Estafa con la salud durante la pandemia: un empresario irá a juicio por vender respiradores no aptos para terapia intensiva

Damián Andrés Nevi, un empresario del rubro farmacéutico, es el primer enviado a juicio oral y público por una presunta estafa con la salud durante la pandemia del coronavirus. La jueza de instrucción nacional Paula González lo envió a juicio por cobrar un adelanto de 69 millones de pesos para venderle respiradores al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires pero que, en rigor, no eran los que los hospitales necesitaban para los internados por COVID-19.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la magistrada ordenó el cierre de la investigación y pasó la causa a juicio oral. El caso quedó a cargo del Tribunal Oral Criminal 24 en el que Nevi será juzgado como autor del delito de defraudación en la substancia de las cosas, que tiene una pena de un mes a seis años de prisión. Tiene un embargo de 70 millones de pesos sobre sus bienes.

No es el único caso en el que está acusado el empresario. También afronta una causa por la venta de cinco millones de barbijos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la que cobró un adelanto de 60 millones de pesos. Nevi estuvo preso desde mediados de mayo hasta octubre pasado cuando recibió la prisión domiciliaria.

La acusación por la que Nevi, de 40 años, fue enviado a juicio oral es por haber simulado la venta de 200 respiradores invasivos para terapia intensiva marca “General Electric” modelo “Carescape R860” prevenientes de China, los que eran requeridos por el Ministerio de Salud de la provincia, cuando en rigor buscaba entregar respiradores no invasivos modelo “S9030 Sleep Therapy System”.

La presunta estafa se realizó a través de una serie de intermediarios. La empresa “Aeromedical S.A”, de Julián Rosenfeld, firmó un acuerdo con el Ministerio, a través del “Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo”, para comprar los respiradores. Rosenfeld se contactó con Nevi, a cargo de la empresa “Medinsumo SRL”, que se hizo cargo de traer los insumos médicos.

Las negociaciones ocurrieron a mediados de marzo del año pasado cuando el gobierno de Alberto Fernández declaró el estado de pandemia nacional, los gobiernos de todas las provincias equipaban sus sistemas de salud para hacer frente a la emergencia sanitaria y se disponían las medidas de aislamiento en todo el país.

Nevi cobró 68.952.000 de pesos como adelanto del 30% de la venta de los respiradores. El monto total de la operación era de 229.840.000 de pesos. Pero, según las constancias de la causa, el empresario planteó que entregaría 90 respiradores y los restantes 110 cuando le pagaran el resto del dinero.

Nunca se concretó porque en mayo Nevi fue detenido por el caso de los barbijos con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de un operatoria similar a la de los respiradores: a través de una empresa intermediaria, contratada por la Ciudad, Nevi cobró 60.050.000 pesos, a cambio de cinco millones de barbijos tricapa que nunca entregó. Por ese caso, la jueza González también procesó a Nevi y luego la causa pasó a la Justicia de la Ciudad donde se investiga a funcionarios locales por la maniobra.

Los respiradores llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza y allí se supo que no eran los requeridos por el gobierno de Axel Kicillof. Según el procesamiento que en agosto del año pasado le dictó la jueza González a Nevi, el empresario siempre supo que el material no era el adecuado y a pesar de eso cobró el adelanto y siguió con la operación. Se constató a través de mensajes de WhatsApp en los que le requerían por los respiradores invasivos.

“El mentado engaño privó al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires de poder disponer de aquéllos respiradores invasivos para terapia intensiva, y le habría ocasionado un perjuicio económico al ‘Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo’ en virtud a que originariamente los fondos emanaron de sus arcas”, explicó la magistrada en su resolución.

De la investigación judicial surgió que además de los acuerdos con los gobiernos de la provincia y de la ciudad, la empresa de Nevi inició gestiones con Salta que nunca se concretaron. “Eso llamó la atención porque la empresa Medinsumo SRL tenía muchas irregularidades administrativas”, señaló ante Infobae una fuente judicial.

En la causa consta que Mendisumo “no reunía los requisitos exigidos para para poder desempeñarse como una droguería o empresa proveedora de insumos médicos”. Había irregularidades en la constitución de la sociedad, no tenía las inscripciones legales y se encontró un sello adulterado a nombre de un farmacéutico que no era.

Los respiradores que fueron comprados, a pesar de que no pueden tener el destino original, fueron puestos a disposición del Ministerio de Salud de la provincia para su uso. Pero la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) los rechazó porque no contaban con las certificaciones para su utilización. El destino más previsible es su destrucción.

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