Carlos Osvaldo Ibarra (61) fue empleado de la Municipalidad de Santiago del Estero, luego trabajó en el gobierno provincial, y desde 2014 cobra un sueldo en el Senado de la Nación. Según registros oficiales a los que accedió Infobae, trabaja en el despacho de Gerardo Montenegro, acusado de manejar una red de cooperativas truchas que recibieron al menos $90 millones en subsidios del Estado santiagueño.
Con esos ingresos de empleado estatal, Ibarra pudo acceder a bienes de lujo. El 1 de julio de 2019 patentó en el registro número 3 de la capital santiagueña una camioneta Audi Q2 2.0 TFSI AT Quattro. Menos de un año después, el 19 de marzo de 2020, adquirió otro modelo más caro de la misma marca. Según la denuncia que hizo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ante la justicia federal de Santiago del Estero, Ibarra compró una camioneta Q5 TFSI-TRONIC Quattro, dominio AE198XD, un vehículo de lujo que no se consigue en el mercado por menos de USD 70 mil.
Ibarra no es simple empleado de la Cámara alta: también cumple funciones como secretario de Finanzas de UPCN-Santiago del Estero, el gremio estatal controlado por senador santiagueño desde 1998. Su cercanía con Montenegro lo puso bajo la lupa de la Justicia y se convirtió en una de las nueve personas mencionadas en la denuncia judicial.
El escándalo comenzó a partir de una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF), revelada por Infobae hace dos semanas. Ese organismo detectó una red de cooperativas ligadas al senador Montenegro. En enero de 2020, tras el cambio de gobierno, el informe de la UIF aterrizó en la PROCELAC, que finalmente presentó una denuncia por lavado de dinero en diciembre pasado.
Esa presentación menciona un total de siete cooperativas. En todas aparecen familiares directos del senador, empleados del Senado, empleados públicos de la provincia de Santiago del Estero, y hasta trabajadores de UPCN.
Las cooperativas cobraron más de $90 millones en subsidios del gobierno provincial. Con ese dinero no se hicieron obras. Tampoco se dio trabajo.
Una de ellas, llamada “Consumo y Crédito Solidaridad Limitada”, está íntimamente vinculada a su mujer, María Teresita Sciolla, y a uno de sus hijastros, Javier Sciolla (44), quien figura como secretario. En 2017, esa cooperativa cobró subsidios de la Contaduría General de Santiago del Estero por $4.320.000. Y en 2018 sumó otros $7.745.00. Según la investigación de la UIF, nunca presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismo regulador.
Otra cooperativa investigada por la UIF se llama “Trabajo, Construcción y Servicio Libertad Limitada”. En apenas tres meses, entre noviembre de 2018 y enero de 2019, recibió $2.940.000 repartidos en seis cheques del gobierno de Santiago del Estero.
En la denuncia judicial de la PROCELAC también aparecen mencionadas otras cinco cooperativas: “De Trabajo Unidad Barrial”, “De Trabajo El Porvenir”, “De Trabajo por Cunan Nuna”, “De Trabajo Textil Forjando Nuestro Futuro” y hasta una que se llama “Cambalache”. Ese grupo cobró un total de $71.751.473 entre entre mayo de 2016 y el mismo mes de 2017. La ruta del dinero nunca se pudo seguir porque casi $69 millones se retiraron de los bancos en efectivo.
Desde diciembre, la denuncia deambula por el despacho de la fiscal federal Indiana Garzón, una de las candidatas que impulsa el kirchnerismo duro para reemplazar a Eduardo Casal en la Procuración General. “El expediente lo maneja ella personalmente y su secretario Pablo Álvarez, nadie más puede acceder”, dijo una fuente judicial.
Garzón cuenta con el aval de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, el CELS, y hasta del actual embajador en Rusia, Eduardo Zuain. Pero también tiene llegada al secretario de Justicia Martín Mena y al ministro Martín Soria.
Esta semana, la UCR y el PRO de Santiago del Estero le pidieron a la fiscal que impulse la causa. “Le pedimos, Sra. Fiscal General Indiana Garzón, que no mire para otro lado, que haga su trabajo tal como se comprometió al momento de jurar. Hoy toda la provincia se merece la verdad”, sostuvo un comunicado de Juntos por el Cambio, que menciona la investigación de Infobae.
El juez que interviene en el caso, Sebastián Argibay, tampoco le dio impulso al expediente, aunque la investigación está a cargo de la fiscal. En Santiago del Estero aseguran que el magistrado, un ex miembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) elegido durante la presidencia de Mauricio Macri, es muy cercano al gobernador Gerardo Zamora.
La denuncia de la PROCELAC sostiene que el dinero entregado a los cooperativas terminó en la compra de autos, camionetas y hasta propiedades. Además de las dos camionetas AUDI del empleado de Montenegro, también aparece una camioneta Toyota SW4 4x4 2.8 TDI todoterreno. Ese vehículo directamente figura a nombre del senador.
Montenegro ocupa una banca en el Senado de la Nación desde 2013. En las últimas elecciones fue reelecto por otros seis años impulsado por el gobernador Zamora. En su provincia, Montenegro es más conocido por su rol de dirigente gremial: desde 1998 maneja la delegación local de UPCN, uno de los gremios estatales con mayor cantidad de afiliados. Además tiene una pata en el deporte: preside el club de básquet Quimsa, que acaba de llegar a la final de la Liga Nacional, y está a cargo de la Asociación de Clubes de Básquet (ADC).
En el caso del hijastro de Montenegro, Javier Sciolla, la denuncia le adjudica una moto Honda y un Chevrolet Prisma.
Infobae reveló esta semana que ese joven compró junto a su madre una casa en un barrio cerrado de Miami. La operación se hizo en noviembre del 2019 a través de la sociedad JM SILVER GROUP LLC, propiedad de ambos. Aunque la denuncia judicial no menciona esa propiedad, la PROCELAC ya había detectado a la sociedad creada por los familiares de Montenegro y una transferencia de USD 5 mil a la constructora LENNAR.
Los otros denunciados son Walter Gómez (tesorero de la cooperativa “Solidaridad” y empleado provincial), Ramón Orlando Bravo (empleado del gobierno de Santiago del Estero desde febrero de 2007 y secretario de Comunicación de UPCN), Juan Pablo Juárez (empleado de la Provincia desde 2002 e integrante de la cooperativa “El Quebracho”), Marcelo Ramón Vélez, Antonio Suares Valle y Fabiana Alejandra Gonzalez. Todos compraron autos y motos.
También hay operaciones sospechosas a nombre de una SRL denominada JMSC, propiedad de la mujer de Montenegro (80%) y del hijastro (20%). Esa sociedad compró un Ford Focus, un Peugeot 308, un Peugeot Partner, un BMW 503 descapotable, un Volkswagen T-CROSS, y hasta un camión IVECO modelo 274.
Pese a esa abrumadora cantidad de pruebas, la fiscal Garzón todavía no impulsó la denuncia.
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