A días de convertirse en juez electoral, Ramos Padilla propuso armar una megacausa del espionaje

A tres días de dejar su despacho al frente del juzgado federal de Dolores para convertirse desde el viernes en el juez electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla firmó una resolución en donde propone armar una suerte de megacausa del espionaje fusionando la investigación por el caso D’Alessio, que él instruyó, junto a la que salpica a las bases AMBA, la vigilancia a las víctimas del ARA San Juan y el capítulo que se abrió en Lomas de Zamora, en donde fueron procesados el viernes pasado los ex jefes de la AFI y del Servicio Penitenciario.

“El presente incidente puede llegar a constituirse en una solución judicial para dar por finalizados los permanentes y aun vigentes reclamos realizados para que estos expedientes o parte de ellos sean trasladados de una jurisdicción a otra. En otras palabras, frente a la evidencia de que en todos los casos nos encontramos ante maniobras de espionaje político desarrolladas en un mismo período de tiempo, con idénticos y similares actores, víctimas y modus operandi, lo más adecuado es investigar la red de espionaje ilegal de manera conjunta y no a través de compartimientos estancos”, sostuvo el juez en la resolución a la que accedió Infobae.

El planteo llega justo cuando la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el caso de Lomas de Zamora debe ser tramitado en Comodoro Py, aunque el tribunal frenó la ejecución de esa orden por una apelación de la vicepresidente Cristina Kirchner que está en estudio. Y cuando el caso Traficante tiene fecha de inicio de juicio para el próximo 8 de marzo, en donde el falso abogado Marcelo D’Alessio se sentará por primera vez en el banquillo junto a un ex agente de la AFI y el fiscal de Mercedes Juan Bidone, entre otros.

Además, siguen abiertos en la Cámara Federal de Casación Penal las apelaciones que impulsó el fiscal Carlos Stornelli, procesado por Ramos Padilla, para insistir en que el caso de Dolores pase a Comodoro Py, algo que no se consiguió desde que el expediente se abrió en enero de 2019 .

Ramos Padilla se convertirá el próximo viernes en juez federal de La Plata, con competencia electoral.

En su resolución, una de las últimas que firma en el marco de este expediente, el juez aclaró que la propuesta de una megacausa no implica “un cuestionamiento a las decisiones que se pueden haber tomado con anterioridad en materia de competencia; sino que es una discusión que se impone a partir del avance y conocimiento que se produjo en el marco de todas estas investigaciones , y que no ha sido efectuado hasta el momento”.

No obstante, el juez señaló que “a lo largo de la instrucción de las causas FMP 88/2019 (D’Alessio) y de la FMP 8580/2020 (AMBA), se han introducido numerosos planteos para que estas investigaciones sean trasladas total o parcialmente a los tribunales porteños de Comodoro Py” y preciso que “al resolverse cada una de esas incidencias, se señaló que las maniobras analizadas habían tenido lugar en diferentes jurisdicciones del país -e incluso en el exterior— y se puso de resalto la conveniencia de concentrar en un único tribunal el juzgamiento de todos los hechos vinculados al espionaje político – judicial”.

Puntualmente aludió a la fusión de la causa D’Alessio, con la de AMBA -que él lleva en Dolores-, la de Lomas de Zamora, la de la extorsión al empresario Gabriel Traficante -cuyo juicio estaba previsto iniciarse en unos días en Comodoro Py- y la del espionaje a la víctimas del Ara San Juan que se abrió en Mar del Plata. Allí también incluyó una causa que investiga “maniobras de espionaje sistemáticas y masivas desarrolladas, a partir de ingresos al sistema de la Dirección Nacional de Migraciones para obtener ilegalmente los registros de entradas y salidas del país de diversas personas, entre las que se encuentran más de veinte jueces y fiscales, incluidos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Y mencionó el caso en el que se denunció como se instruyó la causa GNL.

“Cabe entonces analizar si estos criterios rectores -compartidos por las instancias superiores que han intervenido- no imponen también la necesidad de concentrar estas investigaciones junto a similares, en las que también se investiga el espionaje político-judicial ocurrido en los últimos años -afirmó-. Concretamente, el interrogante que se plantea, es si frente al avance de las investigaciones por espionaje ilegal y los reiterados planteos para que se traslade total o parcialmente estas causas de un Tribunal a otro; no es necesario generar un debate para que de una vez y de manera definitiva se determine cuál o cuáles habrán de ser los tribunales que deben intervenir en estos procesos conexos o afines; y si no es precisamente a través de un proceso de unificación o acumulación el mejor modo de superar todos los obstáculos que se planteado frente al avance de este tipo de investigaciones”.

A su criterio, “un simple análisis de las principales investigaciones vinculadas al espionaje político-judicial, nos permitiría verificar conexidades subjetivas y objetivas, patrones comunes”. Por eso decidió librar oficio oficios al juez Juan Pablo Augé, que tramita la causa de Lomas de Zamora; al Tribunal Oral Federal 2, que sigue el caso Traficante

Allí busca que cada tribunal detalle “su fecha de inicio, imputados, querellantes, operaciones de espionaje investigadas, modus operandi, y estado actual de la causa, para lo cual también se requerirán copias de los actos procesales relevantes - requerimientos fiscales, autos de mérito, planteos de comepetencia, entre otras” cuestiones para “conocer de manera más precisa la amplia red de espionaje ilegal que se desarrolló en la Argentina en los últimos años”. También planteó que todos los protagonistas de las causas den su opinion sobre “la conveniencia, pertinencia y oportunidad de unificar todos los procesos vinculados en los que se investiga el espionaje político judicial”

“A la inversa, está claro que se torna inadecuado juzgar este tipo de hechos aisladamente, ya que de ese modo se pueden obviar sucesos y objetivos idénticos que pudieron haberse desarrollado, no advertir la utilización de similares modus operandi, fuentes de información y en especial los conicidentes objetivos políticos, que caracterizaron el desarrollo de casi la totalidad de las operaciones de espionaje político - judicial que fueron investigadas”, agregó.

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