Una nueva cuestión de Estado enfrenta a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner

En el último minuto de la entrevista que concedió el sábado a la cadena CNN, el presidente Alberto Fernández explicó que Daniel Rafecas sigue siendo su candidato a ocupar el sensible puesto de procurador general de la Nación. “Yo ya mandé un nombre y ese nombre yo lo mantengo”, afirmó. “Es el candidato que yo voy a mantener”, insistió. Por esas mismas horas, voceros del instituto Patria regaban las redacciones con la versión de que Cristina Kirchner está decidida a resistir el nombramiento de Rafecas. No era necesario. El presidente postuló a Rafecas días después de asumir el cargo. Desde entonces, en el Senado no hubo ninguna gestión o diálogo o negociación para intentar que la voluntad presidencial se cumpla.

Rafecas es un juez muy difícil de identificar políticamente, como debería ser la norma para un juez. Fue acusado de antikirchnerista cuando fue el primero en atreverse a allanar el departamento de Amado Boudou, por el caso en el que finalmente fue condenado. Luego fue señalado como kirchnerista porque archivó la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por la firma del controvertido memorándum con Irán. Rafecas es un discípulo del penalista Esteban Righi, el hombre que fue designado como procurador por Nestor Kirchner y destituido por Cristina, luego de aquel allanamiento a su vicepresidente. Righi era un hombre al que el Presidente quería y admiraba.

La idea de designar a Rafecas tiene un aroma a los primeros tiempos del kirchnerismo, cuando -para diferenciarse de las prácticas menemistas-, Nestor Kirchner construyó una corte independiente. Sin embargo, la figura de Rafecas no cierra para las ideas que dominaron al kirchnerismo, progresivamente, desde la asunción de Cristina y según las cuales la Justicia es un territorio de disputa donde se valora más la obediencia que la independencia. En esa dinámica, se entiende la resistencia del bloque de senadores que conduce la vicepresidenta para designar al juez en el lugar del procurador.

Hasta la semana pasada, ese conflicto entre Fernandez y Fernández se mantenía disimulado porque la oposición no concedía los votos necesarios para la aprobación del pliego de Rafecas. Esa negativa abrió un espacio para que el Frente de Todos impulsara una ley que le permitiera designarlo por mayoría, sin necesidad de la oposición. Pero esa ley, por ahora, está trabada en la Cámara de Diputados. En ese proceso, la oposición cambió de posición y anunció que apoyaría a Rafecas.

Parecía todo terminado. El presidente apoya a Rafecas. La oposición también. El juez está en condiciones de ser designado casi por unanimidad.

Pero eso no ocurre.

Y no ocurre por una sencilla razón: la vicepresidenta se opone.

El Presidente tiene previsto insistir. El sábado lo puso en claro. “Yo mandé un nombre y ese nombre lo mantengo. Es el candidato que voy a mantener”.

Uno de los motivos por los que Cristina resiste a Rafecas es que el juez se opuso a la modificación de la ley impulsada por ella para designar al procurador solo por la mayoría oficialista. “Si a mitad del proceso para mi designación se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación”, escribió Rafecas.

Así las cosas, el nuevo conflicto entre el presidente y su vice podrá tomar distintos caminos posibles.

El más sencillo de ellos es que el Senado se reúna y apruebe el pliego. En ese caso, el oficialismo dará un golpe político. Sería muy difícil acusarlo de querer maniatar al Poder Judicial y destruir la República si finalmente designa a un hombre que ha dado claros gestos de independencia en un cargo tan importante. Ese mismo efecto fue el que le dio un aura reformista a la llegada de Nestor Kirchner a la Casa Rosada.

Si eso no ocurre, algo que -dada la resistencia de Cristina- es muy probable, entonces el Frente de Todos deberá recorrer un camino más escarpado. Primero, deberá lograr que se apruebe en Diputados la ley que reforma la manera de designar al procurador. Esa sesión ya expondrá a un oficialismo queriendo copar la Justicia. Si lo logra, empezará la discusión por el nombre. Quien debe determinarlo es el Presidente. ¿Insistirá o cederá, como tantas otras veces, al reclamo de su vice? Esa pulseada exhibirá en públicos algunos de los rasgos más extraños de la conducción de la alianza gobernante.

Después de eso vendrá la aprobación del nuevo candidato, y más tarde el escrutinio meticuloso sobre cada una de sus acciones y designaciones. Es decir, que el oficialismo se irá internando por un pasillo con un alto costo político, parecido al que sufrió con la intervención del Indec en 2007. Todas las decisiones del nuevo procurador serán discutidas en la escena pública como gestos de militancia, destinados a la absolución de cristinistas o a la persecución de opositores.

La solución a este problema es sencillísima: el Presidente ya envió el pliego de Rafecas y defendió a su candidato, la oposición dio señales de apoyarlos. No hay mucho que discutir. Ese camino virtuoso le ahorrará al Gobierno una serie evidente de problemas.

Pero Cristina no lo quiere y entonces lo traba. La consecuencia de todo esto es que seguirá en su cargo Eduardo Casal, el procurador interino que asumió luego de la renuncia forzada de Alejandra Gils Carbó. El intento de designar a un soldado con los votos propios ha logrado, como se ve, la consecuencia inversa. No sería la primera vez que ocurre.

Mientras tanto, la vicepresidenta traba en público la voluntad explícita del Presidente. Y ello sucede en medio de uno de los momentos más trágicos de la historia argentina.

Todo muy normal.

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