El gobierno porteño ratificó ante la Corte Suprema la necesidad de mantener las clases presenciales y apuntó a la falta de coordinación en el Ejecutivo

La Procuración porteña hizo hoy una presentación ante la Corte Suprema para ratificar la importancia de mantener las clases presenciales dentro de la ciudad de Buenos Aires. En ese mismo escrito, los abogados que representan al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta destacaron la “falta de coordinación” entre el Ministerio de Educación nacional, a cargo de Nicolás Trotta, y el resto del Gobierno, que decidió avanzar hace dos semanas con restricciones en las escuelas.

El lunes, la Corte le dio traslado a la ciudad de Buenos Aires, por 48 horas, de toda la documentación que presentó el Estado nacional en su última presentación. El máximo tribunal también recibió esta tarde la respuesta de la Procuración General, que opinó sobre la constitucionalidad del decreto presidencial.

En su última presentación, el gobierno porteño recuerda de manera intencionada “la postura en favor de la continuidad de las clases presenciales sostenida ante la prensa por el titular de la cartera educativa, horas antes de que el Presidente de la Nación anunciara en cadena nacional los lineamientos del decreto 241”. Y agrega que en el expediente todavía no se presentaron los informes que reflejen la opinión técnica del Ministerio de Educación de la Nación.

“A nuestro entender -dice el escrito de la Procuración porteña- esta omisión refleja no sólo la falta de coordinación en la articulación de una medida tan importante como es suspender la presencialidad en las escuelas, sino también la arbitrariedad del decreto aquí cuestionado”.

El viernes 16 de abril, diez minutos antes de la reunión en Olivos con el presidente Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, a través de sus abogados, presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad (más una cautelar) por entender que la suspensión de las clases presenciales “no se encuentra justificada en datos empíricos, resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional” y “constituye una clara violación al principio de igualdad, porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021″.

Rodriguez Larreta mantuvo las clases presenciales gracias a un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña que hizo lugar al pedido de un grupo de padres. En repuesta, el gobierno nacional acudió a la Justicia federal pero no logró cambiar la decisión política.

El lunes por la noche, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, desplegó una serie de argumentos para defender la suspensión de la presencialidad de las clases en el AMBA.

Según los abogados porteños, patrocinados por el procurador Gabriel Astarloa, la documentación presentada por el Estado nacional refiere a datos epidemiológicos que no son los de la Ciudad, sino del AMBA. “Presenta datos a nivel mundial, del país y del Área Metropolitana de Buenos Aires (en adelante AMBA), pero en ningún caso presenta información relacionada concretamente con la situación epidemiológica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que torna a dichos informes en insuficientes a la hora de adoptar una decisión relativa al ámbito de ésta”, dice el escrito.

La Ciudad volvió a ratificar que las clases presenciales no provocaron un aumento de casos y que no tienen incidencia sobre el transporte público. Según datos actualizados hasta el 22 de abril, en la Ciudad hubo 9.008 casos acumulados en el sistema público y privado de educación, y el porcentaje de positividad por contacto ante un caso confirmado fue del 0,012.

“Esta circunstancia sumada a que la ocupación de camas en el sector público del sistema de salud con casos graves no superó hasta la fecha del DNU N° 241/PEN/2021 el 45% de ocupación, sustentan la necesidad de sostener la presencialidad en forma conjunta con el monitoreo estricto de los indicadores epidemiológicos”, resume la presentación.

Según la Ciudad, el Gobierno nacional hasta ahora no pudo demostrar, al menos en el plano judicial, “que la escuela sea un lugar no seguro y que la misma constituya un foco de contagio de tal magnitud que justifique adoptar una decisión como la de suspender la presencialidad de las clases”.

Por último, el Gobierno porteño ratificó “la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de ese derecho”.

Con los dos dictámenes presentados, ahora la definición quedó en manos de la Corte.

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