
Es como si en Londres se hubieran puesto a debatir una reforma del código minero bajo las bombas de Hitler. O en Japón un nuevo estatuto pesquero después del tsunami de 2011.
¿Qué tienen los políticos en la cabeza?
Las iniciativas del Gobierno y sus legisladores transcurren en un universo paralelo al que transitan los argentinos día a día. El énfasis y la energía del oficialismo están puestos no en proteger a los argentinos del flagelo de la pandemia sino en blindarse a sí mismos frente a futuros avatares producto de la corrupción o del incumplimiento de sus funciones.
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Todo el esfuerzo está concentrado en llevarse puesta una herramienta que hace a la institucionalidad de una república, como es la autonomía de los fiscales.
La pretensión de elegir al Procurador, o jefe de los fiscales, por mayoría simple -mitad más uno- y no por mayoría calificada -dos tercios-, como es en la actualidad, es muy difícil de presentar como un avance democrático o republicano. Lo mismo que limitar el mandato del Procurador y, más aun, poner a ese funcionario a tiro de juicio político del oficialismo al disminuir también las mayorías necesarias para una acusación, de dos tercios a mayoría simple.
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Solo la obediencia debida parlamentaria explica que este proyecto se esté debatiendo, que tenga media sanción del Senado (desde el 28 de noviembre pasado) y dictamen en Diputados y que esté insumiendo el tiempo legislativo en el mismo momento en que nos golpean las cifras récord de muertos por Covid -ayer, 745; hoy, 494- y de contagios, que el martes fueron 35.543 y hoy saltaron a 39.600 casos. A esto se suma una alarmante ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva: más de 72,20 por ciento a nivel nacional, el porcentaje más alto desde el inicio de la pandemia.
¿Cómo creerle al Gobierno que su preocupación son las vidas de los argentinos si la prioridad la ponen en un proyecto que sólo está destinado a ellos mismos y, como cada vez más sospechan los argentinos, a proteger a una persona en particular?
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La reforma es caprichosa y extemporánea, además de anti-republicana. El berretín de debatirla ahora demuestra que para este gobierno, al revés de lo que declama, la vida humana carece de valor.
Cuando surgieron las primeras críticas a su proyecto de reforma judicial, los voceros del Gobierno empezaron a culpar a los jueces por la inseguridad y los femicidios, con la burda pretensión de atribuir toda la responsabilidad a un solo poder. Apelaron a cualquier excusa para esmerilar a un poder al que han puesto en la mira y así legitimar una reforma judicial tirada de los pelos cuya verdadera finalidad es inconfesable y nada tiene que ver con el sufrimiento de la gente común que busca justicia.
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Ya demostraron en sus anteriores gestiones que la única seguridad que les interesa es la propia, como cuando enrejaron la Casa de Gobierno al tiempo que hacían oídos sordos a los reclamos de las víctimas de la violencia delictiva. Del mismo modo, la única seguridad jurídica que les interesa es la de su facción.
Reiteran esa conducta: ponen más entusiasmo en promover esta reforma indefendible que en negociar la llegada de vacunas.
Llevamos más de un año de pandemia y todavía no crearon un comité de crisis a la altura de las circunstancias, capaz no sólo de lidiar con el día a día, sino de ir previendo cómo paliarán en un futuro inmediato las consecuencias económicas, sociales y educativas de las largas restricciones impuestas.
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El año pasado pararon todo para someter nuevamente a la Argentina a un debate que la divide hondamente porque hace a uno de los temas más álgidos de la problemática humana porque concierne a la vida misma. Dividieron a los argentinos con una ley que además agregó mayor tensión al sistema de salud en medio de una emergencia sanitaria...
Mientras tanto, no fueron capaces de prever la segunda ola, por eso hoy la enfrentan con la misma imprevisión, en particular con la misma deficiencia en testeos y seguimiento de casos, las dos herramientas clave usadas por los países donde la pandemia se combatió con éxito.
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Así como no tuvieron cabeza para prever, tampoco tienen espalda para aguantar. Por eso hoy corren detrás de los acontecimientos. Y no tienen mejor respuesta que buscar chivos emisarios, se trate de los gobiernos distritales opositores o de los jueces. O de los padres que mandan a sus hijos al colegio.
El infaltable Raúl Zaffaroni -cuya doctrina abolicionista penal contribuyó ampliamente a la indefensión de los argentinos frente al delito-, señalando la paja en el ojo ajeno, amenaza con acusar por homicidio culposo a la Corte Suprema de Justicia por los muertos del Covid.
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Concentrados en limar a un Poder que no se muestra maleable, funcionarios y legisladores demuestran en los hechos que la vida de los argentinos es para ellos el último bien a proteger. El último de los derechos humanos.
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