Cómo reaccionó el Gobierno ante la publicación de la proclama del kirchnerismo que presiona a Alberto Fernández para suspender el pago de la deuda

Este martes a la mañana un numeroso grupo de políticos, sindicalistas, empresarios, actores y periodistas, identificados con el kirchnerismo más duro, publicó un documento, bajo el título la “Proclama del 25 de mayo”, que tuvo como objetivo presionar al presidente Alberto Fernández para tomar la decisión de suspender el pago de la deuda al FMI.

El documento fue impulsado por el ex juez Raúl Zaffaroni y por la diputada nacional Fernanda Vallejos. Ambos dirigentes son muy cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La proclama tuvo un claro sello K y un objetivo marcado: condicionar la decisión del Jefe de Estado y de su ministro de Economía, Martín Guzmán.

En el Gobierno tomaron como “un hecho natural” el pedido de los representantes del kirchnerismo, el sindicalismo y el sector militante para que, como marca el documento, “todos los esfuerzos se destinen a contrarrestar los enormes daños económicos y sociales” de la pandemia.

“Los planteos no van en contra de lo que pensamos nosotros, pero hay algunos puntos que son difíciles de cumplir”, aseguraron a Infobae fuentes del gobierno nacional. En definitiva, evitaron entrar en una polémica sobre un documento que alteró la agenda política del 25 de mayo.

El escrito representa también un fuerte condicionante para el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien está avanzando en las conversaciones con el FMI con el objetivo de poder afrontar los próximos pagos.

En el ministerio de Economía la respuesta fue similar. No los sorprendió la misiva y entendieron el planteo. En el Gobierno no hay voluntad de generar tensión con idas y vueltas que expongan las diferentes posturas internas.

Lo que quieren evitar es volver a caer en un intercambio de críticas y chicanas similar al que protagonizaron durante la discusión por la fallida renuncia del subsecretario de Energía, Federico Basualdo.

Según dejaron trascender desde el Gobierno hay tres puntos de los que marca la proclama K que son difíciles de cumplir:

El primero es es lograr que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apoye la querella presentada por el gobierno nacional contra los funcionarios de la gestión de Juntos por el Cambio por la obtención del préstamo “stand by”.

El segundo exigirle al FMI que brinde apoyo para continuar con las investigaciones para determinar si la deuda fue legítima o ilegítima y que colabore en encontrar lo que consideran que son “fondos fugados del país”.

El tercero tiene que ver con el pedido de suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria.

El Gobierno no pretende suspender el pago de la deuda con el FMI. Lo que está buscando es la refinanciación. La suspensión implicaría caer en un default y no es el objetivo oficial en este momento.

En lo que respecta a la deuda con el Club de París, en la Casa Rosada entienden que hay que plantear la refinanciación del capital y los intereses. En la negociación con el FMI no hay margen para esa jugada. Por eso el Gobierno pide terminar con el pago de los sobrecargos mientras paga los intereses.

Si bien no sorprendió el planteo del kirchnerismo, en el corazón del Gobierno no cayó demasiado bien la proclama durante de feriado. De todas formas, se mantienen en la idea de no polemizar y evitar una confrontación con el ala K del Frente de Todos.

La proclama tuvo el apoyo de sindicalistas como Pablo Moyano (Secretario General Adjunto del gremio de Camioneros), Héctor Daer (Secretario general de la CGT), Hugo Yasky (Secretario general de la CTA) y Pablo Micheli (dirigente de la CTA de los Argentinos).

También la respaldaron Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ) y Gildo Insfran (Formosa); y ex funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina, entre ellos Felisa Miceli (ex-ministra de Economía), Amado Boudou (ex vicepresidente), Rafael Bielsa (ex-Mtro. Relaciones Exteriores).

Entre los actuales legisladores que apoyaron el documento se encuentran el senador Sergio Leavy y los diputados nacionales, Lucía Corpacci, Itaí Hagman, Juan Carlos Alderete, Héctor “Gallego” Fernández, Carolina Moisés, Liliana Schwindt, Marcelo Koening y Verónica Caliva.

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