La designación de Martín Soria marcó un avance del kirchnerismo duro dentro del Gobierno

“El juego de los gobiernos de coalición es nuevo en la Argentina. Desde Juntos por el Cambio al Frente de Todos, todavía nos estamos adaptando”. Con esas palabras, un alto funcionario intentaba, días atrás, suavizar el cimbronazo que causó en el Gobierno la salida de Losardo del Ministerio de Justicia. La distribución de poder es clave en las alianzas. Sobre todo cuando se gestiona un país en crisis. Y el nombramiento de un hombre de perfil confrontativo y afín al kirchnerismo, como se muestra Martín Soria, marcó un hito en la puja interna del Gobierno.

Después del duro discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, hace dos semanas, la designación de Soria como Ministro de Justicia reforzó en el Gabinete la tendencia de una distribución de fuerzas a favor del kirchnerismo duro, en detrimento del ala moderada del Frente de Todos, donde hay temor a nuevas embestidas y se filtra el malestar interno.

El de Soria fue uno de los nombres que Alberto Fernández barajó para suceder a Marcela Losardo, después de anunciar su salida después de 14 meses de gestión. Anoche había cierto alivio en el ala moderada del Gobierno, porque finalmente no se impuso en el cargo el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, kirchnerista “de paladar negro” y quien, aseguran en Gobierno, socavó el poder de la amiga del Presidente, de corte conciliador en las relaciones a veces espinosas con el Poder Judicial. Sin embargo, el fastidio con esa figura, anoche, era evidente. Las características de Soria inclinan la balanza hacia el extremo kirchnerista de la coalición, y dejan “expuestos” -en palabras de una fuente gubernamental- a los funcionarios del riñón de Alberto Fernández. Sobre todo después de la salida del exministro de Salud, Ginés González García.

El nuevo ministro respalda las ideas de Cristina Kirchner sobre todo en torno al tema que más la preocupa: sus causas judiciales, que califica como parte de un proceso de injerencia de la Justicia en la política, o “lawfare”. Sumidos en un silencio casi absoluto, la vicepresidenta, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y el diputado nacional Máximo Kirchner, las figuras más importantes y representativas del Instituto Patria en el Gobierno, resultan fortalecidas. Soria es un “outsider” que no proviene del seno de La Cámpora, ni del riñón de Cristina Kirchner. Aún así, su nombramiento, por sus ideas y su posicionamiento político, es un triunfo para el espacio, que gana uno de los casilleros más importantes del Gobierno.

El perfil belicoso del exintendente de General Roca, alejado de la moderación que caracterizaba a su predecesora, irrita al área de funcionarios del Gabinete cercanos a Alberto Fernández. En distintas conversaciones en los últimos días, su grupo de asesores en Casa Rosada intentó disuadir al Presidente de nombrarlo al frente de Justicia. El jefe de asesores Juan Manuel Olmos, y el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello, entre otros, llamaron la atención sobre la falta de referencias sobre Soria, quien llegó a la Capital en 2019 tras haber forjado su carrera política en Río Negro, donde fue intendente de Roca y buscó alcanzar la gobernación. También repararon sobre su escasa preparación para el cargo. Hasta último momento, creyeron que había sido descartado. Pero en silencio, Alberto Fernández volvió sobre sus pasos y retomó la primera opción.

Con el nombramiento de Soria quedaron enterradas las esperanzas que se mantenía el sector moderado del Gobierno en la figura de Marisa Herrera. La abogada especialista en derecho civil, respetada por el Presidente, había sido convocada el año pasado para integrar el consejo de juristas que lo asesoró para la reforma judicial. Con un ideario afín al kirchnerismo -condición necesaria para ocupar un lugar clave para la vicepresidenta-, era particularmente valorada por Fernández por su perspectiva de género. Especialista en derecho civil, la letrada participó en el desarrollo del proyecto de aborto legal del Gobierno. Además, el Presidente la veía como un cuadro capaz de enfocarse en promover una justicia “cercana a la gente”, una de sus mentadas prioridades. La semana pasada, Herrera dijo a quienes le preguntaron que estaba dispuesta a ocupar ese lugar, si el Presidente la convocaba.

Desde que salió Losardo, en Balcarce 50 hay temor por la posibilidad de nuevos embates contra funcionarios del riñón de Alberto Fernández. En el círculo del Presidente giran la cabeza con preocupación hacia el ministro Martín Guzmán. Creen ver un espejo entre las carteras de Justicia, donde Losardo vio disminuido su poder de decisión por la influencia de La Cámpora, representada por Mena; y la de Economía, donde el interventor del Enargas, Federico Bernal, quien llegó a ese lugar gracias al Instituto Patria, provoca al ministro. Entre otras cosas, por el sensible tema de los aumentos de tarifas.

En los últimos días, ante el flagrante nerviosismo, hubo reuniones bilaterales entre el Alberto Fernández y Santiago Cafiero con los ministros, secretarios y asesores. Se intentó bajar una línea de “contención”, pero también hubo un llamado de atención. El Jefe de Gabinete fustigó contra los funcionarios que hablan en off con los periodistas. Aunque cree en la libertad para expresarse, considera que el costo de la filtración de los malestares internos es alto.

En el entorno del Presidente, por ahora, se percibe que no queda otra opción que seguir gestionando la pandemia y la crisis económica con la mira en las elecciones, y convivir con el fantasma de que pueda producirse otro sangrado en el Gabinete. Mientras tanto, la balanza de poder en la coalición de Gobierno se inclina, cada vez más, hacia el lado de La Cámpora.

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