
No es la primera vez que Leopoldo Moreau embiste contra el Poder Judicial. El diputado oficialista –de origen radical– destacó el mes pasado la necesidad de reformar la Corte Suprema y hacerles juicio político a sus integrantes. Ahora, en sintonía con el alegato que brindó la vicepresidenta Cristina Kirchner durante una audiencia por la causa Dólar Futuro, fue más allá y comparó a los funcionarios judiciales con los militares.
“El país no puede convivir más con este serpentario; es imprescindible sanear al Poder Judicial y no se va a sanar a sí mismo, así como los militares no se podían juzgar a sí mismos”, planteó Moreau, y agregó: “Hay que buscar los mecanismos institucionales y políticos para terminar con esta situación, no puede haber un poder paralelo al de la soberanía popular”.
En relación a las afirmaciones de la ex presidenta, que responsabilizó a los jueces y fiscales por el triunfo electoral de Mauricio Macri en 2015 y por la actual crisis económica, el diputado del Frente de Todos se preguntó si a los miembros de la Corte Suprema “no se les ocurre renunciar”.
“Creo que esto no da para más, es imprescindible que el Poder Judicial sea reformado, pero no solo por estas causas que tienen que ver con la administración pública, sino porque no le da respuesta al ciudadano común, por ejemplo con los femicidios, las perimetrales, con las denuncias que se hacen por anticipado”, aseguró en radio El Destape.
Además de Cristina Kirchner y Moreau, otros funcionarios también redoblaron sus críticas a la Justicia, que se incrementaron luego del discurso del presidente Alberto Fernández del pasado lunes cuando, entre otros puntos, propuso una serie de reformas para controlar e investigar el trabajo de jueces y fiscales. Una de ellas es el control cruzado que podría hacer una comisión bicameral del Congreso.
Así, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, señaló hoy que “hay una resistencia” del Poder Judicial a “rendir cuentas de lo que hacen”. “Cristina Kirchner denunció la manipulación del Poder Judicial con fines de persecución política. Fue una audiencia muy clara donde dejó bien expuestos a los cómplices de esta persecución”, indicó el funcionario nacional.
En declaraciones a la misma radio, el funcionario manifestó que la Justicia “no puede seguir funcionando así”, y consideró “inadmisible” que se plantee que es inconstitucional que el Poder Legislativo pueda controlar al Judicial. “La independencia judicial se trata de resolver libremente, los funcionarios judiciales deben dar cuenta de lo que hacen”, concluyó.
En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se pronunció a través de las redes sociales: “Lawfare al palo: como dijo Cristina Kirchner, es necesario aplicar la ley y lo que dice la Constitución. Está todo escrito, no hay que inventar nada”, sostuvo el ministro coordinador.
En sintonía se manifestó el canciller Felipe Solá: “En los últimos años vimos cómo el lawfare trasciende las fronteras y afecta a distintos países de la región. La Justicia no puede ser ni persecución ni privilegio, tiene que ser igual para todos. Es una deuda de nuestras democracias”.
Con relación a la mencionada comisión bicameral para controlar a los magistrados, la ministra de Justicia, Marcela Losardo ayer, intentó desactivar la polémica. “La comisión bicameral es un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado. No puede arrogarse atribuciones de otros poderes como son las cuestiones disciplinarias y sancionatorias porque eso sería inconstitucional”, aseguró en declaraciones radiales.
La funcionaria –de máxima confianza del presidente Fernández– explicó que la comisión estudiará al Poder Judicial y, si lo considera necesario, elevará informes para mejorar su funcionamiento, pero de ninguna manera tiene como objetivo interrogar magistrados y eventualmente destituirlos.
Esas atribuciones habían sido señaladas en un principio por el senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli, el primero en anunciar públicamente que el Frente de Todos estaba trabajando en la conformación de la bicameral. Ayer, en una entrevista, había reconocido que pretendían poder citar a jueces y fiscales para que den explicaciones por sus decisiones. La abogada Graciana Peñafort, integrante del equipo de Cristina Kirchner en el Senado, había ido más allá y había planteado la posibilidad de “remover” jueces.
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