Casación definirá en los próximos días si Cristina Kirchner y Axel Kicillof enfrentan juicio oral por la causa dólar futuro

Cristina Kirchner espera respuestas. La Cámara Federal de Casación Penal debe definir en los próximos días qué destino tendrá la causa por la venta de dólar futuro en su gobierno. La Vicepresidenta reclamó hace un mes el cierre de esa investigación por inexistencia de delito y volvió a denunciar “lawfare”. El gobernador Axel Kicillof, también acusado en el proceso, afirmó que “esta causa es una vergüenza de punta a punta”. La fiscalía, sin embargo, exige que el expediente avance hacia el juicio oral.

Que los acusados se sienten en el banquillo, se expongan las pruebas y que el encargado del Ministerio Público defina si pide una condena. Sea por defraudación al Estado, como llegaron los procesamientos, o por otro delito más leve, como podría ser el incumplimiento de los deberes de funcionario, tal como lo dejó expuesto el fiscal de Casación Raúl Pleé. El procesamiento dictado en 2016 por el fallecido juez Claudio Bonadio sostuvo que “el patrimonio del B.C.R.A. sufrió pérdidas por un monto de $77 mil millones de pesos”.

Pero las defensas sostienen que no debe haber juicio porque no hubo ningún perjuicio para el Estado. Se basan en una pericia que hizo el cuerpo de contadores de la Corte Suprema de Justicia que analizó los balances del Banco Central de 2015 y 2016, en donde se reportaron ganancias. Las defensas se anclaron en ese resultado, que no había sido pedido en la instrucción, para hablar de una absurda acusación y apuntar a que el verdadero perjuicio para el Estado lo provocó el gobierno de Mauricio Macri al pagar esos contratos después de una devaluación.

También apuntan al olor político que tuvo la denuncia que, vale aclarar, no tenía a Cristina Kirchner en sus acusados iniciales. Diputados del PRO hicieron la presentación en octubre de 2015, cuando se estaba definiendo quién ocuparía la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15. La Vicepresidenta también recordó un allanamiento ordenado por Claudio Bonadio a la mesa de operaciones del Banco Central, en pleno horario bancario, cinco días antes del ballotage. En ese contexto, Cristina Kirchner acusó del endeudamiento argentino a los tribunales de Comodoro Py.

La decisión sobre el rumbo de la causa dólar futuro está en manos de los jueces de la Sala I del máximo tribunal penal federal Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. Son los mismos magistrados que a fin de año validaron, por dos votos a uno, las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, una investigación en donde también está procesada la ex presidenta junto a un grupo de ex funcionarios y empresarios esta vez por la figura de asociación ilícita y cohecho.

Hubo una particularidad en esa audiencia por la causa dólar futuro que tuvo lugar el 4 de marzo pasado, que se transmitió casi como una cadena nacional y en donde CFK habló desde su despacho del Senado, criticando por qué no había podido ir a Comodoro Py para hablarles cara a cara. Para Cristina, eso fue una muestra de que “el lawfare sigue en pleno apogeo”. Quizás por eso se dio una particularidad que no suele verse en otras causas. No solo que el imputado sea el que lleve la voz de su argumentación, sino que al cerrar este alegato sin juicio la vicepresidenta aseguró: “El doctor (Carlos) Beraldi me dijo que pida el sobreseimiento. Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento. ¿Sabe qué, Dr. Petrone? Yo le pido que apliquen la ley y la Constitución”.

Las opciones que tiene Casación son tres, como ya adelantó Infobae. Declarar “inadmisibles” los recursos y dar vía libre al Tribunal Oral Federal 1 para que el juicio se desarrolle, con la vicepresidenta, el gobernador Kicillof y el titular del Banco Central Miguel Angel Pesce, entre otros, sentados en el banquillo. Aceptar los pedidos y sobreseer a todos los acusados. U optar por la salida más política: disponer que el tema vuelva al Tribunal Oral Federal 1 para que todas las parte sean oídas (la vez pasada, las defensas de Kirchner y Kicillof no habían hecho este planteo y tampoco los procesados por la Comisión Nacional de Valores) y se dicte una nueva resolución con más fundamentación. Eso, claramente, dilataría el proceso.

De ser así, el juez Adrián Grümberg ya no será de la partida. Decidió apartarse del proceso luego de entender, en minoría, que había que sobreseer a todos los acusados por la pericia del Banco Central. El tema quedó en manos de los jueces Ricardo Basílico y José Michilini, que ya actuaban en el proceso, y la jueza Gabriela López Iñíguez, que salió sorteada tras la salida de Grümberg.

Cualquier decisión que tome la Cámara de Casación será leída en clave política. Y también promete escalar, una vez más, hasta la Corte Suprema de Justicia, el tribunal que la propia Cristina Kirchner puso en el ojo de la tormenta el 9 de diciembre pasado, al hacer su evaluación de un año de gestión. En la Corte están los recursos de su defensa contra las diferentes causas en su contra. Entre ellas sobresalen los cuestionamientos a los peritajes de las obras asignadas a Lázaro Báez en el sur durante la gestión kirchnerista. Sobre la hipótesis de que las obras se pagaron en forma prioritaria pero no se hicieron se sostiene la acusación que llevó a CFK al banquillo. El juicio por la obra pública comenzó en mayo de 2019. Por ahora desfilan testigos y se cree que no habrá veredicto hasta el año próximo. Hay también planteos por las causas Cuadernos, Hotesur y Los Sauces.

Pero la Casación también fue puesta en foco por el oficialismo. El hoy ministro de Justicia Martín Soria denunció penalmente a Gustavo Hornos, presidente del tribunal, por haber ido a la Casa Rosada a visitar a Mauricio Macri. También se le abrió un expediente en el Consejo de la Magistratura, que instruye el titular del cuerpo, el oficialista Diego Molea. Los otros dos denunciados fueron Juan Carlos Gemignani, por un polémico saludo que hizo el 8 de marzo en el chat del tribunal y que generó el repudio de dos de sus colegas, Ana María Figueroa y Angela Ledesma, al que se sumaron la propia Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández. También quedó denunciado en el Consejo es Eduardo Riggi, acusación que realizó el abogado de CFK y de Fabian De Sousa, Carlos Beraldi, por su intervención en la causa por asociación ilícita contra Mauricio Macri y en donde fue llamado a indagatoria el ex asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón. En los últimos días se sumó a la polémica el juez Mariano Borinsky, luego de que una investigación periodística expusiera sus visitas a la Quinta de Olivos durante la gestión anterior.

Al ser designado como ministro, Soria sostuvo que hubo “personajes del Poder Judicial que, como dicen los chicos ahora, se zafaron, se pasaron de la raya y se olvidaron del rol fundamental del servicio de justicia que están llamados a cumplir”. Pero fue claro a la hora de afirmar que CFK no quiere que “cambiar jueces: “Cristina quiere que sea la misma justicia que la acusó injustamente la que la libere de culpa y cargo”.

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