por paritarias. A pesar de que los niveles prestacionales parecieron recuperarse lentamente hacia principios de 2021 (tomando como base el mes de marzo de 2020, período en el cual la atención médica cayó abruptamente por la expansión del virus), actualmente el avance de diferentes variantes de Covid y la nueva ola desembocaron en un nuevo periodo de reprogramación de prestaciones no vinculadas a patologías urgentes o con posibilidad de ser postergadas en función a la emergencia epidemiológica actual, lo que afecta gravemente la ecuación financiera y económica de los prestadores”.

En abril pasado, luego de largas negociaciones y el comienzo de un plan de lucha, prestadores de salud y dirigentes de Sanidad llegaron a un acuerdo que permitió actualizar las remuneraciones de la paritaria acordada en 2020: los trabajadores del sector recibieron un aumento retroactivo al 1° de abril de entre el 15% y el 16%, de acuerdo con el convenio, con lo cual completarán un 36,1% anual.

Las cámaras empresariales accedieron a otorgar el incremento luego de que el Gobierno aceptó impulsar algunas medidas para aliviar la crítica situación del sector: el PAMI aumentó un 34% el valor de las prestaciones, hubo incrementos para los aranceles en las prepagas y se extendieron hasta fin de año los alcances del decreto 300/20, que redujo en un 95% las contribuciones patronales con destino a la ANSES para los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud.

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