Debate insostenible en el pico de la pandemia y falta de votos: doble costo para el Gobierno por su ofensiva sobre los fiscales

Daniel Rafecas aspira a ser, y lo dijo con más cuidados, el jefe de los fiscales pero como coronación de un trato entre los dos principales frentes políticos del país. Una pieza con juego propio, no sometida al poder por debilidad de origen. En rigor, la ley actual apunta en esa dirección al demandar una mayoría especial en el Senado para cubrir el cargo máximo del Ministerio Público Fiscal. Todo razonable, si no fuera porque su pliego fue remitido por el Presidente hace diecisiete meses, quedó frenado en la Cámara alta -territorio de Cristina Fernández de Kirchner- y ahora aparece aunque como reclamo opositor, no sin internas, frente al reactivado intento kirchnerista de cambiar las reglas de juego para nombrar o remover al procurador a simple voluntad oficialista.

El proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Publico Fiscal fue colocado en los primeros renglones del temario político apenas Martín Soria se acomodó en el despacho que ocupaba Marcela Losardo al frente del Ministerio de Justicia. El enorme desgaste por la ofensiva judicial, motorizada por el kirchnerismo duro, había producido así la baja más sensible hasta ahora en el equipo presidencial. La iniciativa en cuestión fue parte de la artillería: un gesto fuerte, porque avanzaba en el Senado mientras se cajoneaba el pliego de Rafecas. Después, el Presidente terminó dándole su aval a la movida. Resulta otra muestra del estado de cosas en el poder que es expuesto nuevamente, sin claridad sobre el candidato oficial en caso de ser cambiadas las reglas de juego.

El debate tuvo ahora un nuevo capítulo púbico y varios movimientos más subterráneos. El oficialismo avanzó con el dictamen de comisiones en Diputados, con modificaciones mínimas que en todo caso devolverían el papel al Senado para su sanción definitiva. El problema es que no termina de juntar los votos para llevarlo al recinto de la Cámara baja. No le alcanza con el puñado de aliados automáticos. Y hasta habituales colaboradores al menos con el quórum, esta vez dieron indicios de plantarse en una negativa a dar número.

Con todo, la fuerte discusión en las comisiones alcanzó para exponer el carácter de mínima extemporáneo de la jugada oficial. Se produjo en momentos en que el foco está puesto en la escalada de contagios y muertes por coronavirus, con idas y vueltas sobre las nuevas restricciones en un marco social agravado por la crisis. Eso, naturalmente, no pasó inadvertido para la oposición. En Juntos por el Cambio destacan el fuerte discurso de Silvia Lospennato, que contrapuso el delicado cuadro sanitario al debate “de la impunidad” del oficialismo. El video con la intervención de la legisladora circuló fuerte por las redes sociales. Pero el contraste también habría influido en la toma de distancia de “independientes” que han votado más de una vez junto al Frente de Todos.

La conducción de JxC pudo unificar un discurso, a pesar de cuestionamientos domésticos y algún malestar por las declaraciones de Elisa Carrió antes de que fuera agotado el debate interno. Hubo tal vez menos pulseada que frente al visto bueno para la prórroga de las elecciones, según dicen. El nuevo contexto permitió definir de algún modo el debate inicial abierto hace casi un año y medio con la postulación de Rafecas. El único compromiso de entonces fue tomar una decisión unificada, pero el contenido era un interrogante. Ahora, se decidió comprometer el respaldo al pliego del actual juez federal, plantear su tratamiento al oficialismo y reclamar el retiro de la reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal.

Esa movida agregó tensión en el tablero oficialista. Ya existía fastidio con Rafecas, sobre todo en el kirchnerismo duro. Consideran un “desplante” haber ratificado que su límite es el cambio del requisito de los dos tercios de los votos por la mitad más uno. En otras palabras, que no aceptará ser designado con la ley reformada.

La reforma no se limita al número de apoyos necesarios. De hecho, no sólo sepulta el actual camino del acuerdo político para designar al jefe de los fiscales. También le permitiría al oficialismo, con el peso actual que tiene en el Senado, avanzar con su remoción, entre otros puntos. Como se ve, además de razones institucionales podrían computarse motivos de preservación.

Por lo pronto, junto al malestar que se dejaba circular en formato de trascendido, la única respuesta pública estuvo a cargo de Soria. El ministro intentó primero ser irónico. “Daniel pude insistir en lograr los consensos si él cree que con su nombre y prestigio lo puede lograr”, dijo. Después fue directo al ratificar el proyecto. “Creo que (Rafecas) se apresuró. Esta es una ley que es necesaria más allá de quien sea el próximo procurador”, remató.

Es probable que tales dichos afirmen a Rafecas en su posición personal. Desde ya, ratifican la voluntad oficialista en este terreno. El interrogante es cuánto influye el costo de forzar un debate de este tipo en momentos pico de la pandemia, y con el agregado que impone mantener abierto el tema sin contar al menos por ahora con los votos en Diputados.

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