Jorge Abel González, ministro de Gobierno de Formosa, el funcionario con más poder de la gestión que gobierna Gildo Insfrán, se expresó sobre los hechos violentos ocurridos en la provincia luego de que el gobierno decidiera que la capital volviese a Fase 1 por la aparición de 17 nuevos casos de COVID-19.
“Un grupo de personas de la ciudad de Formosa, disconformes con las decisiones sanitarias, recurrió a la violencia extrema para realizar sus reclamos al igual que lo hicieran en la tarde de ayer. Nada justifica este tipo de acciones violentas. Llamamos a la reflexión e invitamos a que todos sus reclamos los realicen de manera pacífica”, dijo González.
En el enfrentamientos, varios jóvenes y mujeres resultaron heridos y subieron sus fotos a las redes sociales para denunciar esa brutal represión. González contraatacó: “No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo N° 362 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19″.
Las protestas comenzaron en la noche del pasado jueves y continuaron en la mañana de este viernes. La Gobernación formoseña había establecido que la ciudad de Formosa volviera a Fase 1 hasta el 18 de marzo tras un nuevo brote de contagios de coronavirus en los últimos días: se detectaron 23 casos en toda la provincia, de los cuales 17 son de la capital provincial.
El retroceso fue decidido por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, que estableció nuevamente el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). En consecuencia, quedaron suspendidas todas las actividades que se habían flexibilizado hasta el momento, es decir que sólo estarán abiertos los comercios esenciales; el transporte interjurisdiccional también quedó suspendido.
El organismo aclaró que se encuentran exceptuadas del aislamiento las actividades y servicios declarados como esenciales, entre ellos, personal de salud, personal docente, fuerzas de seguridad y autoridades superiores de los gobiernos nacional, provincial y municipal.
La medida no cayó bien en amplios sectores de la población, especialmente en los comerciantes, ya que la restricción afectará las economías de sus locales.
Luego de que los vecinos salieran a las calles, se produjeron algunos enfrentamientos con la Policía de Formosa, que reprimió a los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos y dispuso vallados en inmediaciones de la Casa de Gobierno local. Varios manifestantes resultaron heridos por el accionar de los uniformados. Algunos subieron fotos a las redes sociales para mostrar sus lesiones.
También circularon diversas imágenes de los cartuchos de gases lacrimógenos que quedaron dispersos en las calles, vencidos en julio de 1995. “Largo alcance - Expansión ‘CS’. Vence: julio 95″, reza uno de los cilindros fotografiados y compartidos en las redes. La particularidad es que ese fue el año en que Insfrán asumió como gobernador.
Los hechos causaron el repudio de parte de la oposición y de diferentes organismos.
A través de un comunicado titulado “Los derechos humanos no tienen color político”, el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio exigió que el gobierno nacional tome cartas en el asunto para garantizar de manera urgente “los derechos fundamentales vulnerados”.
“No podemos permitir connivencia ni complicidad con aquellos gobiernos que han hecho uso y abuso del poder en el marco de la pandemia”, concluyeron desde el espacio.
En la misma línea, la presidente del PRO, Patricia Bullrich, le preguntó al presidente Alberto Fernández: “¿Hasta cuándo va a permitir estos atropellos?”. Los diputados Alfredo Cornejo, Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro fueron otros dirigentes que expresaron su indignación por lo sucedido.
Por su lado, Amnistía Internacional Argentina condenó “la represión a manifestantes en Formosa”. “Una trabajadora de prensa fue detenida mientras se encontraba ejerciendo su trabajo. La concejala Gabriela Neme resultó herida cuando intentaba conversar con la policía ante la detención de la periodista. Sufrió el esguince de su brazo y tuvo que ser hospitalizada”, indicaron por medio de sus redes sociales.
Y concluyeron: “Las personas tienen derecho a la protesta social. El Estado debe garantizar el derecho a manifestarse y tomar los recaudos necesarios para asegurar que las fuerzas de seguridad se conducirán de acuerdo a los estándares internacionales”.
ADEPA y FOPEA también se expresaron, para reclamar la liberación de la periodista detenida y para manifestarse en contra de la preocupante situación que se vive por estas horas en la provincia.
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