La Iglesia Católica emitió hoy una dura declaración contra el gobierno de Gildo Insfrán, tras las escenas de violencia y represión que se registraron en Formosa, en manifestaciones contra la vuelta a las políticas de restricción de la circulación y el cierre de las actividades por la aparición de menos de una veintena de casos de coronavirus.
En una carta enviada al obispo de Formosa, monseñor José Vicente Conejero Gallego, los integrantes de la secretaría general de la Conferencia Episcopal Argentina fueron los encargados de expresar la posición de las autoridades eclesiásticas sobre los graves incidentes. Con la firma de monseñor Oscar Ojea Quinta, el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, y Carlos Malfa, obispo de Chascomús, los prelados hicieron llegar un “mensaje de cercanía fraterna y de solidaridad con la situación que está viviendo el pueblo”.
“Ciertamente es preciso adoptar todas las medidas sanitarias que sean necesarias para combatir el COVID-19, dentro de la razonabilidad y conforme al contexto de su circulación, pero de ninguna manera puede aceptarse el ejercicio de cualquier forma de represión violenta contra ciudadanos que reclaman por la plena vigencia de sus derechos humanos y sociales”, estableció la misiva.
Y destacó que “seguramente no faltarán caminos para que la Iglesia junto a otros sectores de la sociedad impulsen el diálogo y la amistad social que alejen definitivamente cualquier forma de prepotencia personal o institucional, propias de otros tiempos trágicos de nuestra Patria”.
Los incidentes en esta provincia no solamente generaron una reacción por parte de la Iglesia, sino que también organismos de derechos humanos e incluso la ONU manifestaron su rechazo ante la represión.
En un comunicado, el Coordinador Residente de Naciones Unidas Argentina, Roberto Valent, y el Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, expresaron “su preocupación por los hechos de violencia ocurridos hoy en la ciudad de Formosa. De acuerdo a la información recibida, la respuesta de la policía implicó el uso de violencia indiscriminada que resultó en personas heridas y detenidas”.
“Los tratados internacionales de derechos humanos garantizan el derecho a reunirse pacíficamente, y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales. Cuando se presenten actos de violencia, las fuerzas de seguridad deben distinguir y proteger a quienes se manifiestan pacíficamente y utilizar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario en línea con los estándares internacionales de derechos humanos”, detalló el documento que fue publicado en las cuentas de las redes sociales del organismo internacional.
En tanto, el director ejecutivo para la región de América de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó un mensaje en las redes sociales, en el que criticó el accionar policial tras los disturbios que se generaron por la decisión del gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, de volver a Fase 1 en la capital local.
“Me preocupan las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza en Formosa. También preocupa el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos. Su aparente incapacidad para realizar un análisis despolitizado de la situación refuerza la urgencia de nombrar un Defensor del Pueblo independiente”, escribió Vivanco.
Tras los disturbios iniciales, cientos de ciudadanos de la capital formoseña volvieron a salir a las calles durante la noche del viernes a denunciar lo que había ocurrido y organizaron un cacerolazo. Los comerciantes optaron por mantener las puertas de sus locales abiertas, en señal de protesta.
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