Un fiscal de Morón denunció al presidente Mauricio Macri y pidió investigarlo por los delitos de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia. Es por el tuit que el ex presidente escribió en la tarde del jueves llamando a los intendentes bonaerenses de su espacio “a imponer su liderazgo” para que las escuelas permanezcan abiertas, contra la decisión nacional y bonaerense de interrumpir las clases presenciales durante quince días.
Para el fiscal, Macri hizo “un llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires”. El fiscal habló de “las irresponsables declaraciones del ex presidente” y sostuvo que “el derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, en particular, como en el caso, cuando los dichos emanan de un anterior primer mandatario y los mismos conllevan una gravedad institucional tal que invita al caos en el gobierno provincial”.
La presentación la hizo Javier Ignacio Baños, agente fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, ante su superior, la fiscal general interinamente a cargo de la Fiscalía Gereral de Morón, Karina Iuzzolino.
Ayer, Macri escribió en su red social: “Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”.
“Más allá que puedan no resultar de su agrado -dijo el fiscal denunciante-, todas las medidas que los Estados –el provincial y los municipales– adopten para hacer frente a la pandemia y que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, serán siempre limitadas temporalmente, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y por lo tanto legítimas y obligatorias”, opinó el denunciante.
A criterio de Baños, “con sus manifestaciones (Macri) arenga adicionalmente al público en general para que desobedezca disposiciones lícitas emanadas del Ejecutivo provincial, y en definitiva, frustrándose toda legitimación y eficiencia concreta de los protocolos que se buscan implementar”.
En su escrito, el fiscal afirmó que Macri “habría cometido conductas que presumiblemente encuadran en las figuras de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia, sin perjuicio que puedan resultar otras calificaciones conforme a la investigación que se produzca”.
La presentación continúa: “Debido a la naturaleza de los delitos que se denuncian, al daño irreparable que podrían ocasionar y a la gravedad institucional que ello implicaría, solicito que se investigue la posible comisión de los injustos que se produzcan como consecuencia de los irresponsables actos realizados por el ex presidente de la Nación, en cualquiera de sus formas de participación criminal (coautoría, complicidad, instigación) o como encubrimiento de los hechos”.
La denuncia habla de “la tragedia mundial que ha significado la declaración de Pandemia producida por el Coronavirus SARS-CoV-2” que “se ha cobrado cerca de 3 millones de vidas a nivel global” y con unas “60.000 personas aproximadamente” fallecidas en la Argentina. El fiscal también aludió a los decretos firmados por el Ejecutivo que buscaron “extremar las medidas de seguridad e higiene para prevenir mayores posibilidades de contagio”.
En ese contexto, el funcionario afirmó que “las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional, llevadas adelante con el compromiso, solidaridad y responsabilidad de la población han demostrado ser eficaces y eficientes en el objetivo perseguido planteando una situación excepcional a fin de preservar la integridad de las personas”.
“En un régimen republicano como el que ha elegido el pueblo, la soberanía reside en ese mismo pueblo, de modo que, atento a que éste no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, es un deber insoslayable de éstos que den cuenta a aquél de los fundamentos de sus actos, los que deben ser en función de las normas y constitución provincial, y la Constitución Nacional, y no una imposición de liderazgo”, añadió.
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